En torno al "desempeño aceptable" de la economía cubana

Elías Amor Bravo, economista
 
A comienzos de esta semana, el consejo de ministros de Díaz-Canel ha vuelto a reunirse para abordar cuestiones relativas al comportamiento de la economía nacional en el primer semestre, así como la liquidación del presupuesto del estado de 2017 y las acciones de control realizadas a su ejecución; así como las exportaciones, los créditos externos para inversiones y la inversión extranjera. Granma se hizo eco de estas informaciones.

Mi pregunta es cómo, desde la responsabilidad de la gestión económica de un país, se puede afirmar que “para el primer semestre del año se estima un desempeño aceptable de la economía a pesar de las tensiones que la caracterizan”. Estas han sido palabras textuales de Alejandro Gil Fernández, viceministro primero de Economía y Planificación, en su informe al consejo de ministros del comportamiento de la economía en el período referido.

Sin datos estadísticos de coyuntura económica que puedan sustentar estas afirmaciones, sin referencias objetivas y transparentes a las que acudir, y sin otra evidencia que las palabras del funcionario, solo cabe afirmar que la economía cubana no está bien, que se encuentra inmersa en una situación muy complicada y que las autoridades esconden estos síntomas que, sin embargo, se perciben claramente por la población.

No es posible aceptar que la economía cubana ha tenido un “desempeño aceptable” cuando el propio funcionario del régimen expone que “los aspectos que más han incidido en el comportamiento económico son la insuficiente disponibilidad de recursos; la afectación climatológica al programa de la zafra; incumplimientos en los ingresos por exportaciones; y el impacto de intensas lluvias, a lo que se suma el recrudecimiento del bloqueo norteamericano y sus efectos extraterritoriales”.

Todas estas referencias tienen un impacto negativo sobre la oferta productiva de la economía, reduciendo su potencial de crecimiento y productividad. Descontando la eterna referencia a los efectos del bloqueo, que ya se ha convertido en un cierre de identidad corporativa para todos los discursos económicos del régimen castrista, los otros factores son ciertamente muy graves y difíciles de manejar en la gestión de una economía.

En cierto modo, se encuentran, además interrelacionados, porque la insuficiente disponibilidad de recursos tiene mucho que ver con la caída de la cosecha azucarera por debajo de los niveles de producción de los tiempos de la colonia, lo que ha obligado a realizar importaciones de azúcar para mantener el consumo interno. Lo nunca visto. Los incumplimientos en ingresos por exportaciones se deben a la dependencia del petróleo de Venezuela, que continúa pasando factura a la economía e impide mantener el ritmo de las ventas de derivados en los países del Caribe. Las lluvias y los fenómenos climáticos deberían estar descontados en las cuentas económicas de cualquiera que tenga la más mínima racionalidad en la planificación de la actividad en esta zona del planeta.

Y lo que es peor, el impacto recesivo de estos factores expuestos por el funcionario del régimen no se puede compensar, ni de lejos, con “los moderados incrementos en el sector de la construcción y el comercio, o los cumplimientos favorables en las principales producciones agrícolas y los niveles de actividad de la industria alimentaria se comportan en su mayoría acorde con lo planificado”. Ni siquiera por la actividad turística, que pese a haber sobrepasado, según el funcionario, los dos millones de visitantes no va a tener un resultado como el de años anteriores. Los motores de la economía castrista, si es que existe alguno a estas alturas, se encuentran apagados y sin recambio. Tal vez si no fuera por el reclamo de las remesas de los cubanos residentes en el exterior, esta historia habría terminado hace mucho tiempo.

La debilidad de la demanda interna de la economía cubana arrastra a la oferta productiva, y ambas apuntan a una situación especialmente compleja para una economía que necesita crecer a un ritmo más elevado para poder mantener el complejo entramado de gastos que sostiene el estado, y no tanto salud o educación, sino las pérdidas de las empresas estatales y las subvenciones a los precios de los productos, que son el renglón más expansivo de los gastos del presupuesto. Nada de esto se puede calificar como “aceptable” y en modo alguno tiene que ver con el bloqueo o el embargo. Es un problema interno derivado de un modelo que ya no funciona, no admite su mantenimiento en el tiempo y que exige cambios institucionales profundos para sacar a la economía del marasmo en que se encuentra.

Lo peor es que en el consejo de ministros “se valoró la importancia de continuar las labores conjuntas entre todos los organismos en función de cumplir el plan diseñado”. Nadie quiere reconocer lo único que cabe asumir en este momento. Si se pretende que las pocas potencialidades de la economía permiten avanzar al país, no basta con “enfocar el trabajo a lograr mayores niveles de actividad y eficiencia”, sino sentar las bases jurídicas e institucionales para que ello sea así: un marco estable de derechos de propiedad privada y el mercado como instrumento de asignación de recursos para toda la economía y la libre empresa privada como eje del funcionamiento del sistema económico.

Si las autoridades quieren seguir con las mismas majaderías de siempre, “como identificar en cada organismo reservas existentes; lograr un mejor control sobre la desagregación del Plan; y priorizar las inversiones que más pueden contribuir al desarrollo del país”, no harán otra cosa que seguir perdiendo el tiempo. Si se quiere invertir más en “trasvases, inversiones que aseguren agua para la población y la agricultura; así como las inversiones en el turismo, que aportan ingresos inmediatamente, y las de la industria alimentaria, que sustituyen importaciones y permiten también contar con más productos para el mercado interno” como señaló Díaz Canel en su intervención de cierre, hay que confiar en la iniciativa privada, en la libre empresa para que lidere estos grandes retos. Pero no en las trasnacionales europeas o asiáticas que tratan de hacer negocios en la isla, con no pocas dificultades, sino en las empresas de los cubanos. Los de fuera y los de dentro.

No darse cuenta de que esto es lo que se tiene que hacer es muy malo, pero que muy malo para todos los cubanos. Ha llegado el momento de tomar las decisiones que son necesarias y urgentes. No se puede ir contra la razón humana ni contra el sentido de la historia.

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