La venta libre de materiales de construcción: hay que perseverar
En una serie de artículos sucesivos en Granma, escritos por Yaima Puig Meneses, se informa que el régimen castrista ha dado autorización en Cuba a más de 1.000 comercios, para la venta libre de materiales de construcción a particulares, en un intento de eliminar las irregularidades y los subsidios que se destinan a este sector. La medida fue introducida por las autoridades en el mes de enero y más de un millar de puntos de venta y mercados estatales ya están ofreciendo estos productos a la población en pesos cubanos (24 por un dólar) y a precios no subsidiados.
Por vez primera, en mucho tiempo, no podemos cuestionar una decisión del gobierno que entendemos que puede ser muy positiva para el futuro de la economía cubana. Y ello, por varias razones.
En primer lugar, y de manera primordial, una de las características más visibles de la economía castrista, fruto del régimen de propiedad existente, es la imagen de deterioro y destrucción del parque de viviendas, consecuencia, en parte de la naturaleza de un clima húmedo y el paso de los ciclones, pero de forma primordial, de la escasez de incentivos y medios materiales en la población para asumir estas actividades de mejora de la vivienda. Algunos analistas cifran el déficit de vivienda en Cuba en torno 500.000 viviendas, una cifra que para una población de 11 millones de habitantes parece asombrosa.
Además, la planificación estatal de esta actividad de construcción de viviendas es un fracaso de año en año, con notables niveles de incumplimiento. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas en 2010 se construyeron 33.000 viviendas, cifra claramente inferior a las 35.000 de 2009 y de las 111.000 de 2006. La traslación a futuro de estos datos no hace otra cosa que agravar un problema que en los “lineamientos” ha recibido un tratamiento extenso e intenso.
En segundo, por cuanto significa de poner en marcha un mercado real de venta de productos necesarios para las familias. No vamos a cuestionar la cifra de 1.000 o 2.000 establecimientos comerciales, porque esta no es la cuestión. El mero hecho de liberalizar la distribución de productos fundamentales para la población, ya es una buena medida, si bien, las previsibles elevaciones de precios que se pueden producir si la oferta no reacciona a una demanda en aumento, pueden hacer inviable muchas de estas operaciones comerciales.
Es cierto que años atrás el régimen había autorizado a determinadas tiendas la venta de materiales de construcción en pesos convertibles a la población que tenía acceso a la moneda fuerte. Una opción que dejaba a la mayoría de cubanos fuera de este mercado naciente, por su incapacidad para acceder a divisas y los precios elevados de venta. Con la nueva medida, la venta en pesos cubanos (al cambio fijado con el CUC) permitirá a más población acceder a estos productos, si pueden pagar lo establecido.
Y aquí es donde viene la tercera razón, ya que, como se informa en Granma, las autoridades quieren implementar un procedimiento para ayudar a los núcleos de menos ingresos a poder realizar las operaciones de mejora de sus viviendas, y he aquí el dato histórico.
El régimen castrista, entregado a la subvención y la gratuidad, ha decidido que estas ayudas se materialicen en forma de créditos bancarios o ayudas directas y no interferir en la modulación del precio final. La idea es que el precio al que se vendan los productos en las tiendas refleje el ajuste del mercado a demanda y oferta, y compensar a las personas de bajos ingresos con estos instrumentos indirectos que, por otra parte, funcionan en otras economías.
De lo que no cabe duda es que muchos cubanos también van a poder respirar tranquilos, toda vez que la maraña burocrática existente para poder acceder a los productos de construcción, y que generaba un alto índice de corrupción y favoritismo que beneficiaba a unos en detrimento de otros en función de su proximidad al poder, se puede ver suprimido por el funcionamiento libre de la oferta y la demanda.
Que nadie dude de la bondad del régimen. Las inversiones que muchas familias cubanas van a realizar en sus viviendas se van a realizar, ya se están produciendo, gracias a las transferencias de los exiliados que trabajan y viven en el exterior. Pero tampoco en esto podemos ver aspecto negativo alguno, si entendemos que tal cosa sucede en otros muchos países, y que esa inyección de recursos desde el exterior puede ayudar a consolidar un mercado libre de productos que, a su vez, empujen de empresas especializadas en la producción, que generen empleo asalariado, rentas y riqueza. Esa es la esencia del modelo de economía de mercado, y ojalá que la liberalización no fuera una referencia anecdótica.
Coincido con Granma, y los que siguen mis artículos saben que es bastante infrecuente, que de llevarse a cabo esta reforma, estamos ante un verdadero "cambio de estructura", cuyo objetivo no parece ser solamente la liberalización de la venta de productos y materiales de construcción a los particulares, sino que las empresas municipales de comercio (en su mayoría estatales y con un régimen de monopolio local o territorial que pronto entrará en crisis) y que actúan como puntos de venta minorista, puedan llegar a firmar contratos de suministro con las empresas productoras de los materiales.
Existe todavía un exceso de control político sobre la actividad que se desarrolla en este mercado liberalizado. Las autoridades castristas desconfían de la libertad económica, de la misma forma que de las libertades políticas y democráticas. Pero lo que no saben es que las fuerzas de la economía productiva, una vez que se liberan, es difícil volver a encerrarlas en una jaula, y con este tipo de decisiones, por mucho que se empeñen en controlar y decidir sobre el proceso, lo tienen bastante difícil.
La lectura de los tres artículos y la descripción de situaciones calificadas como “irregulares”, desde la entrada en vigor de esta medida a comienzos de año, pone de manifiesto el atraso de las formas comerciales existentes en la economía castrista, la obsesión por el control y los procedimientos burocráticos y la preocupación por la vigilancia de los principios revolucionarios. Vale la pena leer el episodio crítico con el administrador que toma decisiones individuales contrarias a las directrices de la organización, pero racionales desde el punto de vista económico. Un galimatías económico que convierte la economía cubana en una caricatura que merece ser estudiada porque raya en los brotes psicóticos de la irracionalidad.
