Pero, ¿hay algo que funcione bien en la economía cubana?

Elías Amor Bravo economista

La base del funcionamiento de un país es su economía. Cuando ésta se paraliza o empieza a dar síntomas de que algo no va bien, el camino al desastre puede ser inminente. Entonces, se tiene la sensación de que los problemas se pueden resolver haciendo muchas cosas, cuántas más mejor. Pero esa no es la solución. La clave está en acertar en el diagnóstico y después adoptar las medidas adecuadas. 

En el régimen castrista llevan años que ni lo uno, ni lo otro. El diagnóstico se encuentra mediatizado por una posición ideológica comunista reaccionaria que no admite cambios ni modificaciones. Y las medidas que se adoptan, fiel reflejo de esa deficiente comprensión de la realidad, no dan resultado alguno sino que, acaban empeorando la situación. En esa noria de fatalidades que no cesa de girar, el pueblo cubano es la víctima propiciatoria, y se tiene la impresión de que ya empieza a estar cansado de tanta vuelta. Desde el régimen han logrado encender las alarmas.

Cómo si no interpretar el contenido de la noticia titulada, “Aprueba Consejo de Ministros normas jurídicas que serán presentadas a los diputados” que aparece en la prensa estatal comunista haciendo referencia a “varios documentos legislativos, referidos a temas relacionados con el desarrollo social y económico de Cuba”, que, al parecer, fueron examinados y aprobados en la sesión del consejo de ministros de septiembre. Una urgencia que llama la atención si se tiene en cuenta cómo funcionan los tiempos en el régimen comunista cubano desde hace 64 años.

Lo que ha aprobado ese consejo de ministros que se reúne una vez al mes es un compendio o cronograma legislativo que, según dice la propaganda del régimen “lleva adelante Cuba desde hace algunos años”. Y al mismo tiempo hay una serie de reflexiones sobre el estado de la economía que nos obligan a preguntarnos, ¿pero hay algo que funcione bien en la economía cubana? 

Se trata de tres anteproyectos con los que, por enésima vez, los comunistas cubanos, sin apartarse un milímetro de la ideología, dicen que van a conseguir “el desarrollo social y económico de la nación”.

El primero es el anteproyecto de ley de salud pública que se pretende debatir en diciembre.

La viceministra primera de Salud Pública, Tania Margarita Hernández, señaló que se ratifica a la “salud Pública como un derecho del pueblo, se desarrollan derechos y garantías constitucionales y deberes de las personas, y se propone el concepto de los servicios de atención, protección y recuperación de la salud”. Es decir, más o menos la misma entelequia de siempre, lo que lleva a pensar en el sentido de una ley para seguir diciendo las mismas cosas, sin fundamento y garantizar derechos que luego no se cumplen o simplemente se prestan de forma deficiente.

Los comunistas dicen que “el documento actualiza las obligaciones del estado y el gobierno para garantizar los servicios accesibles, gratuitos y con calidad; establece funciones y obligaciones a nivel local; profundiza el concepto de una salud, que no se encontraba en la Ley anterior, y permite la integración de multidisciplinas”. Con ello, vuelven a verter las mismas mentiras de siempre sobre un servicio la salud, que, de gratuito, tiene muy poco o nada, por cuanto es financiado con la recaudación tributaria que el estado dispone sobre una población que no tiene libertad para elegir libremente su sistema fiscal.

Cierto que el articulado, al parecer, recoge novedades como las determinaciones para el final de la vida, los principios y fines de la salud pública, así como el funcionamiento de las actividades del Sistema nacional de salud, aspectos burocráticos que no exigirían una nueva ley y que dicen salvaguardar un modelo que, desde hace años, deja mucho que desear y ya no satisface a los cubanos, pese a que según insisten las autoridades, se realizaron “múltiples consultas, tanto con especialistas del sector de la Salud como de otros estrechamente relacionados con él, y se evaluaron documentos internacionales e instrumentos jurídicos de diversa índole”.

