Las autoridades tienen que tomarse el COVID19 en serio, y cuanto antes

Elías Amor Bravo, economista

No es el momento de enunciados grandilocuentes, sino de ser prácticos. No es el momento de andar pidiendo “trabajar con serenidad, seguridad y disciplina para enfrentar con éxito al nuevo coronavirus”, como acaba de decir Díaz-Canel, porque el virus avanza, no se detiene ante colectivo alguno y sus daños sobre la economía y sociedad son formidables. Los países que ya lo están sufriendo indican la gravedad del momento.

No es cuestión de ir preparando o presentando más planes para la prevención y el control de la COVID19, porque la actuación es urgente, y no admite dilación. Desconfiemos de estos planes que se pretenden implementar contra un enemigo fatal. Aunque la información oficial trate de minimizar la pandemia informando los casos positivos del nuevo coronavirus en Cuba, lo cierto es que la expansión de la infección se realiza en progresión geométrica si no se adoptan medidas concretas, y los casos pueden ir aumentando de forma espectacular, desbordando la capacidad de reacción del sistema en muy poco tiempo.

Según el sitio de la Presidencia, están ingresados para vigilancia epidemiológica 389 pacientes, de ellos 147 extranjeros y 242 cubanos. Además, se encuentran bajo chequeo por la atención primaria de salud 24.853 personas en todo el país.

La experiencia de otros países, China incluida, es que el virus no aparece como un fenómeno importado, sino que arraiga rápido en las comunidades. Muy pronto, los casos de extranjeros que entran en la isla serán marginales comparados con los cubanos infectados. Por eso, el cierre de fronteras es prioridad absoluta, ya se llega tarde a esta decisión crucial, pero cuanto antes se adopte, mayores serán las ventajas derivadas de la insularidad. Los turistas no van a viajar cuando las compañías aéreas dejen de prestar servicios. Mantener las puertas abiertas cuando todo el mundo cierra las suyas es un acto imprudente que puede poner en grave peligro la vida de mucha gente en Cuba.

Además, conviene tener en cuenta que en la isla se presentan una serie de aspectos en la estructura social y económica que pueden disparar los efectos dañinos de COVID19.

En primer lugar, el elevado porcentaje de población en edad avanzada, con una amplia participación de mayores de 65 años que están siendo el principal grupo afectado por la mortalidad del virus.

En ese sentido, las medidas adoptadas en las entidades que prestan la atención social a las personas mayores son claramente insuficientes, y lo que es peor, no aprovechan las ventajas derivadas de la experiencia de otros países. Limitarse a pesquisas a los trabajadores de las casas de abuelos y hogares de ancianos no es suficiente, y por ello, se emplaza a las autoridades a que revisen estos procedimientos cuanto antes.

Segundo, la estructura de la economía y su incapacidad para producir, que en una situación de cuarentena obligada puede acabar generando situaciones de grave escasez. Está bien que desde el Ministerio de Comercio Interior se implementen acciones para garantizar la higiene y el acceso a soluciones cloradas para el lavado de manos y la limpieza de superficies en centros laborales y educativos, pero, la pregunta es cuánto tiempo podrá mantenerse esta acción, con los estrechos márgenes de la política de gasto público.

Esto nos lleva al tercer problema diferencial que presenta Cuba, los límites de la política presupuestaria, que no puede crecer de forma indefinida porque el crédito internacional escasea, muchos países intentarán acceder al mismo, y Cuba no está en las mejores condiciones para acceder a esa financiación. Además, la capacidad de recuperación de la economía cubana, cuando transcurran los efectos de la pandemia, nunca será tan intensa como la de otros países teniendo en cuenta sus deficiencias.

Cuarto, la información que están ofreciendo las autoridades no está en sintonía con la que aportan los distintos países siguiendo recomendaciones de la OMS. Las autoridades deben ser conscientes del grave riesgo en que incurren al actuar de este modo por la pérdida de credibilidad y confianza que ello puede suponer en momentos especialmente difíciles.

No es momento de actuar con parches preventivos; la decisión de suspender, posponer o realizar, en composición más reducida, actos, eventos y conmemoraciones, tanto a nivel nacional como territorial no será suficiente. Se impone la necesidad del aislamiento social, la cuarentena, con los costes económicos y sociales que supone y que en la economía cubana serán letales por no estar debidamente preparada para ello.

Por último, la actuación del gobierno con relación al crucero Braemar, de la línea Fred Olsen, permitiendo su acceso a las aguas territoriales cubanas y atracar en el puerto del Mariel es, cuanto menos, una imprudencia cuyas consecuencias no se pueden evaluar en este momento. La operación diseñada por las autoridades para trasladar lo antes posible a los cruceristas de regreso a sus países, tal vez trata de lograr una imagen internacional para el régimen, cuyos objetivos no están claros. Por mucho que se hayan adoptado medidas de traslado seguro, hospitalario y expedito de los pasajeros y tripulantes de la embarcación, ya se verá qué consecuencias tiene. El COVID19 no admite discusión.