Primeros apuntes sobre la reforma constitucional en Cuba: los aspectos económicos

Elías Amor Bravo, economista

Si alguien se había hecho alguna ilusión con respecto al proceso de reforma constitucional que se está realizando en Cuba, lo mejor es que se lo quite de la cabeza y cuanto antes mejor. El oscurantismo del proceso constituyente, un rasgo más que evidente de que los cambios no iban a llegar, se ha puesto de manifiesto en un artículo publicado en Granma, con el título grandilocuente “Visión hacia el presente y futuro de la Patria”.

Así que, a la espera de cuál pueda ser el texto definitivo, lo que se ha podido conocer del futuro texto constitucional supone la confirmación de las posiciones más reaccionarias del régimen y una clara voluntad de pisotear cualquier puerta hacia las libertades, el pluralismo y la democracia. Por obra y gracia de los comunistas castristas, Cuba seguirá siendo una anomalía en el mundo occidental. Y eso, para los cubanos, significa más de lo mismo.

No tengo el menor interés en abordar las cuestiones generales que se plantean en el texto. Cubaeconomía se centra en las cuestiones de tipo económico y a ellas me quiero dirigir, porque son importantes y reflejan pocos cambios con respecto al statu quo actual, que se pretende consolidar con el nuevo texto.

En suma, se reafirma el carácter socialista del sistema político, económico y social, así como el papel rector del Partido Comunista de Cuba, con el monopolio partidista en el país. Una vez más régimen político y partido dirigente se dan de la mano para mantener el yugo opresor sobre la sociedad. En Cuba, el pluralismo político no verá la luz con esta constitución.

Por ese motivo, el Estado comunista mono partido se mantendrá “como un estado socialista” y todo lo demás, a partir de esa definición, sobra porque ni derecho, ni democrático, ni independiente ni soberano, ni tampoco organizado con todos y para el bien de todos, son elementos que puedan realmente garantizarse cuando todo el poder político recae en un solo partido que domina el aparato estatal.

Los márgenes que se establecen para el “trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar, y la prosperidad individual y colectiva” se someten de forma coercitiva al sistema comunista estatal, y como gusta de decir a los castristas, “con la revolución todo, fuera de ella nada”. Los tiempos de la homogeneidad comunista se vuelven a definir con toda claridad en este texto en el que se elimina y penaliza la pluralidad y la diversidad como elementos constitutivos de la sociedad.

Dicho de otro modo, cuando un partido único dirige y controla el estado, pensar en “la supremacía de la Constitución dentro del ordenamiento jurídico y la obligatoriedad de su acatamiento y cumplimiento por todos” es una pérdida de tiempo, una falta absoluta de legitimidad y el sometimiento del pueblo a una ideología que todo lo controla y lo dirige. Más o menos lo mismo que en los últimos 60 años.

Y aquí viene otro de los aspectos más significativos, ya que el texto se reafirma en el mantenimiento de “los fundamentos políticos del Estado socialista y revolucionario permanecen invariables”, fundamentos que no han permitido en seis décadas a los cubanos mejorar sus condiciones de vida, sino todo lo contrario. Es un contrasentido, defender los fundamentos políticos del estado, y al mismo tiempo querer asegurar la prosperidad individual y colectiva”. Eso ha sido imposible de alcanzar y nada hace presagiar que vaya a ser así en el futuro. Eso sí, la obsesión castrista por “preservar los logros de la revolución” se introduce claramente en el nuevo texto, son más.

Y en relación a lo que nos interesa, el sistema económico, el carácter reaccionario de la constitución queda reflejado al señalar que se mantienen “como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y la planificación como componente principal de dirección”. Más de lo mismo, y la única novedad es que “se añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, en cumplimiento de lo dispuesto en los llamados “Lineamientos” como si se tratase de un mal menor que no queda más remedio que aceptar, tras lo que llaman “consulta con amplios sectores de la sociedad”. Ni chinos ni vietnamitas han sido tan imprudentes y reaccionarios en sus reformas. En Cuba, se ha cerrado la puerta a la libertad económica.

Este acápite se complementa, otra vez, con el principio que destaca a la empresa estatal como sujeto principal de la economía nacional y se le reconoce su autonomía como principio esencial de funcionamiento. El nuevo texto no habla en ningún momento de la empresa privada, y esta es una cuestión que se echa en falta y que confirma que en la redacción del mismo los sectores más reaccionarios han ganado el pulso definitivo. Cuba seguirá siendo un país en el que la empresa privada sigue sin reconocimiento en las normas.

Eso sí, la constitución comunista ratifica “la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país, con las debidas garantías” y con ello se abren las puertas para la entrada del capital que solo podrá asociarse con empresas estatales y con los conglomerados monopólicos del ejército y la seguridad del estado que controlan los principales sectores de la economía. Con los cubanos privados, nada de nada.

En cuanto a los derechos de propiedad, que son los grandes olvidados de la constitución, solo se admite, dentro del marco comunista que se ve reforzado por la constitución y que otorga predominio a la propiedad estatal, un régimen especial para la propiedad de la tierra, “con limitaciones para su transmisión y el derecho preferente del Estado a su adquisición mediante su justo precio”, lo que se tendrá que analizar con más detalle, pero que viene a sancionar los límites al crecimiento de las parcelas explotadas por los privados para impedir la concentración de la tierra y la mejora de la escala de la producción.

Visto desde esta perspectiva económica, los aspectos relativos a la “defensa de las personas ante los tribunales de justicia para la salvaguarda de sus derechos, ante la acción u omisión indebida en sus funciones de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados” se convierte en papel mojado, por cuanto los derechos que se pueden reivindicar ante los tribunales nunca serán de propiedad privada. Este precepto es un coco vacío que solo aparece a efectos de “imagen” y poco más. La realidad es que la separación de poderes en Cuba deja mucho que desear y nada hace presagiar que los tribunales actúen realmente como un poder independiente bajo el nuevo texto constitucional.

El ejemplo está en las garantías a los derechos de petición y participación local, que van a permitir “la posibilidad de convocar consultas populares de asuntos de interés de la localidad, el derecho de la población a proponer análisis de temas en las asambleas y la correcta atención a las solicitudes, planteamientos, quejas y denuncias de los ciudadanos”. Papel mojado. Ya veremos si algún emprendedor cuyo negocio es confiscado por el régimen se atreve a ejecutar ese derecho de petición para reivindicar la queja y/o denuncia ante las autoridades. Las posibilidades de actuar con la represión y la coerción por parte de las autoridades, incluso bajo este tipo de preceptos, se mantienen. Cómo si no pensar en el concepto de “guerra de todo el pueblo” como elemento de referencia de la defensa y seguridad nacional. ¿En qué mente tóxica cabe pensar en este tipo de consideraciones para su inclusión en un texto constitucional?

Dicho a modo de resumen. Una constitución que mantiene el absurdo político de las llamadas “cláusulas de intangibilidad concerniente a la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político, social y económico”, dice muy poco en su favor, y sobre todo, clama por su más rotundo rechazo por parte de la sociedad. Han ganado las posiciones más reaccionarias ante una oportunidad de normalizar a Cuba, y su sistema político e institucional para facilitar las transformaciones económicas y sociales necesarias para su modernización. Con una constitución como la descrita, al menos en sus apartados económicos, no existe futuro para el país. Lo veremos. Por desgracia. No existe socialismo próspero, sostenible ni mucho menos democrático. La libertad va por otro camino.