Plan de choque para la economía cubana post COVID19

Elías Amor Bravo, economista

Desde el comienzo de la crisis provocada por la COVID19 la economía cubana cae por un barranco y está a punto de colapsar. Ningún indicador funciona. Ni los externos, paralizados por la situación crisis internacional, ni mucho menos los internos, por la incapacidad del modelo económico social comunista para, entre otras cosas, dar de comer a la población. Situación compleja para la que se reducen los márgenes de acción, y cada vez es más evidente que de lo que está ocurriendo ahora no se sale con parches ni medidas puntuales que aten al sistema imperante, sino con su sustitución y adaptación a las tendencias internacionales. Sin apoyos financieros externos, la aventura social comunista del régimen castrista ha llegado a su fin, y debe ser reemplazada.

Ha llegado a su fin porque desde 2016 la economía está estancada. Al reducirse los suministros de petróleo de Venezuela, la maquinaria productiva se resintió. Después, la llegada de menos turistas, la recepción de una cuantía inferior de remesas, la falta de inversiones extranjeras y la insuficiente cantidad exportada de materias primas, se encargó del resto. La insolvencia del gobierno se materializó en una petición de aplazamiento de los pagos de la deuda del Club de París, pero esto no ha hecho más que empezar.

Al final, el régimen comunista solo ingresa divisas por la venta de servicios profesionales médicos, comercializados como cooperación internacional. Y actuando como intermediario en todas las operaciones con divisas procedentes de las remesas en el interior del país, mediante empleo de tarjetas bancarias, implicando al Banco Central en las mismas.

Detrás de este tétrico balance de la economía, el impacto de las sanciones de Estados Unidos no deja de ser anecdótico, y ha pasado a convertirse en un argumento de los dirigentes para justificar la inoperancia y los continuos errores en la aplicación de medidas de política económica.

Y entonces, llega la pregunta del millón de dólares. ¿Como Cuba puede hacer frente a este escenario económico próximo al colapso? La respuesta es única: transformando de raíz el sistema económico, instaurando un marco jurídico respetable para los derechos de propiedad privada que abra espacios a la actividad económica de los emprendedores y propicie la transformación de las relaciones de producción, sobre todo, en el sector agropecuario. La receta se llama devolver la propiedad privada a los cubanos, autorizar empresas privadas orientadas por el beneficio, sustituir la deficiente planificación central de la economía, por la fuerza dinámica del mercado como instrumento de asignación de recursos. Aceptar que en las actuales condiciones, nadie está dispuesto a salvar un estado fallido, cuya economía devora divisas sin que se obtengan beneficios claros para quién las otorga. Que le pregunten al Club de París, que puede dar referencias de ello.

La vía hacia la propiedad privada, la libertad económica y la prosperidad ya la tomaron tiempo atrás viejos socios de la Cuba comunista. Chinos y vietnamitas, países del telón de acero dominados por la URSS, la propia Rusia. Nadie se ha querido quedar en ese camarote absurdo de ideología totalitaria creada por Carlos Marx. Tan solo estados fallidos como Corea del Norte o Yemen se unen a Cuba en esa obsesión por la economía de raíz estalinista. La solución, que ya no admite más retrasos, es moverse hacia una economía de mercado mediante un profundo plan de reformas que en las circunstancias actuales provocadas por la crisis de la COVID19 es la única solución para evitar el colapso.

Existe cierto acuerdo entre los economistas que hay que empezar por la tierra y el sector agropecuario. La reforma agraria castrista ha sido un fraude histórico para los agricultores cubanos. Por ello, hay que devolver la titularidad de los derechos de propiedad a los productores, para que decidan, sin injerencia comunista local, qué quieren producir, para quién, a qué precios y lo más importante, quién se va a encargar de suministrar los bienes intermedios y llevar los productos a los mercados. 

La extensión y garantía de la propiedad privada en la agricultura, el derecho de propiedad del agricultor, debe ir acompañado de profundas reformas en la distribución comercial y logística para que los cubanos se olviden en el menor tiempo posible, de las hambrunas periódicas, de las colas, de la canasta normada, de la necesidad de resolver y de los absurdos precios topados. Aunque estas reformas llevarán tiempo en su aplicación, la inercia del sistema, su mantenimiento en las condiciones actuales, puede ser mucho peor. Existen ayudas de organismos internacionales a los que Cuba debe solicitar su adhesión, como el Banco Mundial o el FMI, que pueden ayudar y mucho en el tránsito hacia una agricultura competitiva dirigida por los productores agropecuarios y no por el estado comunista.

Después, el plan de reformas debe continuar con la propiedad inmueble y la construcción de viviendas, con la creación de un mercado de estos activos para que los cubanos puedan invertir en los mismos y empezar a promover un patrimonio privado que incremente la riqueza no humana asociada al ciclo vital del consumo. El sector de la construcción debe pasar a ser completamente privado sin ninguna restricción a la compra de viviendas. La banca deberá reorganizar sus actividades para dar entrada al crédito hipotecario para los promotores y compradores, la subrogación y en el ámbito internacional, otorgar la máxima flexibilidad y seguridad jurídica a la inversión extranjera en inmuebles.

Agricultura y construcción serán los sectores del plan de choque para la privatización económica en el más corto plazo posible, pero los procesos de privatización económica afectarán al conjunto de los factores de producción que, en el modelo actual, dicen estar adscritos a la “propiedad colectiva del pueblo”. 

Todas las empresas estatales se privatizarán por fases, y el estado podrá retener una parte, siempre inferior al 50%. El comercio exterior se realizará completamente libre, sin agencias intermediarias, y se promoverá un marco laboral competitivo basado en el diálogo y la concertación social. El presupuesto del estado se ajustará a la baja para ir adaptando sus dimensiones a la media de países de América Latina del 75% del PIB actual, al 30%. Los gastos e ingresos relacionados con las empresas serán suprimidos en el más breve plazo posible y se promoverá la inmediata eliminación de subsidios para facilitar la producción competitiva. Tras un paréntesis, la moneda ocupará la atención, fijando un cambio competitivo para que la economía cubana se beneficie plenamente de su apertura al exterior.