Lo que realmente necesita el sector cooperativo cubano es propiedad privada
Elías Amor Bravo, economista
Un artículo publicado en Granma se pregunta en abierto, ¿Cómo se perfecciona el escenario para el desarrollo de las cooperativas agropecuarias? La respuesta es: haciendo justo lo contrario que plantea el régimen en sendos Decretos Ley No. 365 y su Reglamento y Decreto No. 354, publicados en la Gaceta Oficial Ordinaria número 37. Una simple revisión de estas normativas nos lleva a descubrir la verdadera naturaleza del embargo/bloqueo que plantea el régimen comunista a los cubanos.
Siendo como son necesarias, en la medida que suponen la entrada de aire fresco en el enrarecido sistema productivo agropecuario cubano, las cooperativas necesitan mucho más que unas normas burocráticas y de control que llaman de “perfeccionamiento y actualización del modelo económico”.
Para empezar, poco o nada se puede hacer en el campo cubano si todavía se resiste el estado comunista a ceder sus derechos sobre la tierra. Me explico. Mientras que el dueño del 78% de la superficie agrícola cultivable sea el estado, las posibilidades que tienen las cooperativas agropecuarias para incrementar superficies de producción y lograr escalas y tamaños eficientes depende en mayor medida de condicionantes ideológicos y políticos, que de transacciones de mercado, basadas en oferta y demanda.
Mientras que las formas de organización mercantil basadas en derechos de propiedad privada, respetados y legítimos no se arraiguen plenamente en la economía cubana, la simple gestión de la tierra por las cooperativas no dará los resultados buscados. Y que conste, que haber alcanzado el 67,8% de la tierra, en gestión cooperativa, se puede considerar un éxito, pero insisto, solo la gestión no es suficiente.
Hay que dar pasos decisivos hacia la propiedad privada de la tierra para que las cooperativas, y todo tipo de productores, puedan decidir libremente qué producir y en qué condiciones, sin ninguna intromisión del estado en sus procesos. La propiedad privada no se puede escamotear con una ficción de "gestión" sin más. Todavía, 60 años después de las confiscaciones de tierras a los legítimos propietarios de las mismas, la agricultura cubana se encuentra muy lejos de un escenario ideal, y no parece que se dirija hacia el mismo, si se atiende a las medidas que se van publicando.
Nos encontramos así con una situación curiosa, en la que el estado reconoce la importancia que tiene apostar y dar apoyo a las cooperativas en la producción agropecuaria, situándolas en pie de igualdad con otros actores del sistema productivo, como las granjas estatales o las UBPCs, y sin embargo, por otro lado, niega la introducción de las medidas jurídicas necesarias para sentar un marco de respeto institucional y jurídico a los derechos de propiedad privada, sin el cual, la actividad agropecuaria no puede prosperar, ni mejorar su rentabilidad.
Y en ese sentido, lo dispuesto en los Decretos Ley No. 365 y su Reglamento y Decreto No. 354, de la Gaceta Oficial Ordinaria No. 37 no ayuda mucho en la línea necesaria de reforma y modernización de las cooperativas. Para empezar estas normas solo aspiran, en general, a eliminar la dispersión legislativa existente en la materia y poco más. No hay que esperar gran cosa: la tierra seguirá teniendo un único dueño, el estado comunista, y los principios que rigen la organización económica continuarán siendo los mismos: burocracia, ineficacia y control.
De modo que derogar unas normas, modificar otras en desuso o llevar a término órdenes de los cónclaves comunistas en los llamados “lineamientos” son el contenido principal de estos decretos con los que se pretende mejorar el sistema cooperativo. Que se olviden. Si realmente han detectado “insatisfacciones respecto a los procesos de gestión administrativa, funcionamiento, eficiencia productiva, contratación, así como con el seguimiento, acompañamiento y control por parte de las empresas”, qué motivos tienen para no actuar en este ámbito y aprobar, de una vez por todas, una ley que restaure a la empresa privada en la economía cubana como sujeto de derechos y eje del sistema económico. Las cooperativas en cualquier país del mundo, como España o Italia, son empresas privadas con un compromiso social, y no meros gestores de activos pertenecientes a otros. Ahí reside su éxito, en ser los verdaderos dueños de la riqueza que generan, que es mucha.
