Ley por la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba: el final de la guerra fría

Elías Amor Bravo, economista
Alguien, de cuyo nombre ni quiero acordarme, decidió un mal día, hace 60 años, confiscar a diestra y siniestra el capital privado de un país, Cuba, sin compensaciones y de forma arbitraria. Sin escrúpulo alguno. Concentrando el castigo en todos por igual, desde los más débiles a los poderosos, rompiendo por completo las bases de la estructura económica de la nación. El fruto del trabajo y el esfuerzo de varias generaciones de cubanos pasó en su totalidad a manos de un estado totalitario de inspiración estalinista por medio de leyes firmadas por un presidente obligado por los acontecimientos. No había espacio alguno para la queja, la protesta o el recurso judicial porque en aquel momento fatídico para la historia de Cuba, la separación de poderes había sido borrada del mapa de las instituciones públicas, y el temor por la pérdida de la vida se extendía entre los afectados por las expropiaciones. La única salida era huir hacia la libertad. De todo esto saben muy bien todos los cubanos. Lo llevamos escrito en el ADN de 60 años de oprobio castrista.
Después, el estado todo poderoso naciente del proceso “revolucionario”, que se hizo con el control absoluto de los medios de producción, decidió por cálculo político entregarse a una potencia extranjera, la URSS, exclusivamente por motivos ideológicos para sacar el máximo provecho de los subsidios de la “guerra fría” y sobrevivir de forma artificial durante casi tres décadas. Sembrando el odio y la separación entre los cubanos y sus familias. Reprimiendo sin piedad a los que no deseaban someterse a las directrices impuestas. Y lo que es peor, sin hacer nada por el capital productivo previamente confiscado, y que funcionaba con criterios burocráticos y estalinistas, sin motivación para los trabajadores ni los directivos, con sueldos míseros a cambio de los bienes y servicios de una libreta de racionamiento que nació con vocación de permanencia.
Como las cosas cambian, y nada permanece inalterado con el paso del tiempo, otro día ese aparato de subsidios desapareció de la noche a la mañana, y la economía nacional, abandonada a su suerte por motivos ideológicos durante décadas, se vio incapaz de atender las necesidades básicas de la sociedad, alimentación, vestido o vivienda. Entonces, el mismo que había decidido expropiar los activos privados 30 años antes, puso en marcha medidas disparatadas para tratar de superar ese período que denominó “especial”, pero que no tenía nada de esto. Las tradicionales escaseces se convirtieron en apagones, hambruna, enfermedades para amplios sectores de la población. El aparato de servicios de la "revolución", la educación y sanidad se vino abajo. Un cuadro horrible para quién decía representar el paraíso de los trabajadores en la tierra. La consigna era resistir, al precio que fuera, y que no se escuchasen, y mucho menos atendiesen, las peticiones de apertura, cambio y respeto a los derechos humanos, sino todo lo contrario.
Como la situación se fue agravando por momentos, el líder máximo, el mismo que había decretado el robo sistemático de propiedades, puso en circulación dos monedas para recaudar divisas procedentes de las remesas que enviaban las familias en el exterior para paliar la grave situación de padres, hermanos o hijos en la isla, así como de la entrada de turistas, reconociendo ante los medios de comunicación internacionales que los hoteles que se inauguraban en la isla no eran para los cubanos, a los que prohibía la entrada, sino para los extranjeros. Y así, durante años.
Al mismo tiempo, ante la urgencia de la crisis, a alguien se le ocurrió poner el aparato productivo que se encontraba en las manos muertas del estado al servicio de los inversores extranjeros y crear un “capitalismo comunista” que en ningún momento supusiera perder el control. El estado se reservaría en todo proyecto de inversión extranjera al menos el 51% y además exigía que las inversiones se canalizaran a determinadas actividades previamente elegidas. A cambio facilidades de contratación (y explotación a los trabajadores) y régimen de monopolio en las operaciones económicas autorizadas.
Poco tiempo después, apareció un país dispuesto a subsidiar la isla, esta vez con petróleo a bajo precio, a cambio de servicios profesionales, Venezuela. Fue entonces que el líder máximo, el mismo de las expropiaciones, decidió que el azúcar, la gran riqueza nacional, se tenía que hacer desaparecer para siempre, y en su lugar, minería, marisco, tabaco y ron como no consiguieron ocupar puestos de liderazgo en las exportaciones fueron olvidados. Había que pensar en otras actividades y cuanto antes. La sensación de desconcierto llegó con el final de Castro I y su reemplazo por otro Castro II, que nada más llegar al poder anunció medidas para empezar a liberalizar la economía, como el trabajo por cuenta propia o el arrendamiento de tierras. En cierto modo, actividades que se venían realizando en el ámbito de la "economía negra", que ahora se autorizaban con fines tributarios.
Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal, porque, de pronto, el socio que regalaba los subsidios empezó a tener más problemas de los previstos. La situación empeoró y la economía se estancó, apareciendo los primeros síntomas de otro período “especial”. El nuevo dirigente, Díaz-Canel, sustituto de Castro II, dijo en muchas ocasiones que no era posible, que ni de lejos llegaría otro período “especial”, pero la gente sabe muy bien lo que es pelear en una cola interminable por medio pollo que nunca llega, o un paquete de huevos o arroz, para ir tirando. La moneda fuerte el CUC se empezó a depreciar porque cada vez tenía menos valor, ante la escasez relativa de oferta de bienes. Los despropósitos llegaban por todas partes. El ministro de economía afianzó a un plan estratégico "hasta 2030". Ni más ni menos. La Contralora denunció "ilegalidades y corrupción" y puso la maquinaria represiva a su servicio. Los turistas no llegaban, la economía mundial no está para lanzar cohetes. Las remesas estancadas. Las inversiones paralizadas.
Y en este punto de la historia en que nos encontramos hoy, 17 de abril de 2019, volvemos al principio, hace 60 años, porque en realidad, es bien sabido que la propiedad privada y el derecho real asociado a la misma nunca caduca, y que siempre que exista justicia independiente habrá un tribunal dispuesto a devolver los derechos de propiedad a sus legítimos dueños.
En la isla pensaban que ese Título III de la “Ley por la Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (LIBERTAD)” de bello nombre, nunca se llegaría a aplicar, confiando en los consejos legales de sus socios inversores extranjeros, pero al final, después de 60 años de espera, llegó el momento de resarcir por los daños cometidos a los derechos de propiedad. Llegó el momento de la justicia. Y las demandas empezarán a presentarse a partir del próximo mes de mayo, y ojalá que alcancen a los centenares de miles de cubanos que fueron expropiados entre 1959 y 1968, para que este tipo de aventuras impresentables por parte de dictaduras totalitarias desaparezca para siempre de la historia de la humanidad. El final de la guerra fría ya está aquí.

