¿Cooperativas en Cuba?, Sí, pero no así
En ese batiburrillo de confusión que se han convertido las pretendidas reformas de la economía de Raúl Castro, si, las mismas que han convencido a Leire Pajín que en Cuba algo se mueve, ahora se anuncia que el gobierno piensa “transformar algunas pequeñas empresas manufactureras y de servicios en cooperativas”.
Una medida que, para el todopoderoso Estado comunista, supone la entrega de algunos negocios con la esperanza de incentivar la deprimida economía local. Porque en el fondo de todas estas medidas se cuece una idea perversa, los cambios que se van a realizar en la economía no tienen que sacrificar el sistema socialista instalado en Cuba tras la revolución de 1959.
Siempre defenderé el modelo de funcionamiento de las cooperativas de producción. Sin tratarse de empresas de propiedad individual o anónima, las cooperativas suponen la participación real de los trabajadores en el proceso productivo, la obtención de beneficios y la acumulación. Un estímulo real para la eficiencia y la competitividad.
En España existen modelos de cooperativas altamente exitosos en el País Vasco o Valencia, que nada tienen que ver con el modelo que se pretende introducir en Cuba. En la Isla llevan tiempo funcionando, al menos desde finales de la década de los años 70, aunque condenadas a una existencia marginal y siempre sometidas al poder político, a la Asamblea Provincial de La Habana con la esperanza de “recuperar la producción local y mejorar la moral y la competitividad”.
Esta huida adelante en el conjunto de reformas para reflotar cooperativas incluye sacar de la “ilegalidad” a negocios privados que actualmente funcionan en la marginalidad o en el mercado negro, y con el fin de que paguen impuestos.
Una medida que podría ser calificada como positiva. Sin embargo, las autoridades la han vuelto a convertir en algo inservible con ese empeño en no alterar la base totalitaria y comunista de la sociedad. En efecto, la idea del gobierno es que las cooperativas no sean de propiedad de los trabajadores, sino que sean arrendadas por el Estado, único propietario en la Isla de todos los activos, y que su gestión se realice dentro de unos ciertos márgenes de autonomía que, en cualquier momento, se pueden volver a eliminar. Igual que en 1968, cuando de un plumazo se nacionalizaron todas las empresas en la Isla, sin contraprestación alguna a sus legítimos dueños.
Esa animadversión del régimen comunista cubano hacia el derecho de propiedad, la economía de mercado, la acumulación y distribución legítima de beneficios, es el origen del auténtico bloqueo del sistema económico y del círculo vicioso de la economía. De nada sirve arrendar locamente pequeñas peluquerías y salones de belleza a empleados, o el servicio de transporte privado, como taxis, si luego el resto de las actividades económicas se someten a la regulación de burócratas alejados de la realidad del mercado. La economía funciona como un todo interrelacionado, en el que no se puede funcionar con unas partes, y no con otras.
Si el objetivo es crear nuevos puestos de trabajo para los millones de trabajadores que el Estado no puede asumir, entonces la solución no es ir autorizando a la iniciativa privada a poner en marcha pequeños negocios, sino darle un giro de 180º al sistema estalinista. Equivocado está Raúl Castro cuando piensa en la responsabilidad de los gobiernos locales y provinciales para impulsar el desarrollo económico que necesita el país. La denominada "Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local" que entró en vigor a comienzos de año, apenas ha servido para movilizar recursos productivos y amenaza con convertirse en otro grave problema para la ineficiente economía castrista.
En los países avanzados, el desarrollo local se basa en la existencia de una base económica consolidada, de raíz privada, eficiente, especializada y con capacidad para generar empleo y producción. En Cuba, la obsesión centralista del gobierno en los últimos 51 años ha situado cualquier decisión autónoma en la marginalidad del sistema, de modo que no existen redes de transporte, de alimentos, de servicios, de comercio que cumplan los niveles medios de cualquier país subdesarrollado. Basta pasear por las calles de las ciudades cubanas para contrastar la pobreza de sus infraestructuras.
El origen de todos los problemas está en esa obsesión con impedir el funcionamiento de la economía de mercado. Un sector como el de la distribución al por menor, por ejemplo, el que permite a la gente tener acceso a todo tipo de bienes y servicios en las proximidades de sus domicilios, en cantidad y calidad, no se puede estimular en Cuba si no es creando una iniciativa privada amplia con capacidad de acumulación y dueña de sus activos y propiedades. No hay alternativa. Los ensayos no conducen a más que fracasos y la situación de la economía no está para juegos.
Es posible que haya que reflexionar mucho todos estos cambios. No fue eso lo que hicieron en 1968 cuando robaron a los cubanos el legítimo derecho de propiedad y de ejercicio de libre empresa. Las informaciones de la Isla apuntan a que llevan más de un año pensando qué hacer. Y que cada día a algún funcionario o ideólogo comunista se le ocurra cualquier idea nueva que paralice el proceso de transformación. Un día se dice una cosa, y al otro se dice justo lo contrario.
La falta de claridad de ideas solo lleva a una cosa. El Estado comunista debe continuar como el único propietario de las cooperativas, como hace con la mayoría de las propiedades en Cuba, pero los trabajadores administrarán los negocios, cubrirán los costos operativos, pagarán impuestos y se quedarán con las ganancias. Luego está la cuestión de quiénes van a dirigir estos proyectos. ¿Serán personas cualificadas con formación empresarial, o volverán a ser cuadros obedientes del partido?
A mí, personalmente, me cuesta creer que lo que han declarado algunos de los que participan en el proceso "los análisis que se están llevando a cabo son para saber cómo se van a comprar los insumos y detalles tales como los salarios mínimos, y si los ingresos de los administradores deben ser tapados".
