El ajuste duro del gasto público en el régimen castrista: algunas evidencias recientes
Elías
Amor Bravo
En estos
días, en los que la atención hacia la Isla viene motivada por la pérdida
irreparable de Oswaldo Payá Sardinas, varios acontecimientos importantes se han
producido en materia económica durante las sesiones de la Asamblea Nacional.
Uno de
ellos, fue el Informe de la liquidación del presupuesto del estado castrista en
2011, a cargo del presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Osvaldo
Martínez. Menuda tarea.
Tal vez
sin saberlo, ha puesto encima de la mesa una serie de informaciones que arrojan
luz sobre el estado caótico de la economía castrista en estos primeros meses de
2012.
Para
empezar, se presenta como “importante reducción del déficit fiscal entre
el estimado presentado en diciembre pasado (3,8% del PIB) y el real de 1,7%”,
lo que a duras penas no es fácil de comprender en una economía en la que todos
los activos están en manos del Estado, sin que esa separación entre las bases
de los ingresos y fuente de generación de los mismos dificulte realizar esta
comparación.
Tal vez
convendría explicar brevemente a los dirigentes del castrismo en qué consiste
el déficit del Estado.
En
cualquier economía donde conviven lo privado y lo público, el Estado ejerce una
influencia sobre la actividad económica recaudando impuestos y realizando
gastos para cumplir con una serie de fines. La diferencia entre estas dos
partidas, cuando es negativa, se llama déficit, y su comparación con el valor
del producto interior bruto, PIB, permite realizar las comparaciones habituales
conocidas por todos.
¿Qué
ocurre en la economía castrista que la hace distinta del resto? Muy sencillo.
Mientras que en cualquier economía del mundo, la mayor parte de la actividad
económica tiene un origen privado, o mixto privado y público, de ahí que el
Estado fije impuestos para detraer una parte de los ingresos que se obtienen en
esa esfera de la actividad, en la economía castrista, el 90% de la base
productiva continúa siendo propiedad de quién se encarga de recaudar.
Es decir,
que la producción de la economía podría interpretarse, en sentido estricto,
como ingresos estatales, ya que va íntegramente a la caja del Estado que es el
propietario de las fuentes de producción. Se podría afirmar que lo que crece la
economía castrista es similar a lo que crecen los ingresos estatales. Los gastos,
se corresponden con los distintos programas que realiza el Estado
(subvenciones, sueldos de funcionarios, inversiones).
¿Qué nos
está diciendo el malabarista Osvaldo Martínez? Muy sencillo. Si, con la
economía creciendo al 2,1% el déficit era del 3,8% del PIB, y ahora con un
crecimiento del 2%, muy similar, se ha reducido el déficit al 1,7%, el ajuste
realizado por las autoridades en los gastos
tiene mucho que ver con las políticas de ajuste duro tipo FMI, o
“neoliberales”, que tanto critican los castristas en otros países. En efecto,
si los ingresos crecen más o menos lo mismo que hace un año, y el déficit se
reduce a casi la mitad, el ajuste a la baja se ha producido en los gastos
públicos. La severidad del ajuste del gasto que han realizado las autoridades
castristas tiene sus efectos sobre la población y siembra las condiciones para
un creciente nivel de malestar social.
Lo
realmente sorprendente no es que el bajo nivel alcanzado por el déficit del presupuesto
del estado castrista, sino que coincida con un crecimiento de la economía del
2%. Nos encontraríamos ante una situación excepcional de la economía, desconocida
a lo largo de sus cincuenta años de existencia, buscando una enigmática ortodoxia
fiscal alejada de los esquemas convencionales de funcionamiento, que viene
impuesta por las difíciles condiciones del entorno y la previsible pérdida de
apoyos económicos externos (Venezuela y Chávez). Es muy probable que chinos,
rusos y vietnamitas hayan exigido a Raúl Castro que sanee en profundidad sus
cuentas públicas, antes de embarcarse en proyectos financieros a medio y largo
plazo. En cualquier caso, el ajuste del gasto público en el régimen castrista
se puede calificar de temerario.
Las repercusiones pueden estallar en cualquier
momento.
