En seis meses, la agricultura cubana en bancarrota

Elías Amor Bravo, economista 

Ayer la Mesa redonda se dedicó a la agricultura en Cuba y las propuestas del gobierno para aumentar la producción, una demanda cada vez más intensa procedente de la industria y la población. Mientras tanto, el campo es incapaz de cumplir con estos retos y año tras año, la planificación central se incumple, obligando al gobierno a ejecutar importaciones puntuales de alimentos y piensos cada vez más difíciles de financiar por la falta de divisas. Esto va a continuar, e incluso, va a ir a peor. 

En la Mesa redonda, dos dirigentes de la economía, el ministro del ramo, Gil y el ttular de la Agricultura, Rodríguez presentaron la Estrategia y lo que denominan como “nueva política para la comercialización de productos agrícolas” a la que se otorga una relevancia excesiva para cumplir los objetivos de mayor producción agropecuaria.

Reconozco que tenía especial interés en la Mesa redonda. Al menos, para saber si se ofrecían datos estadísticos del sector o algo que permitiera situar un diagnóstico preciso. Nada de nada. Tan solo reflexiones de los dirigentes, opiniones y creencias que se tienen que asumir como datos. Mal asunto

Dos consideraciones iniciales, antes de proseguir. La agricultura cubana tiene problemas estructurales básicos de definición del modelo técnico productivo que la hacen poco competitiva. Si esto no se reconoce por las autoridades y se adoptan medidas, no hay mucho que hacer A pesar de la elevada concentración de empleo en el sector primario la baja productividad impide alcanzar rendimientos crecientes a escala, y ahí reside la cuestión. La ausencia de un marco jurídico para el ejercicio de los derechos de propiedad, impide a los productores incrementar libremente la superficie de sus explotaciones, limitando sus rendimientos. El origen del problema está en la propiedad de la tierra. En tanto no se resuelva esta cuestión, mal asunto.

Por otro lado, la agricultura tiene dificultades de comercialización, eso es cierto, pero si se quiere tener producto para llevar a los mercados, es necesario flexibilizar la oferta y promover la entrada del sector privado en la distribución mayorista y minorista, para que sea el único responsable de la organización comercial en la economía.

Desde esta doble perspectiva, las medidas expuestas en la Mesa redonda se quedó muy lejos de lo que hay que conseguir.

Por ejemplo, el ministro de agricultura, aún cuando reconoció la necesidad de mayor flexibilidad a los precios agropecuarios, insistió en que no se puede “perder el papel regulador del Estado, en lo cual desempeñarán un rol muy importante los gobiernos locales”. La planificación central e intervención estatal continuarán limitando la productividad agropecuaria.

En tales condiciones, se anunciaron numerosas medidas para mejorar la política de comercialización de productos agropecuarios que se van a quedar cortas, nada más aprobarse. Por ejemplo, el alcance de la autorización de la contratación de la producción agropecuaria y forestal con destino a todas las formas de comercialización existentes en correspondencia con los intereses del Estado es un claro ejemplo de esa intromisión del estado que no va a cesar. 

Por otra parte, se anuncia la autonomía de gestión para todas las formas de comercialización, pero se mantiene la predominancia de estado; se ofrecen soluciones a la comercialización de los productos que, por problemas logísticos y/o financieros no puedan ser comprados; y se implanta la modalidad de arrendamiento de recursos en todas sus variantes (transportes, mercados, almacenes, instrumentos de mediciones, equipos de refrigeración, envases, montacargas, traspaletas, entre otros, recursos que habrá que alquilar al estado que podrá así por esta vía obtener divisas, como en las tiendas en MLC).

De igual modo, se aprobó la autorización a las cooperativas, los usufructuarios, propietarios de tierras y las empresas estatales, de la venta de productos agrícolas y cárnicos, frescos y procesados en la red de tiendas minoristas, e incluso realizar dicha venta en forma ambulatoria, llegando incluso a la promoción de más ventas a través del comercio electrónico.

En materia financiera, se prevé la oferta de nuevos productos financieros por las entidades bancarias a los productores incluyendo la posibilidad de obtener créditos revolventes con bajos intereses, definiendo un sistema de facturación que se adapte a las características del proceso y que constituya la base para el pago de las mercancías.

En materia fiscal, se planteó la aplicación, con carácter permanente, de un tipo impositivo fijo del 5%, sobre la base imponible obtenida para el pago del impuesto sobre ingresos personales, y bonificar, con la aplicación del 5% del impuesto sobre la venta en el comercio minorista, a las producciones de alimentos generados por minindustrias locales gestionadas por entidades productoras o comercializadoras.

También se incluyeron medidas de estímulo y promoción de las exportaciones como fuente para la obtención de la liquidez.

En el ámbito específico de la regulación y control, se habló de diseño e implementación y control del Sistema de Protección al Consumidor, y un sistema para la divulgación e información de los precios de los productos agropecuarios; incluyendo la publicación semanal de los precios para los productos agropecuarios, con los productos de precios centralizados y los que se comercialicen a precios por acuerdo.

Por último, el ministro citó una serie de medidas como la ampliación de la red de minindustrias y microindustrias a partir de las producciones de la industria nacional y de los proyectos de colaboración internacional; y la autorizacion a las familias que participan en la agricultura urbana, suburbana y familiar para la gestión de equipamientos y tecnologías que les permitan incrementar el valor agregado en la oferta de sus productos para lograr la soberanía alimentaria de las familias.

Y nada más. Llamó la atención la insistencia del ministro en señalar que en la aprobación de la política expuesta participaron productores, presidentes de cooperativas agropecuarias, directores de empresas, profesores universitarios y otros expertos, y que fue evaluada en ¡dos ocasiones! por el presidente, vicepresidente y el primer ministro, como parte del análisis de implementación de la Estrategia aprobada el 30 de octubre, de la que emanan estas medidasSi realmente, se hizo, está bien, pero una consulta como esta no parece suficiente.

Existen dudas ciertas de que esta política de comercialización de productos agropecuarios sirva para incrementar la producción, sobre todo a corto plazo. Los incentivos a productores y comercializadores, no sirven para para aumentar sus niveles de actividad que, como ya se ha señalado, depende de las condiciones técnico productivas, que no cambian. Además, la mera flexibilización del obsoleto sistema de acopio y comercialización, es condición necesaria pero no suficiente, para cambiar el sector agropecuario cubano.

El ministro de economía terció para señalar que "ninguna política es mágica", no obstante al ser la agricultura un tema prioritario de la nación, estas medidas aprobadas deben crear las mejores condiciones para aumentar los niveles productivos. Finalizó diciendo “estamos inconformes con los niveles actuales, reconocemos que hay un déficit de oferta. El éxito de estas medidas no está tanto en el diseño, sino en su correcta implementación  y en la manera que todos trabajemos unidos para lograrlo”. No es así. El ministro debería saber que, al margen de que siempre hay que hacer bien las cosas, el problema está en la definición de lo que se tiene que poner en marcha. Los parches nunca han servido para nada. La agricultura cubana precisa reformas estructurales de gran calado que le devuelvan su esplendor de antaño, adaptado al siglo XXI. Los vietnamitas lo consiguieron, y se sabe como fue. Eso es lo que precisa el sector agropecuario cubano porque la situación actual no llega a seis meses.