Tomado de Miscelanea de Cuba, 25-05-2011
Por vez primera, en mucho tiempo, no podemos cuestionar una decisión del gobierno que entendemos que puede ser muy positiva para el futuro de la economía cubana. Y ello, por varias razones.
En primer lugar, y de manera primordial, una de las características más visibles de la economía castrista, fruto del régimen de propiedad existente, es la imagen de deterioro y destrucción del parque de viviendas, consecuencia, en parte de la naturaleza de un clima húmedo y el paso de los ciclones, pero de forma primordial, de la escasez de incentivos y medios materiales en la población para asumir estas actividades de mejora de la vivienda. Algunos analistas cifran el déficit de vivienda en Cuba en torno 500.000 viviendas, una cifra que para una población de 11 millones de habitantes parece asombrosa.
Además, la planificación estatal de esta actividad de construcción de viviendas es un fracaso de año en año, con notables niveles de incumplimiento. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas en 2010 se construyeron 33.000 viviendas, cifra claramente inferior a las 35.000 de 2009 y de las 111.000 de 2006. La traslación a futuro de estos datos no hace otra cosa que agravar un problema que en los “lineamientos” ha recibido un tratamiento extenso e intenso.
En segundo, por cuanto significa de poner en marcha un mercado real de venta de productos necesarios para las familias. No vamos a cuestionar la cifra de 1.000 o 2.000 establecimientos comerciales, porque esta no es la cuestión. El mero hecho de liberalizar la distribución de productos fundamentales para la población, ya es una buena medida, si bien, las previsibles elevaciones de precios que se pueden producir si la oferta no reacciona a una demanda en aumento, pueden hacer inviable muchas de estas operaciones comerciales.
Es cierto que años atrás el régimen había autorizado a determinadas tiendas la venta de materiales de construcción en pesos convertibles a la población que tenía acceso a la moneda fuerte. Una opción que dejaba a la mayoría de cubanos fuera de este mercado naciente, por su incapacidad para acceder a divisas y los precios elevados de venta. Con la nueva medida, la venta en pesos cubanos (al cambio fijado con el CUC) permitirá a más población acceder a estos productos, si pueden pagar lo establecido.
Y aquí es donde viene la tercera razón, ya que, como se informa en Granma, las autoridades quieren implementar un procedimiento para ayudar a los núcleos de menos ingresos a poder realizar las operaciones de mejora de sus viviendas, y he aquí el dato histórico.
El régimen castrista, entregado a la subvención y la gratuidad, ha decidido que estas ayudas se materialicen en forma de créditos bancarios o ayudas directas y no interferir en la modulación del precio final. La idea es que el precio al que se vendan los productos en las tiendas refleje el ajuste del mercado a demanda y oferta, y compensar a las personas de bajos ingresos con estos instrumentos indirectos que, por otra parte, funcionan en otras economías.
De lo que no cabe duda es que muchos cubanos también van a poder respirar tranquilos, toda vez que la maraña burocrática existente para poder acceder a los productos de construcción, y que generaba un alto índice de corrupción y favoritismo que beneficiaba a unos en detrimento de otros en función de su proximidad al poder, se puede ver suprimido por el funcionamiento libre de la oferta y la demanda.
Que nadie dude de la bondad del régimen. Las inversiones que muchas familias cubanas van a realizar en sus viviendas se van a realizar, ya se están produciendo, gracias a las transferencias de los exiliados que trabajan y viven en el exterior. Pero tampoco en esto podemos ver aspecto negativo alguno, si entendemos que tal cosa sucede en otros muchos países, y que esa inyección de recursos desde el exterior puede ayudar a consolidar un mercado libre de productos que, a su vez, empujen de empresas especializadas en la producción, que generen empleo asalariado, rentas y riqueza. Esa es la esencia del modelo de economía de mercado, y ojalá que la liberalización no fuera una referencia anecdótica.
Coincido con Granma, y los que siguen mis artículos saben que es bastante infrecuente, que de llevarse a cabo esta reforma, estamos ante un verdadero "cambio de estructura", cuyo objetivo no parece ser solamente la liberalización de la venta de productos y materiales de construcción a los particulares, sino que las empresas municipales de comercio (en su mayoría estatales y con un régimen de monopolio local o territorial que pronto entrará en crisis) y que actúan como puntos de venta minorista, puedan llegar a firmar contratos de suministro con las empresas productoras de los materiales.
Existe todavía un exceso de control político sobre la actividad que se desarrolla en este mercado liberalizado. Las autoridades castristas desconfían de la libertad económica, de la misma forma que de las libertades políticas y democráticas. Pero lo que no saben es que las fuerzas de la economía productiva, una vez que se liberan, es difícil volver a encerrarlas en una jaula, y con este tipo de decisiones, por mucho que se empeñen en controlar y decidir sobre el proceso, lo tienen bastante difícil.
La lectura de los tres artículos y la descripción de situaciones calificadas como “irregulares”, desde la entrada en vigor de esta medida a comienzos de año, pone de manifiesto el atraso de las formas comerciales existentes en la economía castrista, la obsesión por el control y los procedimientos burocráticos y la preocupación por la vigilancia de los principios revolucionarios. Vale la pena leer el episodio crítico con el administrador que toma decisiones individuales contrarias a las directrices de la organización, pero racionales desde el punto de vista económico. Un galimatías económico que convierte la economía cubana en una caricatura que merece ser estudiada porque raya en los brotes psicóticos de la irracionalidad.
Tomado de Miscelanea de Cuba, 25-05-2011
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