Comentarios

  1. JuanCarlosCasillas21 de abril de 2019, 10:12

    Por mucho tiempo he pensado que era imposible, en la práctica, el reconocimiento de los derechos de propiedad usurpados. La razón es evidente, esos inmuebles en la actualidad están ocupados por personas que quedarían en la mayoría de los casos desamparados y enormemente enojados si alguien pretendiera desalojarles del lugar que llevan habitando por décadas. Por enmendar una injusticia se estaría cometiendo otra. Solo esto supondría además un obstáculo político de gran embergadura, pues organizada la oposición de los perjudicados sería de tal tamaño que nadie podría doblegarla.
    Últimamente se me ocurre una forma de superar estas dificultades. Sería el reconocimiento formal de los propietarios originales en todos los casos. Al tiempo que se reconoce un derecho de usufructo de los actuales inquilinos. Es decir los propietarios de las viviendas u otros edificios serían los herederos legales de las personas a las que fueron confiscadas. Al tiempo que los actuales ocupantes pasarían de ser los concesionarios (por gracia del Estado Cubano) a los arrendatarios ( por parte del verdadero propietario). En este sentido la situación no cambiaría nada para el inquilino, solo cambiaría el nombre de la "persona" ante la que responden.
    El tema más delicado sería entonces la fijación de las rentas que los inquilinos deberían pagar a los propietarios. El sistema debería estar dotado de un mecanismo dinámico, de forma que se pasara de una carga similar a la que soportan ahora los inquilinos a otra que fuera la buscada. Es decir un libre mercado de alquileres o en su defecto el mercado regulado deseado o consensuado por la sociedad cubana. Hay que tener en cuenta que aunque formalmente la vivienda haya sido cedida gratuitamente por el Estado, en la práctica los cubanos pagan por ella indirectamente, básicamente soportando unos sueldos ridículos. Quizás por esto, los primeros años los alquileres se podrían fijar mediante el pago de un número de sueldos mensuales. Una vez monetarizado el arriendo sería necesario definir el número de años que deberían transcurrir para que alcance el precio de mercado y en base a eso estipular los incrementos anuales que van a regir.
    Por último, debería establecerse un mecanismo por el cual el inquilino podría adquirir la vivienda al propietario. Siempre en base a un acuerdo voluntario, el cual se vería muy facilitado, si ambos conocen con claridad cual va a ser el flujo de rentas entre ambos en el futuro.

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