En mi opinión, lo único
que va a cambiar será la burocracia, que acentuará sus mecanismos
de control sobre las cooperativas, unificando el régimen económico
con relación a la formación y distribución de los fondos por la
asamblea general, llegando al absurdo ideológico comunista de
establecer “que todas las cooperativas tengan denominaciones
comunes” como si todo lo que se tiene que arreglar dependiese de
una cuestión terminológica.
Se observan algunas mejoras para los socios, pequeñas concesiones para callar posibles protestas, como la liberación del llamado “fondo sociocultural” que ya no formará parte del patrimonio de las cooperativas, y no podrá ser objeto de retención empleándose para el pago a los socios, así como de “las áreas de uso colectivo” destinadas a prestar servicios a los cooperativistas, se dejan entrever en las normas aprobadas, pero en todo caso, todo queda supeditado a unos “programas de desarrollo del país”, sin más. Habas contadas.
Conclusión. El sector cooperativo cubano necesita mucho más que un par de decretos para salir adelante y convertirse en lo que puede llegar a ser: un auténtico motor productivo. El “perfeccionamiento” por el que apuestan las autoridades tan solo significa más burocracia y control, sin que se remuevan los obstáculos jurídicos, económicos, comerciales y de logística que frenan la dinámica de las explotaciones. La distancia a recorrer es larga y el régimen comunista no atiende a razones. Luego vendrán los problemas de escasez de alimentos, y culparán al embargo/bloqueo que realmente se encuentra en decretos como los publicados para intervenir en las cooperativas.
Un artículo publicado en Granma se pregunta en abierto, ¿Cómo se perfecciona el escenario para el desarrollo de las cooperativas agropecuarias? La respuesta es: haciendo justo lo contrario que plantea el régimen en sendos Decretos Ley No. 365 y su Reglamento y Decreto No. 354, publicados en la Gaceta Oficial Ordinaria número 37. Una simple revisión de estas normativas nos lleva a descubrir la verdadera naturaleza del embargo/bloqueo que plantea el régimen comunista a los cubanos.
Siendo como son necesarias, en la medida que suponen la entrada de aire fresco en el enrarecido sistema productivo agropecuario cubano, las cooperativas necesitan mucho más que unas normas burocráticas y de control que llaman de “perfeccionamiento y actualización del modelo económico”.
Para empezar, poco o nada se puede hacer en el campo cubano si todavía se resiste el estado comunista a ceder sus derechos sobre la tierra. Me explico. Mientras que el dueño del 78% de la superficie agrícola cultivable sea el estado, las posibilidades que tienen las cooperativas agropecuarias para incrementar superficies de producción y lograr escalas y tamaños eficientes depende en mayor medida de condicionantes ideológicos y políticos, que de transacciones de mercado, basadas en oferta y demanda.
Mientras que las formas de organización mercantil basadas en derechos de propiedad privada, respetados y legítimos no se arraiguen plenamente en la economía cubana, la simple gestión de la tierra por las cooperativas no dará los resultados buscados. Y que conste, que haber alcanzado el 67,8% de la tierra, en gestión cooperativa, se puede considerar un éxito, pero insisto, solo la gestión no es suficiente.
Hay que dar pasos decisivos hacia la propiedad privada de la tierra para que las cooperativas, y todo tipo de productores, puedan decidir libremente qué producir y en qué condiciones, sin ninguna intromisión del estado en sus procesos. La propiedad privada no se puede escamotear con una ficción de "gestión" sin más. Todavía, 60 años después de las confiscaciones de tierras a los legítimos propietarios de las mismas, la agricultura cubana se encuentra muy lejos de un escenario ideal, y no parece que se dirija hacia el mismo, si se atiende a las medidas que se van publicando.