Todo se reduce a lo mismo de siempre: control y más control, pobreza de la economía y sumisión a la ideología. Nada ha cambiado en Cuba, por desgracia.
Una medida que, para el todopoderoso Estado comunista, supone la entrega de algunos negocios con la esperanza de incentivar la deprimida economía local. Porque en el fondo de todas estas medidas se cuece una idea perversa, los cambios que se van a realizar en la economía no tienen que sacrificar el sistema socialista instalado en Cuba tras la revolución de 1959.
Siempre defenderé el modelo de funcionamiento de las cooperativas de producción. Sin tratarse de empresas de propiedad individual o anónima, las cooperativas suponen la participación real de los trabajadores en el proceso productivo, la obtención de beneficios y la acumulación. Un estímulo real para la eficiencia y la competitividad.
En España existen modelos de cooperativas altamente exitosos en el País Vasco o Valencia, que nada tienen que ver con el modelo que se pretende introducir en Cuba. En la Isla llevan tiempo funcionando, al menos desde finales de la década de los años 70, aunque condenadas a una existencia marginal y siempre sometidas al poder político, a la Asamblea Provincial de La Habana con la esperanza de “recuperar la producción local y mejorar la moral y la competitividad”.
Esta huida adelante en el conjunto de reformas para reflotar cooperativas incluye sacar de la “ilegalidad” a negocios privados que actualmente funcionan en la marginalidad o en el mercado negro, y con el fin de que paguen impuestos.
Una medida que podría ser calificada como positiva. Sin embargo, las autoridades la han vuelto a convertir en algo inservible con ese empeño en no alterar la base totalitaria y comunista de la sociedad. En efecto, la idea del gobierno es que las cooperativas no sean de propiedad de los trabajadores, sino que sean arrendadas por el Estado, único propietario en la Isla de todos los activos, y que su gestión se realice dentro de unos ciertos márgenes de autonomía que, en cualquier momento, se pueden volver a eliminar. Igual que en 1968, cuando de un plumazo se nacionalizaron todas las empresas en la Isla, sin contraprestación alguna a sus legítimos dueños.
Esa animadversión del régimen comunista cubano hacia el derecho de propiedad, la economía de mercado, la acumulación y distribución legítima de beneficios, es el origen del auténtico bloqueo del sistema económico y del círculo vicioso de la economía. De nada sirve arrendar locamente pequeñas peluquerías y salones de belleza a empleados, o el servicio de transporte privado, como taxis, si luego el resto de las actividades económicas se someten a la regulación de burócratas alejados de la realidad del mercado. La economía funciona como un todo interrelacionado, en el que no se puede funcionar con unas partes, y no con otras.
Si el objetivo es crear nuevos puestos de trabajo para los millones de trabajadores que el Estado no puede asumir, entonces la solución no es ir autorizando a la iniciativa privada a poner en marcha pequeños negocios, sino darle un giro de 180º al sistema estalinista. Equivocado está Raúl Castro cuando piensa en la responsabilidad de los gobiernos locales y provinciales para impulsar el desarrollo económico que necesita el país. La denominada "Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local" que entró en vigor a comienzos de año, apenas ha servido para movilizar recursos productivos y amenaza con convertirse en otro grave problema para la ineficiente economía castrista.
En los países avanzados, el desarrollo local se basa en la existencia de una base económica consolidada, de raíz privada, eficiente, especializada y con capacidad para generar empleo y producción. En Cuba, la obsesión centralista del gobierno en los últimos 51 años ha situado cualquier decisión autónoma en la marginalidad del sistema, de modo que no existen redes de transporte, de alimentos, de servicios, de comercio que cumplan los niveles medios de cualquier país subdesarrollado. Basta pasear por las calles de las ciudades cubanas para contrastar la pobreza de sus infraestructuras.
El origen de todos los problemas está en esa obsesión con impedir el funcionamiento de la economía de mercado. Un sector como el de la distribución al por menor, por ejemplo, el que permite a la gente tener acceso a todo tipo de bienes y servicios en las proximidades de sus domicilios, en cantidad y calidad, no se puede estimular en Cuba si no es creando una iniciativa privada amplia con capacidad de acumulación y dueña de sus activos y propiedades. No hay alternativa. Los ensayos no conducen a más que fracasos y la situación de la economía no está para juegos.
Es posible que haya que reflexionar mucho todos estos cambios. No fue eso lo que hicieron en 1968 cuando robaron a los cubanos el legítimo derecho de propiedad y de ejercicio de libre empresa. Las informaciones de la Isla apuntan a que llevan más de un año pensando qué hacer. Y que cada día a algún funcionario o ideólogo comunista se le ocurra cualquier idea nueva que paralice el proceso de transformación. Un día se dice una cosa, y al otro se dice justo lo contrario.
La falta de claridad de ideas solo lleva a una cosa. El Estado comunista debe continuar como el único propietario de las cooperativas, como hace con la mayoría de las propiedades en Cuba, pero los trabajadores administrarán los negocios, cubrirán los costos operativos, pagarán impuestos y se quedarán con las ganancias. Luego está la cuestión de quiénes van a dirigir estos proyectos. ¿Serán personas cualificadas con formación empresarial, o volverán a ser cuadros obedientes del partido?
A mí, personalmente, me cuesta creer que lo que han declarado algunos de los que participan en el proceso "los análisis que se están llevando a cabo son para saber cómo se van a comprar los insumos y detalles tales como los salarios mínimos, y si los ingresos de los administradores deben ser tapados".
Todo se reduce a lo mismo de siempre: control y más control, pobreza de la economía y sumisión a la ideología. Nada ha cambiado en Cuba, por desgracia.
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