La visión de los comunistas cubanos en 2030
Elías Amor Bravo, economista
Ha sido una auténtica sorpresa que el
cónclave comunista se haya dedicado a debatir un “plan nacional de
desarrollo económico y social, nada más y nada menos que hasta
el 2030, como si las urgencias del presente, por otra parte, las
mismas que en los últimos 57 años, no fueran suficientemente
importantes. Esa obsesión con trasladar al futuro lo que se es
incapaz de gestionar en el presente es una práctica que el régimen
de los Castro ha sabido adoptar en cada momento de su tiempo, pero
pensar en 2030 no deja de ser una majadería. Un ejemplo es la
Comisión del congreso encargada de abordar este tema y presidida
nada más y nada menos que por Esteban Lazo y Ramiro Valdés, fue la
encarga de abordar el plan 2030. Como dice Granma, “un alto nivel
de influencia política”: más o menos lo mismo de siempre.
Pero es que hay más. No cabe la menor
duda que este plan supone un mensaje muy claro a la sociedad cubana y
al mundo. Básicamente dice que la regencia comunista de la Isla
aspira a seguir siéndolo en 2030 y además, en las mismas
condiciones que en la actualidad. Es decir, de cambio nada. El
comunismo cubano, de inspiración castrista, marca el territorio y
deja fuera de juego, y de participación, al resto de la sociedad
cubana. Tal vez una mayoría aplastante.
Inasequibles al desaliento, los
comunistas en cónclave, se han puesto a analizar “la visión de la
nación, los principios rectores, así como sus ejes y sectores
estratégicos”. Las transformaciones de más calado consideradas en
las bases del plan comunista, basado en la ideología comunista y en
lo que esta organización, cuya representatividad en la sociedad
cubana sigue sin ser medida en términos de participación
democrática y plural, impone al resto.
De ese modo, cerrando los ojos ante las
penurias actuales, los bajos niveles salariales, el escaso poder
adquisitivo de la población, la disminución de la calidad de los
servicios, la ausencia de derechos de propiedad, la migración en
aumento, no se les ocurre otra cosa que abordar una serie de
cuestiones generales cuya justificación es, cuanto menos,
cuestionable.
En primer lugar, plantean el problema
energético: la prospección, producción y refinación de petróleo
y gas entre los sectores estratégicos del país.
Cierto es que Cuba, históricamente,
carecía de recursos energéticos. Por desgracia en su subsuelo no
existen yacimientos de petróleo o gas natural. Una lástima. Pero
antes de 1959, nadie en Cuba tenía problemas de abastecimiento de
gasolina para sus automóviles o de electricidad en sus casas y
negocios. La falta de combustible y los “apagones” han sido
consecuencia del régimen instaurado a partir de 1959 por los
comunistas. Esa es la causa, y no el efecto. Me parece bien que se
hable de energías alternativas y de la búsqueda de la
autosuficiencia en 2030, pero hay muchos países en el mundo que no
tienen recursos energéticos y, sin embargo, funcionan perfectamente.
La clave es que venden productos y servicios de mayor valor añadido
en el comercio mundial, y gracias a ello pueden pagar las compras de
productos energéticos que curiosamente están bajando de precios.
Sin embargo, los comunistas se
dedicaron en la Comisión a hablar de os mismos temas de siempre, que
si “explorar las potencialidades en aguas territoriales, mapear con
tecnología sísmica cerca de 22 000 kilómetros cuadrados con una
empresa china, buscar los recursos ubicados en grandes
profundidades, atender a las capacidades de refinación profunda,
producir gas acompañante que se utiliza para la producción
energética”, en fin, cuestiones que pueden estar muy bien en el
horizonte de 2030 pero que nada resuelven a corto y medio plazo. Y
ahí quedó todo.
Después trajeron a debate el problema
del bajo por ciento de PIB que se invierte actualmente en
infraestructuras, en torno al 5 %, uno de los más bajos del mundo y
que supone un lastre para el crecimiento económico. Nada más y nada
menos que vuelven a “la integralidad” como principio para
conseguir un “desarrollo armónico y proporcional”.
Confieso que este concepto no es fácil
de entender. Al parecer, Marrero, ministro del ramo, explicó que el
turismo podía ser un sector capaz de “potenciar los
encadenamientos y la integralidad en los planes de desarrollo”, y
para ello utilizar la cifra de tres millones y medio de visitantes
extranjeros recibidos en 2015. Cifra que se alcanzó con 51.000
habitaciones hoteleras, a las que se suman 14.000 del sector no
estatal. Además, en el último quinquenio se han incorporado unas
11.000 habitaciones nuevas y recuperado cerca de 7.000 que se
encontraban en mal estado. Un ritmo de incorporación de nuevas
capacidades se ha comportado en torno a las 2.000 o 2.500 por año,
pero con las nuevas inversiones en marcha se espera duplicar esa
cifra en el futuro próximo, dijo.
