La "lucha superior" de Díaz-Canel contra la corrupción y la indolencia

Elías Amor Bravo, economista

 

La “batalla” de Díaz-Canel contra la “corrupción y la indolencia”, convertida en una “lucha superior”, tal y como ha sido descrita en el diario oficial comunista Granma, merece algunas consideraciones.

Ciertamente, la corrupción es un mal que corroe el funcionamiento de los sistemas económicos y sociales, por lo que cualquier acción en su contra se debe valorar de forma positiva. Contra la corrupción, existen programas y actuaciones tanto públicos como privados. Se trata de fijar un sistema institucional eficiente y adecuado que permita desarrollar políticas que vayan en contra de los factores que están detrás de estas actuaciones y que mediante una posición preventiva, traten de eliminar esta peligrosa amenaza. Luchar contra la corrupción es correcto.

Sucede, sin embargo, que cuando se trata de la economía cubana, la afirmación anterior exige algún matiz. Básicamente, porque en Cuba, y de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento legal vigente, existe una entelequia denominada “la propiedad social de los medios de producción”, que se gestiona y controla de acuerdo con el modelo socialista/comunista por el estado. Es decir, todos los activos productivos pertenecen al ámbito del estado, mientras que se autoriza un pequeño sector privado, residual, sometido a normas que limitan y obstaculizan el proceso de generación de renta, empleo y riqueza que caracteriza a estas actividades. 

En tales condiciones, el único propietario/gestor de los medios de producción de la economía, y además, en régimen de monopolio, se pone a disposición de la llamada Contraloría, otro organismo dependiente del mismo y único pagador, el estado, para que realice los pertinentes estudios dirigidos a determinar dónde se encuentra la corrupción, para proceder a su castigo después.

Lo primero que viene a la mente es qué confianza se puede depositar en esa Contraloría para perseguir de forma eficaz al corrupto, que es en definitiva, quien le paga. Básicamente en la calidad de su trabajo, la elección de los organismos e instituciones que se someten a la revisión, y la determinación de los distintos supuestos de indolencia y corrupción que salen en los estudios influye quién le paga, quién en definitiva, da la orden de acción.

Pero existen, igualmente, otros problemas importantes en relación con la lucha contra la corrupción en el régimen comunista de La Habana. No deja de ser curioso que la Contraloría en 2018 haya detectado “dificultades en el control a más de 370 entidades de la capital, proceso en el que reportaron millonarios daños económicos por corrupción que alcanzaron un valor aproximado de 142 millones de pesos y 111 millones en moneda libremente convertible (en total de 116.358.490 de dólares), y ello solo en la capital”.

Tremendo balance. Extrapolar al resto de Cuba esta cifra da vértigo. La cuestión es, ¿de dónde surge esta estimación cuantitativa de corrupción por parte de la Contraloría? La respuesta es sencilla, y nos lleva a un conjunto de sucesos que conviene analizar con cierto detalle, como por ejemplo, y cito a Granma, “situaciones de incumplimientos, falta de capacitación, pagos indebidos, cuentas por cobrar y violaciones en el uso y destino del combustible, insuficiencias en el uso efectivo de la documentación, vulnerabilidades en los sistemas automatizados y dificultades en la contratación".

Un análisis más detallado arroja sorprendentes resultados.

La “falta de capacitación” tiene poco que ver con la corrupción o los delitos. Las “situaciones de incumplimientos” otro tanto; la “insuficiencia en el uso efectivo de documentación”o de las dificultades en la contratación, pertenecen al mismo tipo de sucesos. En todo caso dependerá del alcance de los mismos, pero se tiene la impresión que estos hechos guardan una relación estrecha con el armazón institucional y administrativo establecido por el régimen que hace muy difícil para los agentes económicos funcionar de manera eficiente. Una adaptación de los procedimientos a las normas que existen en otros países podría suponer una nueva perspectiva para los incumplimientos, que podrían dejar de ser tales, sin merma de sus consecuencias.

Más graves son los “pagos indebidos, vulnerar sistemas informáticos”, y si ciertamente tienen algo que ver con la actuación discrecional de algún gestor o directivo, deberían tener correspondientes sanciones administrativas. En todo caso, el enfoque preventivo podría funcionar bien aquí.

Hay un tercer bloque que llama más aún la atención, referido a las “violaciones en el uso y destino del combustible”. Aquí una vez más, el régimen debe ir al origen del problema, que no es otro que el racionamiento y la escasez del combustible, algo que tiene efectos paralizantes sobre la actividad económica, como ocurrió durante el llamado “período especial” y que, al parecer, en Cuba nadie quiere volver a experimentar y sufrir. Si existiera combustible de forma abundante y sin restricciones, estos robos y violaciones entonces no tendrían justificación alguna. 

¿Y de qué modo reacciona el régimen ante estos sucesos? De la peor forma posible. La Contralora, que es experta en el arte de destruir actividad económica, ha anunciado “que 77 entidades de la capital van a recibir un 50% menos de combustible a partir de febrero de este año, hasta que resuelvan el problema del uso racional del valioso recurso". Es decir, en vez de dar solución al problema, lo van a poner más difícil y harán que las prácticas delictivas aumenten.

Otra fuente de corrupción, para el régimen, se encuentra en “el incumplimiento en los programas de ventas, las cuentas por cobrar y pagar y las operaciones contables sin respaldo documental en entidades estatales representativas del universo empresarial y presupuestado en siete municipios, nueve sectores de la economía y seis entidades en este caso de Matanzas”. Es evidente que si no se vende lo planificado es, o bien porque el plan está mal hecho, algo que suele ocurrir frecuentemente y entonces la responsabilidad del fracaso hay que elevarla a los responsables de unos cálculos erróneos, o bien porque la economía va muy mal, y la gente tiene menor capacidad de compra lo que hunde las ventas. No sé por qué me parece que ambas cosas valen para justificar este “incumplimiento”, y si ello fuera así el responsable último, al que la Contraloría tiene que pedir responsabilidades, no es otro que el estado.

En el régimen castrista, donde 60 años de fracasos económicos han provocado un empobrecimiento generalizado de la población, la corrupción y las indolencias tienen su origen en el armazón institucional de un estado ineficiente e incapaz de promover el crecimiento económico y bienestar de los cubanos. Y lo peor es que la reforma de la constitución no va al centro de los problemas sino que soslaya los mismos, agravando más si cabe aún las enormes contradicciones del sistema económico y sus profundos y graves desequilibrios. Es el estado el que promueve actitudes corruptas e indolentes porque las instituciones que regulan la actividad económica son ineficientes. Más libertad, derechos de propiedad, libre mercado y empresa, serían, no me cabe la menor duda, el antídoto contra la Contraloría.