Las reformas en la banca siguen sin dar resultados

Elías Amor Bravo, economista

En varias ocasiones, he tenido la oportunidad de explicar por qué no puede existir ni funcionar un sistema bancario en una economía en la que no existen derechos de propiedad. Por mucho que se empeñe el régimen castrista, en Cuba, en las condiciones actuales, el crédito seguirá siendo un ejercicio de improvisación y de marketing, como la mayor parte de las reformas de los llamados “Lineamientos”. En ese sentido, un artículo en Granma titulado “Banco de Crédito y Comercio financia a trabajadores por cuenta propia”, publicado hoy, viene a poner de manifiesto las notables distancias que separan a este sector de lo que se podría denominar una operativa racional.

Y ello, a pesar de que el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) ha sido la institución que más ha financiado a trabajadores por cuenta propia, desde la aprobación en el 2011 de la nueva política crediticia en Cuba, con la emisión de casi 30 millones de pesos en préstamos. A pesar de ello, apenas un 5% del medio millón de trabajadores por cuenta propia existentes en la economía castrista se han financiado con el recurso al crédito, según informó a AIN, Idayvis Pernas, funcionaria de Banca Empresa la entidad.

¿Por qué es un fracaso el crédito a los privados en la economía castrista, a pesar del desarrollo, según dicen, de una amplia labor publicitaria? La propia Pernas da la respuesta a esta pregunta al reconocer “que los nuevos actores económicos continúan reacios al crédito, a involucrarse con los bancos, y entre las causas menciona la falta de hábito y cultura sobre el tema”.

¿Falta de hábito y cultura sobre el tema? Conviene recordar a la funcionaria del Banco, que los cubanos hacen muy bien de desconfiar del sistema crediticio existente en el país.

Primero, porque después de las confiscaciones realizadas por las autoridades a comienzos de los años 60 y la posterior transformación de moneda y el control de los depósitos del Che Guevara, el primer corralito de la historia de América Latina, la credibilidad de los bancos cayó a cifras negativas. La huida masiva de empleados y profesionales del sector, renuentes a convertirse en meros funcionarios obedientes de las consignas ideológicas, y el desprecio de la llamada “revolución comunista” al papel de los bancos en una economía de mercado, terminaron de hacer el resto. No es extraño que los cubanos desconfíen de unos bancos propiedad del estado, carentes de cualquier modelo de operatoria basado en criterios de racionalidad económica e incapaces de atender las demandas de los consumidores, con la mínima confianza. Además, y esto es lo más importante, a las autoridades que dirigen el país les importa un bledo que la banca funcione bien o mal. Cualquier interés en la misma, es pura demagogia.

Segundo, porque las bases de la actividad bancaria y crediticia en la economía castrista no existen. Los bancos, para poder funcionar, necesitan que se respeten los derechos de propiedad y además, que estén bien definidos para poder constituir avales y garantías sobre los préstamos. Si los bancos no registran tales activos en su operatoria, cualquier préstamo concedido se convierte en un salto en el vacío, que puede llevar a la insolvencia estructural a las entidades.

Tercero, porque hasta ahora, y por deseo expreso de las autoridades, la actividad por cuenta propia en Cuba se ha movido a niveles muy bajos de inversión, en actividades intensivas en trabajo que demandan poco capital, y por ello, la financiación de las operaciones se ha podido realizar sin el recurso al crédito de las oficinas bancarias del estado. A ello, hay que añadir los bajos niveles de servicio de los bancos, muchos de ellos sin expedir tarjetas de crédito, ofrecer servicio de cajeros automáticos o servicios de abono y cargo en cuenta de los servicios o las nóminas. La realidad es que los millones de cubanos que trabajan para el estado siguen cobrando el sobre en metálico y las oportunidades para ellos de hacer negocios con los bancos son muy limitadas, por no decir, nulas.

Cuarto, el temor de los trabajadores por cuenta propia a ser investigados, controlados y manipulados por una banca al servicio del gobierno y del partido, a la que nadie quiere ofrecer sus cifras de negocio, por miedo a las prácticas habituales delatorias y confiscatorias. Mientras no desaparezcan estos comportamientos por parte del sistema bancario, no veo fácil que se confíe en los bancos.

En el artículo de Granma se reconocen de alguna manera estos problemas, al señalar que “los escasos financiamientos otorgados por esta institución reafirman el peso relevante que poseen otras fuentes de acumulación en el desarrollo del sector por cuenta propia, como las remesas, los préstamos de familiares y la movilización del ahorro interno”. Eso es tirar balones fuera y no entrar en la solución del problema.

¿Qué se puede hacer? 

La respuesta es que en las actuales condiciones, muy poco. Casi nada. Por mucho que se empeñen en modificar o flexibilizar las exigencias legales establecidas en el Decreto Ley 289 del 2011, no es a golpe de normas como se promueve la actividad económica privada, sino ofreciendo servicios bien definidos que respondan a las demandas existentes. En ese sentido, es un error la medidan propuesta por Bandec de conceder hasta 20.000 pesos (antes eran 10.000) exentos de garantía o aval, y a partir de esa cantidad, asegurar solamente el 50 % del crédito. Aumentarán los incobrables. Además, otra cuestión que conviene aclarar es por qué esta medida no se aplica en La Habana, por ejemplo.

El problema no es conceder más o menos dinero, o rebajar las garantías. El problema es que tales garantías no existen ni se pueden constituir en ausencia de derechos de propiedad privada. En el entramado legal y administrativo del régimen castrista no es difícil comprobar lo complicado que puede resultar la realización de operaciones que en otros países apenas tienen dificultades y que forman parte del comportamiento habitual de las personas.

Y lo mismo cabe decir de otras propuestas como ampliar periodos de gracia, mínimas tasas de interés, documentación menos engorrosa y exoneración del cobro de la comisión por el análisis del financiamiento, etc para los que comienzan una actividad no estatal. Con eso no se resuelven los problemas de fondo.

Iniciativas como la creación del gestor de microcrédito, que es asombroso que no existiera en el sistema bancario hasta prácticamente hace unos meses, para ofrecer asistencia a los trabajadores en el área donde laboran, sin necesidad de que recurran a las oficinas comerciales, ponen de manifiesto el atraso tecnológico, productivo y empresarial de un sector que, mucho nos tememos, en cuanto se abra a la economía internacional, pasará a ser controlado por bancos extranjeros.

Lo cierto es que el sistema bancario es pieza angular del crecimiento de una economía y su deficiente y obsoleto modelo de funcionamiento, como ocurre en Cuba, puede lastrar los procesos iniciados de “reformas”. La existencia de doble moneda, por ejemplo, es un problema grave que no hace más que generar problemas administrativos y de gestión. 

Lo importante es saber que Cuba, antes del caos de 1959, tuvo un sistema bancario moderno, eficiente y competitivo, basado en los derechos de propiedad privada, innovador y orientado a las demandas de los clientes. Incluso existía un Banco central con competencias de política monetaria avanzadas para los estándares de la época. Todo aquello fue destruido por la transformación revolucionaria emprendida por los Castro. Por desgracia, no se volverá a recuperar.