Nos encontramos así con una situación curiosa, en la que el estado reconoce la importancia que tiene apostar y dar apoyo a las cooperativas en la producción agropecuaria, situándolas en pie de igualdad con otros actores del sistema productivo, como las granjas estatales o las UBPCs, y sin embargo, por otro lado, niega la introducción de las medidas jurídicas necesarias para sentar un marco de respeto institucional y jurídico a los derechos de propiedad privada, sin el cual, la actividad agropecuaria no puede prosperar, ni mejorar su rentabilidad.
Y en ese sentido, lo dispuesto en los Decretos Ley No. 365 y su Reglamento y Decreto No. 354, de la Gaceta Oficial Ordinaria No. 37 no ayuda mucho en la línea necesaria de reforma y modernización de las cooperativas. Para empezar estas normas solo aspiran, en general, a eliminar la dispersión legislativa existente en la materia y poco más. No hay que esperar gran cosa: la tierra seguirá teniendo un único dueño, el estado comunista, y los principios que rigen la organización económica continuarán siendo los mismos: burocracia, ineficacia y control.
De modo que derogar unas normas, modificar otras en desuso o llevar a término órdenes de los cónclaves comunistas en los llamados “lineamientos” son el contenido principal de estos decretos con los que se pretende mejorar el sistema cooperativo. Que se olviden. Si realmente han detectado “insatisfacciones respecto a los procesos de gestión administrativa, funcionamiento, eficiencia productiva, contratación, así como con el seguimiento, acompañamiento y control por parte de las empresas”, qué motivos tienen para no actuar en este ámbito y aprobar, de una vez por todas, una ley que restaure a la empresa privada en la economía cubana como sujeto de derechos y eje del sistema económico. Las cooperativas en cualquier país del mundo, como España o Italia, son empresas privadas con un compromiso social, y no meros gestores de activos pertenecientes a otros. Ahí reside su éxito, en ser los verdaderos dueños de la riqueza que generan, que es mucha.
Las normas
publicadas, entre otras medidas, “armonizan el funcionamiento de
las cooperativas con el resto de los actores del escenario
productivo” y “consolidan la relación entre la cooperativa y la
empresa agropecuaria a la cual se vincula, al otorgarle a esta última
la responsabilidad de brindar la atención necesaria en torno a los
procesos de gestión, planificación, producción y contratación de
las producciones dirigidas a satisfacer la demanda planificada”. ¿De
verdad se creen que con esto se puede mejorar la producción
agropecuaria en Cuba?
Se observan algunas mejoras para los socios, pequeñas concesiones para callar posibles protestas, como la liberación del llamado “fondo sociocultural” que ya no formará parte del patrimonio de las cooperativas, y no podrá ser objeto de retención empleándose para el pago a los socios, así como de “las áreas de uso colectivo” destinadas a prestar servicios a los cooperativistas, se dejan entrever en las normas aprobadas, pero en todo caso, todo queda supeditado a unos “programas de desarrollo del país”, sin más. Habas contadas.
Conclusión. El sector cooperativo cubano necesita mucho más que un par de decretos para salir adelante y convertirse en lo que puede llegar a ser: un auténtico motor productivo. El “perfeccionamiento” por el que apuestan las autoridades tan solo significa más burocracia y control, sin que se remuevan los obstáculos jurídicos, económicos, comerciales y de logística que frenan la dinámica de las explotaciones. La distancia a recorrer es larga y el régimen comunista no atiende a razones. Luego vendrán los problemas de escasez de alimentos, y culparán al embargo/bloqueo que realmente se encuentra en decretos como los publicados para intervenir en las cooperativas.
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