La situación de la economía cubana en el verano de 2012 (III)

Lineamientos, presupuestos y reformas tributarias[1]

Elías Amor Bravo, Economista

III.

El tercer acontecimiento de interés económico coincide con la presentación ante la Asamblea por la ministra de finanzas y precios, Lina Pedraza, del “Proyecto de Ley del Sistema Tributario Cubano” después de un largo proceso de análisis y reflexión, como casi todos los “cambios” que se vienen introduciendo recientemente.

La reforma tributaria se percibe por las autoridades del régimen “como uno de los instrumentos básicos para avanzar en la actualización del modelo económico en los términos planteados por el Sexto Congreso del Partido”. En dicho modelo, cuyos rasgos generales permiten afirmar que no es ni más ni menos que el mismo sistema económico fracasado de medio siglo, la política tributaria quiere alcanzar una “base legal para cumplir su papel regulador y permitir un modo de funcionamiento de la economía más apoyado en principios generales de derechos y de regulación económica que en disposiciones administrativas”.

En el clásico “The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution” de James M. Buchanan y Geoffrey Brennan, la capacidad fiscal de un gobierno se encuentra directamente relacionada con su base constitucional y democrática. Precisamente esa Ley fundamental, emanada de un órgano representativo en el que se plasma el pluralismo social y político, se convierte en el instrumento que fija los límites para la exacción de rentas que supone cualquier norma tributaria. Lo contrario es feudalismo económico.

En el régimen castrista, se deben creer que el precario armazón de ilegalidades con el que han construido el sistema institucional comunista que rige en la Isla es suficiente para normar la actividad tributaria. Se equivocan. Porque ese bodrio de constitución que exhiben al mundo como un ejemplo de falsa institucionalidad, es antidemocrático, no se ha edificado a partir de un sistema de consulta electoral basado en la competencia entre partidos de distintas ideologías que confrontan programas y ofertas. Es un remedo construido a partir del intento, voluntarista, de transformar una vulgar dictadura, en un sistema presidencial.

Tal vez por ello, la falta de legitimidad democrática de esta Ley tributaria, aun cuando sea aprobada por la Asamblea Nacional, la convierte en papel mojado antes de nacer, y de seguro, impedirá que el Estado comunista que carece de legitimidad democrática, pueda contar con un instrumento de política económica, que permita obtener ingresos en la cuantía suficiente, a la vez que estimular los sectores, actividades y conductas que contribuyen al desarrollo socio-económico. Sin democracia y estado constitucional, no es posible, por mucho que se empeñen los castristas, en construir una cultura tributaria en la sociedad.

El proyecto de Ley identifica, como no podría ser de otro modo, la redistribución de los ingresos de los sectores de mayor capacidad económica hacia los de menores ingresos como un objetivo fundamental. Este enunciado significa que el castrismo, finalmente, reconoce públicamente la existencia de clases sociales que afloran, que convierten en fracaso el legado de la llamada “revolución” si es que alguna vez existió, y que tira por la borda medio siglo de políticas erráticas para destruir la economía cubana.

La Ley tributaria quiere sustituir la anterior, 73 "del Sistema Tributario", de 4 de agosto de 1994, creada a toda prisa durante el llamado “período especial” con voracidad recaudatoria, en un momento en que la economía castrista se hundía de forma imparable al perder los apoyos de Europa del Este, tras la caída del muro de Berlín.

Algunos aspectos que merecen destacarse de la nueva Ley son, entre otros:

—El mantenimiento de la exención sobre los salarios en el impuesto a los ingresos personales mientras se mantengan las actuales condiciones económicas, es decir, se entiende que un salario medio de 18 dólares, difícilmente puede someterse a impuesto directo alguno. No hay previsión alguna de cuando se va a dar solución a esta cuestión, lo que vacía de contenido este impuesto.

—Dicen que la aplicación de la escala progresiva se dirige a “abrir espacios al trabajo por cuenta propia”, lo que se plasma en una disminución de la carga tributaria a los trabajadores por cuenta propia entre un 3% y un 7 %, para mayores y menores ingresos respectivamente. Es evidente que la actual estructura tributaria desincentiva el establecimiento por cuenta propia y con ello se pretende aligerar la presión.

—Reducción del 50% del tipo impositivo a los beneficios obtenidos por los productores agropecuarios, con el objetivo de estimular la producción de alimentos y de diversos productos del sector. En igual sentido actuará el impuesto por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales, así como la exoneración a los usufructuarios de tierras estatales del pago de los impuestos sobre ingresos personales, sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas y por la utilización de la fuerza de trabajo, por un periodo de 2 años a partir de la entrega de las tierras y por 4 años si fuera necesario emprender trabajos adicionales por la existencia de plantas leñosas como el marabú. Ya veremos si este tipo de medidas contribuye a mejorar la producción agrícola. Tenemos dudas mientras no se altere el marco actual de derechos de propiedad y se consigan aumentos reales de productividad en el sector.

—El impuesto de circulación, que es una rémora del pasado, desaparecerá gradualmente para ser sustituido por los impuestos sobre ventas y especial a productos y servicios, aún por definir y concretar, pero de claro significado inflacionista y distorsionador.

