Presupuesto estatal cubano: las cuentas no salen

Elías Amor Bravo, economista

La gestión presupuestaria de un gobierno tiene que ver con el manejo de los ingresos y los gastos públicos. En una economía mixta de mercado, como la mayoría de las que funcionan en el mundo, los ingresos proceden, básicamente, de las rentas de los trabajadores, los beneficios de las empresas y del valor añadido de las transacciones económicas que se realizan, fundamentalmente del consumo. Estas fuentes tributarias alimentan el presupuesto con el que el estado desarrolla sus actividades fundamentales: asignar recursos allí donde el mercado no lo hace o lo realiza de forma deficiente, estabilizar el comportamiento de la economía y lograr una distribución justa de los ingresos. La teoría de la hacienda pública cuenta con trabajos teóricos y empíricos más que suficientes para diseñar sistemas fiscales adecuados a las características económicas de cada país.

En la economía cubana, donde el estado es dueño del 90% de los activos económicos existentes, este modelo se resquebraja y es difícil de aplicar. No es extraño que la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, tenga no pocas dificultades para ofrecer explicaciones sobre la liquidación del presupuesto del estado castrista cada año. Y en relación a lo ocurrido en 2017, la ministra ofreció sus argumentos ante el consejo de ministros del pasado lunes, con la presencia de Díaz Canel que escuchó las explicaciones de la responsable del presupuesto y aportó algunas ideas al respecto. De todo ello se hizo eco Granma. Mi post va dirigido a evaluar esta sesión.

Que el presupuesto de la economía cubana se cierre en déficit es una pésima noticia. Es un desequilibrio que presiona los recursos de la economía, provocando su escasez. Año tras año de déficits acumulados generan un nivel de endeudamiento acumulado que, por mucho que se financie con bonos emitidos por el tesoro que se colocan de forma obligatoria en el Banco central de Cuba, es un lastre de ineficacia para la economía y uno de los factores que actúa realmente como un “bloqueo” interno al funcionamiento de la misma. 

La información ofrecida por la ministra es que el déficit fiscal resultó inferior al aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y si bien alguien podría pensar que un déficit menor del esperado podría ser una buena noticia, la alarma surge cuando se atiende a las escuetas razones ofrecidas por la señora Pedraza para este resultado, debido según ella “al efecto combinado del sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de algunos gastos”.

O dicho de otro modo. Incremento de la presión fiscal y reducción del gasto público. Así cualquiera. El ajuste duro que el régimen castrista critica al Fondo Monetario Internacional, cada vez que se encarga de salvar una economía endeudada, es la receta que aplica en silencio el régimen para salir del atolladero fiscal en que se encuentra. Tal vez estén haciendo méritos, sin saberlo, para ganar puntos ante los inversores internacionales que siguen sin ver a la economía cubana aparecer en los informes de las agencias, ni siquiera calificada como “bono basura”. Un grave problema para quién necesita financiación para cerrar los desequilibrios, interno y externo.

Además, conviene tener en cuenta que este aumento de la presión fiscal, que no ha sido especificado en la nota informativa de Granma, tiene dos bases tributarias distintas. De un lado, los ingresos procedentes del sector estatal, que como ya se ha señalado anteriormente, en justa relación con el predominio del gobierno en la economía, representan aproximadamente el 86% del total de la recaudación. Según la ministra, las empresas estatales son las principales contribuyentes a las arcas del estado en términos relativos. Por el contrario, las formas de gestión no estatal, donde se encuentran los pequeños emprendedores, los arrendatarios de tierras y las cooperativas no agrarias, entre otros, apenas alcanzan el 11% de la recaudación. Insisto. Con esta información no resulta posible determinar sobre quién recayó el impacto de una mayor recaudación, ya que es muy probable que el incremento tributario sobre las empresas (muchas de ellas dependientes de subsidios para funcionar) haya sido inferior al experimentado por las nuevas formas de gestión no estatal, que están mostrando un comportamiento mucho más dinámico en términos de producción, empleo y productividad.

Y si los ingresos arrojan no pocas dudas, los gastos no lo son menos. La ministra explicó la estructura de los gastos de la actividad presupuestada, indicando que la misma representa lo que denominó como “carácter del socialismo cubano”. Un carácter que, al parecer, viene explicado por el hecho que salud pública, asistencia social, educación y seguridad social representan el 67% del presupuesto de gastos. Bien. Los estados de bienestar de los países con economías mixtas alcanzan porcentajes similares, como Francia, España o Italia. En otros países, como los escandinavos, estos porcentajes son incluso superiores.

