Las mipymes no deben caer en la trampa de las asociaciones del Decreto 114

Elías Amor Bravo, economista

Ha entrado en vigor el Decreto Ley 114, que establece el marco para la regulación de las asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales. En este blog ya se dedicó una entrada al análisis de esta norma y en ella se tuvo la ocasión de exponer con detalle los motivos por los que no va a funcionar y acabará siendo un fracaso más. La afirmación principal es que no es posible introducir reformas parciales en la economía comunista de Cuba (y esta de las “asociaciones” lo es) si no se modifica el marco jurídico general que rige las decisiones económicas y que está sancionado como único en la constitución comunista de 2019.

Y como parece que los dirigentes comunistas son ajenos a esta idea y siguen erre que erre creyendo que pueden lograr cambiar el entorno económico, Marrero publicó en la red X un mensaje en el que reafirma que esta medida tiene “el propósito de dinamizar la economía y propiciar una mayor articulación entre los diferentes actores económicos”. Ni él se lo cree.

Apostar por asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales es no querer entender algunas cuestiones que se establecen en la constitución de 2019.

Primera, artículo 27 que sanciona la absoluta primacía de la empresa estatal socialista, entendida como “sujeto principal de la economía nacional. Dispone de autonomía en su administración y gestión; desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. La ley regula los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista”. Un enunciado que marca una clara asimetría entre las empresas estatales socialistas y las no estatales, de tal modo que estas, en cualquier asociación para crear nuevas modalidades de negocios, siempre van a tener un papel de inferioridad y sumisión a la estatal. Mal comienzo para avanzar en un proyecto de negocio.

Segundo, la norma reconoce que el sector privado de la economía ha ido ocupando un lugar nada despreciable. Actualmente, las mipymes suman 9.994 unidades mientras que las empresas estatales se han quedado en poco más de 2.174. La diferencia es muy importante y denota un comportamiento desigual entre unas y otras.  Las mipymes generan negocios rentables en todos los sectores de la economía, aunque no se les permite crecer y escalar sus dimensiones. Las empresas estatales sobreviven a duras penas con pérdidas y estructuras de ineficiencia desde la tarea ordenamiento. A ver a quién en su sano juicio se le ocurre que ambas entidades avancen en su integración con dentro del sistema empresarial. ¿No sería más razonable y eficiente auspiciar la asociación entre las entidades no estatales para propiciar su crecimiento?

Tercero, el Decreto 114 no garantiza nada, ni mucho menos que entidades estatales y no estatales se enlacen “de forma armónica y con la mira puesta en el desarrollo del país y del sector estatal, prioritario y principal en la economía”. Los gobernantes consideran que el sector no estatal se debe conformar, en todo caso, con las migajas de desempeñar "un papel más visible y una evolución gradual" que nunca llegará y se someterá a todo tipo de controles y trabas. En realidad, y la experiencia lo indica, las dos entidades en juego se mueven en espacios distintos, se dedican a actividades muy diferentes, y la idea de que puedan ocupar un espacio “que deba ir gradualmente siendo más sistémico, con la generación de alianzas y evitando las discordancias” es solo un objetivo político que carece de experiencias concretas en el ámbito económico. Forzar decisiones de esta naturaleza por la vía de publicaciones en la gaceta oficial es una mala praxis del régimen comunista cubano, y así le va.

En cuarto lugar, y volviendo de nuevo a la constitución de 2019, el artículo 18 establece los fundamentos económicos del sistema de la economía socialista, basado en la propiedad del pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad.

Con esos ejes básicos, una vez más al producirse la interacción entre las distintas formas de propiedad estatal y no estatal en una supuesta condición de similitud, no cabe esperar que ambos logren condiciones similares y de equilibrio, con una preeminencia de los actores económicos pertenecientes al ámbito estatal. El logro de equilibrio será imposible porque la constitución, que es una norma superior a un decreto, no lo establece en estos términos. Los actores no estatales siempre estarán en situación de inferioridad.

De modo que los cambios que el régimen quiere dar al modelo económico y empresarial no deben ir por esta vía, sino por la propia sustancia de ese modelo regulado en el Título II Fundamentos económicos, de la constitución, un corpus legal que tiene que ser transformado completamente para que la economía funcione. El modelo económico y social que existe actualmente está agotado y no sirve. Hay suficientes evidencias de que ello es así.  

Los dirigentes lo saben, pero en pos de ganar tiempo como sea, ahora promueven este Decreto 114 para las asociaciones económicas a ver si sale algo, y al mismo tiempo, lanzan mensajes cruzados a las empresas y los municipios, a los que se responsabiliza de que la economía no funcione. A las primeras, porque no hacen uso de su autonomía (lo que es cuestionable) y a los segundos, por un supuesto redimensionamiento del aparato estatal que conduce a los municipios a gestionar cuestiones que incluyen la inversión extranjera y a consolidar las asociaciones económicas entre el sector estatal y no estatal.

Conclusión. Desde que se introdujeron las tímidas reformas para fomentar el pequeño sector privado de la economía marxista leninista cubana, se han ido dando pasos tímidos y siempre bajo control para evitar que los actores privados puedan crecer. Y en este sentido, hay que señalar que el régimen ha tenido éxito, a la vista de lo ocurrido. De modo que en 2020 no había mipymes en la economía cubana y hoy operan 9.940. Y, sin embargo, la economía cubana en este mismo período ha caído alrededor de un 13% en su PIB y los precios medidos por el IPC han subido un 206%. 

Pésimos resultados que indican que la aparición del sector privado no ha servido para aumentar el crecimiento económico, y el responsable de que ello haya sido así es el régimen que no quiere actores privados boyantes y exitosos. El sector privado cubano se encuentra atascado, sometido, controlado y reprimido por el estado, y esta puerta que ahora se abre para asociaciones con el sector estatal es otra trampa más en la que no conviene caer.