Algunos
datos expuestos por Martínez nos descubren la grave situación de quiebra
estructural de las cuentas del estado castrista en sus principales partidas
sociales. Por ejemplo, según Martínez, la seguridad social del régimen solo cubre
con sus ingresos el 59% de los gastos, que ascendieron a 2.078,3 MMP,
necesitando apoyo del resto de los ingresos estatales para cuadrar sus cuentas.
Si a ello se añade el bajo nivel de las pensiones y el rápido envejecimiento de
la población de la Isla, no cabe duda que este es un aspecto al que habrá que
prestar mucha más atención, y dejarse de demagogias trasnochadas.
Otro dato
que merece atención es la cifra, ciertamente elevada, de 4.148,1 MMP que el
Presupuesto dedicó a subsidios “por la diferencia entre los precios minoristas
y los del mercado internacional para promover exportaciones y sustituir
importaciones”. Una economía que apenas tiene recursos para atender las
necesidades de su población, situada en niveles mínimos de subsistencia,
fomentando con subvenciones vía precios las exportaciones. ¿Alguien puede
comprender qué sentido tiene esta política económica? Más aun, cuando Martínez
confía que ese nivel de gasto, una de las partidas más relevantes, “puede y
debe reducirse mediante una disminución de los costos nacionales”. Pero, ¿cómo
pretende Martínez rebajar los costes nacionales sin una mejora de la
competitividad, de la productividad y una mayor libertad económica?
Por si todo
esto no fuera suficiente, Martínez entró en el guión de las “culpas y
responsabilidades”, ese argumentario que se ha puesto de moda en la “corte
raulista” en los últimos tiempos. Por ejemplo, anunció que “se dejaron de ingresar 2.739 MMP
por concepto del impuesto sobre circulación y ventas (uno de los más relevantes
de la economía) debido a la falta de materiales de construcción para la venta
por 1.232,3 MMP o la débil gestión de cobro de los efectos electrodomésticos
por 570 MMP. Además, debido a incumplimientos en la producción se dejaron de
recaudar 366 MMP en panaderías, 115,5 MMP en venta de fósforos y 108 MMP por
déficit en la producción de cigarros”. Todo ello indicadores de una gestión
deficiente.
Martínez
continuó entonando su mea culpa al señalar que la cifra de 2.141,2 MMP dedicada
al subsidio a los precios minoristas a la población “es claramente insostenible”,
y para no salir del guión culpó al “sostenido crecimiento de los precios
internacionales de los alimentos en medio de la crisis económica global y la
especulación que empuja al alza dichos precios”, de ser los responsables de ese
descontrol del gasto que parece que cuenta con la firme voluntad del Gobierno
“para proteger al máximo posible a la población”.
Lo cierto es que los cubanos
cada vez compran menos productos subsidiados, no tanto porque escasean, sino
porque se han ido eliminando progresivamente. Otro problema que tiene fácil
solución: producir más, liberalizar el mercado y dejar que las fuerzas privadas
se encarguen de lo que es suyo.
Otra
fuente de quebranto para el presupuesto viene del eterno subsidio por pérdidas
a las ineficientes empresas estatales agrícolas, MINAGRI, AZCUBA, MINBAS, MINIL
y los OLPP, y se concentra en un 77,3% de sus presupuestos. A la vista de estos
resultados, casi es mejor cerrarlas todas y comprar los alimentos en el
exterior, con lo que además podrían ahorrarse las subvenciones a los precios
minoristas para promover las exportaciones.
Después
de todo esto, no debe extrañar que las autoridades se embarquen en reformas de
las leyes tributarias. Insisto, mientras que no se produzca la necesaria
separación de bases imponibles privadas y públicas, y se permita el sólido
desarrollo y consolidación de las primeras, la economía socialista de planificación
central, actualizada o no, que se fija en los “Lineamientos” v seguirá siendo
un caos, un ejemplo de ineficiencia y de pésima gestión.
La
transformación de la economía privada cubana en el estado socialista caótico,
ineficiente y subvencionado del exterior se consagró en poco tiempo a costa de
la violencia, de los robos y confiscaciones y la pérdida injusta de vidas
humanas. El retorno a la economía competitiva, dinámica y eficiente que
caracterizó a la República en su medio siglo de existencia antes de 1959 va a
resultar cuando menos problemática, pero debe hacerse y debe hacerse bien.
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