Hay que dejarse de demagogia. La opción del régimen castrista por estos gastos del “socialismo cubano” es la misma que la que podemos encontrar en otros países democráticos, libres, respetuosos de los derechos humanos y plurales, donde no existe un sólo partido, el comunista, que dirige los destinos de la nación. Va siendo hora de denunciar este tipo de cosas. Lo que realmente nos interesa en términos de gestión de gastos es el resto 33% del presupuesto, del que se ofrece muy poca o ninguna información. ¿A dónde se dirige esa tercera parte del gasto? ¿Tal vez al aparato de la defensa y seguridad del estado? ¿A actividades productivas en empresas estatales con pérdidas?

Una mayor concreción de los datos sería deseable. Solo podemos saber, a partir de la nota en Granma que, sobre este punto de la agenda, “los representantes de los ministerios de la Industria Alimentaria y la Agricultura informaron de los análisis y las medidas adoptadas en las empresas con mayores aportes y sobrecumplimientos por concepto de impuestos sobre utilidades y las que cerraron el año con pérdidas no planificadas”, es decir, las fuentes de ingresos, posiblemente descapitalizadas un ejercicio más por la presión extractiva de su único dueño, el estado. En un sistema privado, este tipo de prácticas no se puede realizar de esta forma, pero ya se sabe, en las economías de control estatal, cualquier cosa es factible. Además, se informó, que en 2017 más de 21.000 personas se beneficiaron de los subsidios para acciones constructivas en sus viviendas, sin precisar las cuantías. Dado el estado de la vivienda en Cuba, podrían ahorrarse este dato tan insignificante.

Otro tanto cabe señalar de las inversiones a realizar por los consejos de administración para el desarrollo local, por un importe de 525 millones de pesos, “destinados a la reparación y mantenimiento de instalaciones estatales, dar respuesta a planteamientos de los electores y solucionar problemas en infraestructuras de uso colectivo”. Una cantidad realmente escasa, si se compara con el monto total del presupuesto de gastos, lo que explica por qué en Cuba la participación de la formación bruta de capital fijo en el PIB es de las más bajas del mundo: no se invierte lo necesario en infraestructuras.

Tras la intervención de la señora Pedraza, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano informó de los resultados de las auditorías practicadas al proceso de liquidación del Presupuesto del año 2017. Entre las principales deficiencias señaló “las reservas en la planificación de ingresos y en el control a la ejecución presupuestaria sobre el destino y uso del gasto”. Más o menos, lo mismo de siempre.

Las principal novedad detectada por la Contralora en 2017 han sido “varios casos de pagos excesivos por la realización de labores constructivas en diferentes instituciones estatales, los cuales se encuentran bajo investigación del Ministerio del Interior y la Fiscalía General”.

Las intervenciones finales de Valdés Mesa y de Díaz Canel giraron sobre los mismos asuntos. El primero, insistió en la necesidad de “proyectar y planificar mejor, con mucha más efectividad, sobre todo en el caso del Presupuesto”, con referencia expresa a los sobrecumplimientos de los ingresos que se recogen en el informe presentado, que según Valdés Mesa “son una muestra de las reservas que aún existen en cuanto a planificación, lo cual se traduce en recursos financieros que el país necesita”. Habrá que explicar por qué esas reservas no se ponen realmente en funcionamiento y que impedimentos existen para su introducción en la economía. De ello, nada se dijo.

Díaz-Canel tomó la palabra de la Contralora para insistir en que “se deben aumentar los niveles de control sobre el presupuesto del Estado; sistematizar el análisis de estos casos en las reuniones del Consejo de Ministros; velar por una estricta disciplina tributaria; y mantener adecuadas relaciones contractuales entre el sector estatal y los trabajadores por cuenta propia”.

Además, insistió en la necesidad de que la población “conozca más a fondo lo que el país invierte en materia de educación, salud y asistencia social, para que valore la influencia que la ejecución del Presupuesto tiene en sus vidas diarias” y lanzó la idea de “un amplio debate de estos temas en la próxima sesión de la Asamblea Nacional”.

Me parece que los cubanos están más interesados en que los precios de los productos y servicios sean asequibles, que sus sueldos tengan una capacidad adquisitiva razonable, que puedan ser dueños de su futuro, de elegir libremente lo que desean comprar en función de sus necesidades, y de ejercer plenamente sus derechos como seres libres. Las informaciones presupuestarias y los debates sobre lo que podría haber sido y no fue, interesan bien poco. Nada.