Bases para un gran acuerdo económico para Cuba y los cubanos


Elías Amor Bravo, economista
Advertencia al gobierno de Díaz-Canel: un incremento de la presión fiscal sería letal para la economía. Precisamente, lo que Cuba necesita es avanzar hacia una fiscalidad competitiva que no se plantee el objetivo de recaudar más, sino de hacerlo con eficiencia, para evitar los efectos perniciosos que se pueden producir sobre la actividad económica, como una caída de inversiones.
La crisis será más grave si el gobierno persiste en incrementar la fiscalidad. Solo se puede salir de esta crisis con medidas anticíclicas mientras la economía siga convaleciente. Las medidas de compensación de rentas adoptadas al inicio de la pandemia no se pueden retirar de sopetón, y es necesario promover su evolución y adaptación en función de la coyuntura.
Se trata de encontrar un equilibrio entre los recursos necesarios para mantener los servicios públicos esenciales, y al mismo tiempo estimular el crecimiento de la productividad. Un peso excesivo de la recaudación fiscal podría ser un lastre para numerosas empresas, sobre todo las que pertenecen a los pequeños emprendedores privados, frenando su capacidad de creación de valor.
Las autoridades deben entender que este no es el mejor momento para incrementar los impuestos y cuotas a la seguridad social, sino que es necesario estimular la actividad económica, el empleo y el consumo. Dado que la presión fiscal en porcentaje del PIB en Cuba es de las más elevadas del mundo, incrementar dicho porcentaje puede ser nefasto para muchas actividades económicas.
Es más, si se quiere estimular un sector crucial para la reactivación, como el turismo y que mejore su actividad en beneficio del resto de la economía, el gobierno debe ir pensando en reducir la fiscalidad que recae sobre este sector, en los establecimientos hoteleros, restaurantes, bares y cafeterías, salas de espectáculos, y la oferta complementaria, como parques de atracciones, peluquerías, gimnasios y los servicios vinculados con el turismo. Hay que rebajar los impuestos de todo tipo para incentivar este sector y sacarlo de la grave crisis en que se encuentra.
Se tiene que aprovechar la oportunidad para cambiar completamente los sistemas tributarios y no tributarios con los que se relaciona el gobierno castrista con las empresas. Hay que evitar la presión que recae sobre la recaudación no tributaria, especie de exacción fiscal directa que realiza el estado sobre el valor generado por las empresas, y de manera similar, reducir los subsidios destinados a las empresas. Los impuestos que queden, como el de utildades, trabajo o ventas, deben ser ajustados a las características del sistema empresarial económico cubano e ir dirigidos a incrementar la actividad, por un lado, y la mejora de la lucha contra el fraude, por otro. Y, al mismo tiempo, no apretar más al contribuyente que cumple sus obligaciones.
Igualmente esta es una buena ocasión para que el gobierno cubano alinee la política fiscal con la que existe en otros países de América Latina y el Caribe, potenciando la participación de la formación bruta de capital en el PIB, y rebajando los impuestos que recaen sobre la renta y utilidades, para estimular el ahorro y el patrimonio. Las ayudas a las empresas se tienen que redefinir al margen de los tradicionales subsidios de precios. Las políticas activas de empleo deben entrar a formar parte de la agenda gubernamental. En suma, todos los recursos del estado se deben dirigir a promover una política anticíclica intentando compensar el incremento del endeudamiento temporal.
Algunas de las medidas laborales posiblemente se tendrán que prorrogar, a partir de las condiciones iniciales en que se adoptaron, con el fin de mantener ingresos y que los trabajadores no se empobrezcan, a pesar de que la actividad se encuentre paralizada. El objetivo es facilitar a las empresas un retorno a la normalidad sin prisas que pueda poner en peligro la supervivencia de las mismas.
Junto con la prórroga de la política de rentas, sin embargo, se han de adoptar otras medidas, como por ejemplo, suprimir alguna regulación reciente que limita el poder de la dirección empresarial y su capacidad para gestionar sus recursos humanos. Se tienen que flexibilizar las relaciones laborales, reducir sus costes y, en especial, las cotizaciones empresariales a la seguridad social. Estas medidas podrían actuar como incentivos para las empresas que tengan dificultades para retornar a sus niveles de actividad.
De modo que si el primer semestre ha sido el del parón de la actividad, y el segundo presencia cómo la economía cubana se acerca al colapso, la tarea urgente vuelve a ser pensar en lo que viene, en concreto, qué diseño se quiere para el próximo ejercicio 2021, dando el actual por perdido. El gobierno cubano tiene que elaborar una hoja de ruta que debería negociar con los emprendedores privados, incorporando a la mesa a todos los agentes que operan en la economía, para alcanzar un gran acuerdo en Cuba, posiblemente el primero, para la recuperación de la economía.
Este acuerdo no debe ser resultado de la decisión del partido único que dirige la nación, sino que tiene que integrar a todos aquellos sectores con algo que decir, y que se respeten sus posiciones. El Club de Paris, a modo de sugerencia, o la Unión Europea, deben condicionar sus ayudas y financiación a este reconocimiento institucional para el Pacto. La razón es obvia: si no se hace un gran acuerdo Cuba entrará en una larga etapa de inestabilidad económica.
El gobierno debe aumentar la sensibilidad hacia los emprendedores privados y los trabajadores por cuenta propia en los sectores económicos afectados. Reconocer su existencia y abandonar la dejadez que existe en Cuba hacia estos agentes económicos, que no se ha visto en ningún otro país del mundo. Es necesario ayudar, facilitando liquidez para las empresas y aplazamientos de impuestos, así como ayudas directas en los términos antes descritos. Los abultados recursos del presupuesto del estado castrista se deben dirigir a todos los agentes económicos, y no solo al aparato estatal presupuestado. Hay que promover un fondo para empresas y emprendedores, aplazamientos en el pago de impuestos e incluso exoneraciones, mientras no se reactive la demanda y las empresas comiencen a facturar. La fiscalidad se debe dirigir a promover el desarrollo del sector del trabajo por cuenta propia, que ya alcanza el 30% de la ocupación.
Y sobre todo, el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para reducir la incertidumbre y corregir la falta de complicidad que se le supone con aquellos que se lanzan a la arena para defender sus proyectos empresariales. Se tiene que ver que es posible construir confianza y acuerdo entre los agentes económicos independientes y el gobierno. Y por concretar en qué dirección deben ir los objetivos del gobierno, conviene tener en cuenta los siguientes: la inversión pública, la seguridad jurídica, la colaboración público privada, la innovación y la reindustrialización. Estas propuestas son esenciales para facilitar la recuperación, la competitividad y garantizar la cohesión social.

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