La empresa estatal cubana necesita una gobernanza distinta

Elías Amor Bravo, economista

Sendos artículos publicados en Granma analizan el estado actual de las empresas estatales en Cuba, tras la reunión de las juntas de gobierno, que son la representación de la titularidad del estado comunista en el sector empresarial del país. Como se podría imaginar, allí se habló de todo, menos de lo estrictamente necesario y urgente.

Díaz-Canel presidió la reunión, en la que también estuvo Machado Ventura, Valdés Mesa, Ramiro Valdés, y un sin número de funcionarios del partido único y el régimen. El encargado de dar los datos fue Marino Murillo, que sigue al frente de la “comisión permanente para la implementación y desarrollo de los lineamientos”. Básicamente, los resultados ofrecidos se refieren a la actividad de 1.216 empresas que dependen de las 52 juntas de gobierno. Según la ONEI, en Cuba hay actualmente unas 1.904 empresas, de modo que esta reunión atendía al 64% de las existentes en el país.

Murillo señaló, entre otros, que las ventas netas se comportaron al 97,4% y las exportaciones al 82,1%, mientras que la utilidad antes de impuesto mostraba una cifra de 108,4%, datos que, en su criterio, “no indicaban una mayor eficiencia y en cambio, se vieron las fisuras que persisten en la planificación, con sus efectos negativos en la gestión empresarial”. A la vista de ello, Meisi Bolaños exigió un perfeccionamiento del proceso de planificación del plan y del Presupuesto, actividades que en 60 años siguen sin alcanzar el nivel que se desea.

¿Perfeccionamiento del plan? ¿Pero es que se puede perfeccionar algo que no sirve?

Como ocurre siempre en estos cónclaves, se pretende resolver el problema de las empresas estatales socialistas con parches imaginativos, como facilitar “el acceso a las divisas, la asignación centralizada de portadores energéticos y materias primas, unido a las regulaciones en los precios mayoristas, que no permiten a los productores recibir señales adecuadas del mercado”. Medidas que confirman el notable atraso institucional de la economía castrista. No es extraño que Murillo dijese que las 28 medidas aprobadas recientemente, “no han avanzado con la celeridad necesaria en el sector empresarial”.

Entre otros fracasos, puestos de manifiesto en la reunión, se citaron, “la limitada presentación de proyectos para acceder a créditos, las bajas operaciones reportadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, la dilación en la elaboración y aprobación de las normas jurídicas, que ponen en vigor lo aprobado, su insuficiente divulgación y capacitación, así como la no aplicación de más de una medida por una misma entidad”.

También se hizo referencia a la escasa inyección de recursos a la industria por parte de Finatur, una entidad estatal dependiente del Banco Central de Cuba, por unos 9,9 millones de dólares, una cantidad a todas luces insuficiente para atender las necesidades de infraestructura y tecnología que padecen muchas empresas para fortalecerse y contribuir al desarrollo.

Las autoridades culpan a los aspectos burocráticos, como “los atrasos en la entrega de documentos de las empresas productoras, la inmovilización de recursos asignados, elevados ciclos productivos, y no contar con mayores disposiciones de liquidez que limitan la incorporación de otras entidades” a la deficiente atención financiera a las empresas, pero es evidente que las razones de fondo son bien distintas, y si las empresas tienen dificultades para acceder a los beneficios de los créditos de Finatur habrá que buscar en otro sitio.

Ni siquiera primar las ganancias en moneda libremente convertible en un 50% para las relaciones financieras entre las empresas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel ha servido para incentivar la actividad de aquellas en el acceso a más liquidez, lo que apunta a factores mucho más complejos.

En la reunión también se abordó la flexibilización de determinados indicadores en cuanto a las relaciones financieras de las empresas con el Presupuesto, uno de ellos, “la distribución de utilidades a los trabajadores de las entidades empresariales”. Bolaños dijo que “la cuantía a otorgar por trabajador puede ser el equivalente de hasta cinco salarios promedio de lo percibido en el año que se liquida siempre que los indicadores directivos aprobados para el año se sobrecumplan al 5%. De no cumplirse lo anterior el monto a otorgar por trabajador es hasta tres salarios promedio”. Tasando las utilidades (ganancias), no hacen otra cosa que frenar la motivación que es la base de la productividad y competitividad empresarial. Otra medida que fracasará.

Para mayor inri, “los gastos planificados no ejecutados vinculados a la eficiencia empresarial no pueden ser distribuidos como parte de las utilidades”, lo que reduce notablemente el monto de la distribución a los trabajadores. Prohibiciones similares se establecieron a las actividades de desarrollo, investigación y de capacitación, o los incentivos para estimular las exportaciones, sin precisar cuáles.

Al final, la existencia de un Plan de la Economía 2020, de obligado cumplimiento para las empresas es el principio y fin de todo este amasijo de dificultades y obstáculos. Someter a más de 1.000 empresas de sectores y actividades distintas a un corsé de gestión, que limita y reduce sus márgenes de actuación como si se tratase de una administración pública más, es un comportamiento, por calificarlo de algún modo, suicida. Con tanto plan y tanta responsabilidad, no consiguen aumentar los ingresos, mucho menos en divisas, o determinar lo que se puede exportar, como aumentar el valor agregado a la producción y mejorar su competitividad internacional. La vía del plan está muerta, y debe ser sustituida por la racionalidad económica como elemento guía de la gobernanza de la economía cubana.

Culpar, como hace el ministro, de todo a la “inercia en las empresas, que no han avanzado lo suficiente” es lo mismo de siempre, arrojar la culpa sobre otros. Debería preguntarse el ministro el por qué de esa inercia, y luego empezar a tomar medidas.

Para este plan 2020, han dado una vuelta de timón, ya que con los ingresos disponibles (es decir, sin intentar siquiera mejorar esa cifra) se establece de manera prioritaria “la compra de alimentos, combustibles, pagar las deudas y fomentar los proyectos de exportación”. Es decir, un paso más hacia la entropía de la economía, como medida del desorden absoluto en que se encuentra, que tira la toalla porque ya no puede más.

Es el momento de reconocer públicamente el fracaso del modelo. Reconocer que la economía está en recesión, y que va para largo. Y no por la falta de recursos, sino de ideas y de no querer reconocer los errores cometidos desde 1959, y poner el contador a cero. Insisto, no se trata, como dice el ministro, de una cuestión de “menos burocracia, más agilidad y más emprendimiento”. Lo que se necesita es pensar y actuar de forma diferente. La empresa cubana necesita justo lo que las autoridades no quieren otorgar: libertad, independencia del estado y orientación hacia los derechos de propiedad privada, la generación de renta y riqueza, la acumulación y el beneficio a corto, medio y largo plazo. El plan, solo a efectos indicativos. Una nueva gobernanza económica.

La responsabilidad de las decisiones en los consejos de administración de cada empresa, que velan por su rentabilidad, y en los equipos directivos profesionales encargados de aumentar los ingresos, el valor añadido y la rentabilidad, sin límites o topes. No hay otro camino. Mientras en Cuba no se quiera reconocer esta realidad, el fracaso en el funcionamiento de la economía está servido. Por muchas vueltas que quieran dar y culpar de lo que ocurre a una presunta “indecencia y la indisciplina social, fenómenos que van en contra de los propios principios de la revolución”. Hace mucho tiempo que la economía puso fin a la llamada revolución. Toca cambiar ficha.