Marrero anunció proyectos para
construir entre el 2016 y el 2030 unas 108.000 nuevas habitaciones,
sumadas a otras actividades extrahoteleras como Marinas y campos de
golf, una buena idea de hacia dónde se dirige la inversión en la
Isla. El turismo tiene efecto multiplicador y el sector está en
condiciones de impulsar el desarrollo de otras áreas de la
economía para crear encadenamientos productivos. La aspiración,
según Marrero, es que este sector estratégico finalmente se
convierta en una locomotora de la economía nacional.
De ese modo, las inversiones en turismo
deberían servir para incrementar el porcentaje en el PIB. Gran
error. Un sector que apenas representa una fracción de la economía
nacional, aunque con grandes perspectivas, no puede atajar los
graves problemas de carencia de infraestructuras en vivienda y
regeneración urbana, carreteras, telecomunicaciones, servicios de
alcantarillado y de aguas, puertos, etc que son el origen y la parte
más relevante de las inversiones en infraestructura de una economía,
y que en el caso de Cuba llevan décadas guardados en algún cajón
por la falta de financiación.
Algunas intervenciones insistieron en
que “los planes de infraestructura hotelera en zonas apartadas
pueden redundar en beneficios para las propias comunidades, en la
importancia de armonizar el ordenamiento territorial con las
estrategias de turismo, con el objetivo de que tenga un mayor impacto
social y así dar respuesta a las necesidades de la población que
conllevan una fuente de financiamiento con la que el Gobierno
muchas veces no cuenta”, incluso que algunos de “los nuevos polos
turísticos tienen implícito un proceso inversionista de
infraestructura que se amortizará con los mismos ingresos que
generen a mediano plazo”.
Tras el debate, Ramiro Valdés tomó
la palabra y sentenció, sin duda pensando en 2030, “las
condiciones básicas deben hacerse con antelación. Esto se hace
con construcciones y hemos perdido la capacidad constructiva. Hay que
desarrollar y ampliar las potencialidades nacionales para no depender
de las empresas extranjeras para llevar a cabo los proyectos”. Hay
que reconocer que tiene toda la razón, pero también la
responsabilidad.
Otro aspecto que se abordó en la
Comisión 2ª que mira al futuro es el “desarrollo humano, que pone
en alto la necesidad que las personas intervengan, de manera
integradora y consciente, en la solución de los problemas de la
sociedad y que al mismo tiempo, puedan encontrar en el salario
la satisfacción de sus necesidades”. Reconocer el bajo nivel
salarial existente en la economía ya es un primer paso, pero la
solución al problema vuelve a estar lejos y tampoco se dijo gran
cosa.
También se habló, cómo no, de la
devolución del territorio ocupado por la base naval estadounidense,
que, desde el punto de vista económico, supondría, según algunos
dirigentes señalaron “el aumento del transporte marítimo,
permitiría utilizar los recursos naturales de la zona, desarrollar
la actividad turística, más allá de los indiscutibles beneficios
para nuestra seguridad nacional”. La verdad es que poco puede salir
de un puerto si lo que se produce es insuficiente para atender las
demandas de la población Tal vez en 2030 sea distinto.
Y poco más. Al menos de la información
que se divulga en Granma. El debate sobre el horizonte 2030 confirma
la “complejidad que supone armonizar los proyectos y estrategias a
corto y mediano plazo con un Plan a futuro que trace líneas maestras
integrales para el desarrollo económico y social del país”. Al
parecer, según el informe presentado a los delegados, la elaboración
del Plan de Desarrollo hasta el 2030 transita por dos etapas: “la
primera está en marcha y concluirá con los debates del VII Congreso
y su posterior consulta”. En la segunda etapa “se establecerán
las metas e indicadores precisos, cuyo cumplimiento se puede
cuantificar y supervisar”.
Y por supuesto, al final de todo el
proceso llega lo más importante, que es la búsqueda de financiación
para poder ejecutar el plan, cuando tal vez, y a modo de sugerencia,
lo primero que se debería hacer es realizar una estimación, al
menos genérica, de los recursos que se pueden disponer. Todo lo
demás es una carta a los reyes magos escrita desde una inocencia
irresponsable que, además, tiene muy poco de democrática, ya que
sólo se consulta a una determinada ideología de la sociedad cubana:
la comunista, dejando fuera del futuro al resto de la sociedad.
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