¿Por qué disminuye el número de empresas en la economía castrista?
Elías Amor Bravo, economista
No
cabe duda que uno de los fracasos del modelo económico social comunista
castrista ha sido la actividad empresarial. Desde 1959, cuando
se
produjeron las primeras nacionalizaciones, hasta 1968 cuando se
culminó el proceso con la
“ofensiva
revolucionaria”, que hizo desaparecer la propiedad privada en Cuba,
el régimen de los Castro no ha sido capaz de potenciar un sistema
económico productivo y eficiente basado en la actividad empresarial.
Ello es incuestionable. No se trata de explorar aquí los motivos de
esa incapacidad. Son bien conocidos, y son el origen de la
mayor parte de los problemas de solvencia y credibilidad de la
economía.
La situación actual es peor. La apuesta del régimen por la nueva constitución no
despeja estas cuestiones. Ni mucho menos. Por el contrario, las
entorpece. Esto es lo que cabe concluir de un artículo de Lisett
Izquierdo en Cubadebate, que presta atención al “sistema
empresarial cubano”, y que nos sirve de referencia en esta entrada
del blog.
Nada
de lo que se ha hecho desde 2011, e incluso antes, ha servido para
poner orden en la actividad de las empresas castristas, donde “ni
se han desatado las
viejas ataduras, ni se les
ha otorgado mayores facultades y mucho menos, logrado más
eficiencia y organización, más capacidad para exportar”.
Por el
contrario, los últimos datos de ONEI certifican que en 2018 se ha
vuelto a producir un descenso en el número de empresas existentes en
la economía, un proceso que es bien visible desde 2011 cuando se
contaba un total de 2.422, que han quedado reducidas a las 1.776
actuales. La participación de las empresas en el conjunto de lo que
denominan “entidades” ha descendido del 22,1% en 2011, al 18,5%
de 2018. En suma, en los últimos ocho años han dejado de existir
646 empresas en Cuba. ¿Será por las pérdidas, o quizás hay algo
más?
Los datos son
alarmantes, por cuanto este proceso de destrucción de la base
productiva de la economía ha ido acompañado de una evolución
creciente de las entidades del sector presupuestado, las que dependen
del estado para existir, y aunque en Cuba realmente todos los activos
son de propiedad estatal, las empresas por su capacidad para producir y vender,
generan sus ingresos en un ámbito de actividad distinto al que
depende del déficit público.
Existen serias
dudas sobre el significado y capacidad de las actuaciones del régimen
para dar solución a este problema de destrucción empresarial y de
potencial productivo. En vez de adoptar la única decisión coherente
desde el punto de vista económico, que es definir un marco jurídico
estable para la libre empresa privada y los derechos de propiedad, las autoridades del régimen
anuncian estudios e investigaciones de las llamadas OSDES,
organizaciones superiores de dirección, una tímida apuesta
por la concentración empresarial a fin de mejorar la escala técnica
productiva. Sin embargo, sus resultados dejan mucho que desear. Según
Murillo, las OSDES, “son procesos complejos y que hay que
estudiarlas e implementarlas con gradualidad”, “cuyas plantillas
han crecido excesivamente y que han frenado la independencia de las
empresas”, justo lo contrario que se necesita para dinamizar la
actividad económica.
En dicha línea,
la agrupación de las OSDES, una línea que parece que quieren
ensayar para dar a las “entidades una mayor fortaleza para salir al
mercado, para encadenarse productivamente y obtener mejores
estrategias de proyección de desarrollo” no parece que sea una
solución adecuada. Al final acaban quedando tres en la economía:
la Unión Eléctrica,
Ferrocarril y Cuba-Petróleo. Monopolios
que lejos de ganar eficiencia y competitividad, para
ofrecer mejores servicios a los ciudadanos, se convierten en
plataformas de poder y de generación de ingresos cautivos que no
benefician su propio funcionamiento y sostenibilidad. Nada de
participación en igualdad de condiciones, nada de respetar la
propiedad socialista de todo el pueblo. Viendo cómo se organiza el
entramado empresarial castrista, se percata uno de que estos
enunciados están vacíos de contenido y en modo alguno representan
la realidad de la economía.
Y si las OSDES no son solución al problema empresarial, cabe decir lo mismo de las UEB, las unidades empresariales de base,
un elemento más del sistema productivo, creado por el régimen sin
aparente razón alguna.
Mientras estas
OSDES y UEBs sigan dependiendo para su funcionamiento de los recursos
asignados centralmente por el régimen y respondan después, con sus
beneficios, de las extracciones de renta decididas por el titular de
las mismas, el mismo régimen otra vez, no podrán funcionar con la
necesaria autonomía, ni mucho menos
elaborar
y aprobar
planes y
políticas orientadas
a una mejor ejecución de las actividades
que les
correspondan.
Muchas de las
empresas que han desaparecido desde 2011, han sido víctimas de una
política del régimen mal enfocada, dirigida a “lograr empresas
eficientes”. El cierre ha venido motivado por un reconocimiento de
que “estaban muy lejos de ser eficientes y que no se justificaban
como empresas por sus dimensiones y niveles de operaciones”. La
solución: convertirlas en UEBs, sin personalidad jurídica, pero
ello en modo alguno ha supuesto una mejora del funcionamiento de la
economía, y ahí están los resultados del PIB desde 2011.
Ese empeño
castrista en hacer las cosas de forma diferente, está en el origen
de la "reconversión silenciosa" que se está produciendo en la
estructura empresarial. En vez de apostar por privatizaciones u otras
fórmulas de gestión privada, que siempre dan mejores resultados, se
enrocan en complejidad jurídicas pseudosocialistas que no consiguen atajar el problema en origen, que es cambiar la falta
de rentabilidad de las empresas y su eterna dependencia de los
subsidios estatales para no cerrar.
En la economía libre de mercado, cualquier empresa con
pérdidas puede ser solvente si mejora la gestión. Y ello no depende
de “transformaciones organizativas, flexibilización del objeto
social, la creación de reservas para capital de trabajo, así como
de un fondo de compensación por parte de las OSDE” como han
implementado las autoridades castristas, sino producir de forma
competitiva e inteligente, atender de manera adecuada las necesidades de los
clientes y desarrollar procesos tecnológicos para mejorar la
eficiencia apostando por socios tecnológicos.
Las
actuaciones que se proponen implementar para este año, no van a
mejorar la situación. Los dirigentes del régimen deberían saber que el problema no se arregla "con la aprobación
de la política
para categorizar a empresas de alta tecnología, ni
el
perfeccionamiento
de entidades
de la comisión
de implementación,
la preparación
de los directivos y trabajadores, o
la elaboración del
régimen jurídico que regule integralmente la actividad empresarial
del país, tanto estatal como no estatal".
Todo ello es lo mismo de
siempre, más burocracia e intervención. Los árboles que impiden ver el bosque. El año que viene
seguirá disminuyendo el número de empresas.
Cuadro 1.-
Evolución del número de empresas y entidades en la economía
castrista
| Entidades | Empresas | % | |
| 2011 | 10.963 | 2.422 | 22,1 |
| 2012 | 10.556 | 2.250 | 21,3 |
| 2013 | 10.246 | 2.235 | 21,8 |
| 2014 | 10.024 | 1.992 | 19,9 |
| 2015 | 10.014 | 1.956 | 19,5 |
| 2016 | 9.820 | 1.904 | 19,4 |
| 2017 | 9.628 | 1.801 | 18,7 |
| 2018 | 9.563 | 1.776 | 18,6 |
Fuente:
ONEI
(número
índice, 2011=100)
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