—Los impuestos que se anuncian sobre la propiedad de viviendas y solares yermos no se aplicarán hasta que no se den las condiciones económicas y de gestión (mencionan expresamente la actualización del Registro de la Propiedad) que los hagan posible. ¿El regreso de la propiedad privada? No lo creo. Además, de manera sorprendente, se exonera del pago de este impuesto a los propietarios de viviendas declaradas inhabitables. La pregunta es, ¿no existe en la Isla el derecho a una vivienda digna? ¿Dónde ha quedado toda esa propaganda?

—Se pretende igualmente fomentar la contratación de trabajadores por los cuenta propistas, y para ello se fija la disminución del tipo impositivo del impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo, de un 25 % a un 5 % en un plazo de 5 años. Se ratifica la exoneración del pago de este impuesto a los trabajadores por cuenta propia, los agricultores individuales y otras personas naturales que sean autorizadas a contratar fuerza de trabajo, por la contratación de hasta 5 trabajadores, y por encima de esa cantidad se establece una escala progresiva en proporción al salario medio de la provincia de que se trate. ¿Qué quieren, que la dimensión media se quede en cinco trabajadores? Un modelo de minifundismo fácil de controlar y dominar. Menos mal que la influencia del sistema impositivo sobre el empleo es una cuestión sobre la que los autores no se ponen de acuerdo. Tal vez sería mejor que se revisaran los niveles de productividad del trabajo, pero esa cuestión no está sobre la mesa de las autoridades del régimen.

— Y así, por esa voracidad recaudatoria con la que nace la Ley, aparece un conjunto de nuevos impuestos que recaen sobre bases imponibles relativamente novedosas, como la protección del medio ambiente y los recursos naturales, por medio de impuestos por el uso y explotación de las playas, el uso y explotación de bahías, el derecho de uso de las aguas terrestres, la utilización y explotación de los recursos forestales y la fauna silvestre, así como por el vertimiento aprobado de residuales en cuencas hidrográficas. La cuestión es, ¿Quién pagará estos impuestos? ¿Los turistas? Ya veremos qué incidencia tienen sobre el coste de los paquetes de turismo y como la demanda reacciona a un cambio en los precios relativos de los resorts del Caribe.

— De igual modo, promueven una idea de estímulo al desarrollo local, con la aplicación de un tributo territorial definido centralmente que pagarán las empresas, las sociedades mercantiles y las cooperativas a los Consejos de la Administración Municipales donde operen sus establecimientos. Una especie de tasa que va a generar no pocas distorsiones en la distribución de la actividad económica en todo el territorio, empobreciendo unas zonas en detrimento del rápido enriquecimiento de otras.

Toda esa letanía de  nuevos impuestos y tasas se acompaña de exhortaciones a una “disciplina tributaria y el fomento de una cultura en el pago de impuestos”, mediante la implantación de bonificaciones a los contribuyentes que efectúen sus pagos en plazos tempranos a la vez que se penaliza a los morosos e incumplidores. Un sistema parecido al de las multas de tráfico, que tienen una reducción si se pagan en el instante. Créanme que este tipo de prácticas  tienen poco que ver con el objetivo de construir una cultura tributaria, que se debe abordar desde las primeras etapas de la educación.

A ello se añaden cuestiones controvertidas como el arancel de aduanas, que será presentado a la aprobación del Consejo de Ministros, que decidirá sobre su eventualidad cuando sea necesario, o los regímenes especiales de tributación en las zonas especiales de desarrollo, así como otros regímenes tributarios para determinados sectores de la economía, dando cuenta de ello a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y poco más.

La imagen que se obtiene de todo esto es justo la contraria que se debe alcanzar. Un sistema complejo, de difícil encuadre con la actividad económica que sigue siendo mayoritariamente estatal, y de dudoso impacto sobre la economía. Además, el consejo de ministros se reserva competencias muy relevantes para modificación de tipos, exenciones y todo tipo de arbitrariedades que suponen un marco jurídico especialmente agresivo sobre las decisiones de los agentes económicos. Cosa que, por otra parte, es muy habitual en la economía castrista.

¿Qué conclusiones podemos extraer de esta iniciativa? Una ley tributaria que se somete a aprobación de una Asamblea Nacional, que asiste como mero espectador a los designios que desde el ejecutivo se le obliga a aceptar (destacan las 54 modificaciones, sin más), tiene escaso recorrido en términos de aceptación social. Me parece tiempo perdido, esfuerzos baladíes que no van a tener los objetivos que se persiguen.

La actualización del modelo económico cubano necesita mucho más que una ley tributaria para tener éxito. Su futuro es bastante incierto. A tenor de las disposiciones contenidas en esta norma, todas las reformas del raulismo están cuestionadas y se incorporan incentivos, estímulos y medidas para activarlas. Creo que ni así lo conseguirán. La economía necesita derechos de propiedad y economía de mercado libre. Un paradigma que está en las antípodas de la economía castrista.

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[1] Informe elaborado a partir de las intervenciones en la Asamblea Nacional de Marino Murillo, Osvaldo Martínez y Lina Pedraza, con informaciones procedentes de Granma Internacional.