El segundo asunto tratado por el consejo de ministros castrista ha sido la Política para la aprobación del Régimen Especial de Seguridad Social del sector Agropecuario y Forestal, así como al anteproyecto de Decreto Ley que deberá ser finalmente aprobado por el Consejo de Estado. La ministra de trabajo Taniris Hernández calificó este documento “de integral y abarcador” porque la política incorpora nuevos sujetos del régimen especial, amplía y unifica la cobertura de los riesgos a proteger, y dispone un tratamiento diferenciado para la acreditación del tiempo de servicios del trabajador agropecuario vinculado directamente a la producción.

Según se dice, la norma pretende superar las desigualdades creadas por los tres regímenes especiales de seguridad social que existen en la actualidad, destinados a actores económicos del sector agropecuario y forestal, y que afectan al modo de financiación, el alcance de la protección, los derechos que conceden y la cobertura de riesgos. Diferencias difíciles de tener en cuenta en una economía de planificación central, pero que están ahí. 

Los dirigentes solo han tenido palabras positivas hacia esta norma. El ministro de la Agricultura, Ydael Pérez declaró, por su parte “que las propuestas que se han hecho fueron conciliadas con los productores y favorecen su trabajo en el campo”. Por su parte, Julio García, presidente del Grupo empresarial AzCuba, aseguró que este tema “va a tener un impacto muy favorable, sobre todo para muchas personas que están en el medio rural, pues ahora todos los actores económicos estarán en igualdad de condiciones”. 

La cuestión es que a pesar de que en la agricultura se produce la mayor concentración de población ocupada, la productividad es la más baja de todos los sectores y muchos trabajadores dejan las actividades agrarias moviéndose a empleos en servicios en las zonas urbanas. No parece que este tipo de normas vayan a servir para dar solución a estos problemas estructurales.

El tercer documento del cronograma legislativo ha sido la aprobación del proyecto de Decreto Ley del Sistema de Áreas Protegidas, que posteriormente deberá ser aprobado por el Consejo de Estado. Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, destacó que por “primera vez se establece que las áreas protegidas declaradas constituyen parte del Patrimonio Natural de la Nación”, al tiempo que se reconocen otras medidas de conservación para áreas no declaradas como protegidas, como pueden ser corredores biológicos, el Plan Turquino, entre otras. Los posibles derechos de propiedad privada quedan sometidos al imperio de esta ley.

La norma crea una figura, el administrador de las áreas protegidas, que pretende favorecer la atención a estos lugares, al tiempo que se llamó la atención de que algunas de las “áreas protegidas son escenarios de ilegalidades, sobre todo de la tala de árboles y la caza furtiva, convirtiéndose en escenarios de indisciplinas de diferente tipo”, lo que llevó a las autoridades a reforzar los eternos sistemas de vigilancia, delación y control.

En la sesión, otro de los temas aprobados fue la propuesta de acciones para “atenuar los problemas actuales de la ruralidad en Cuba” dando continuidad a trabajos que, al parecer, a comenzaron en febrero de este año 2023. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales en el país, en las que se reconoce por el régimen que “existe un componente fundamental de la identidad cultural y se asienta el sector primario de la economía”. Las desigualdades entre zonas rurales y urbanas que empiezan a ser cuestionadas por amplios sectores de la población y que han sorprendido al régimen.

Jorge Luis Tapia señaló que con la implementación de estas acciones, se espera la creación de un ambiente más favorable para la permanencia de los habitantes en las zonas rurales; incrementos de la producción endógena de alimentos para el autoabastecimiento local, así como el aumento de los ingresos y la mejora de las condiciones de vida de las personas. Pero conocido es el éxito de las medidas del ministro de agricultura, que ninguna ha servido para dinamizar la actividad productiva del sector. No es con este tipo de medidas como se mantiene e incentiva a la gente a permanecer en el campo, sino con derechos de propiedad sobre la tierra que trabajan.

Los comunistas se olvidan de ello, y pretenden que las actuaciones se ejecuten por los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, garantizando inversiones sectoriales que se ejecuten en las zonas rurales, con una adecuada explotación (menos del 5% del total de las inversiones se destinan al sector agropecuario); facilitar la adquisición de viviendas, materiales de la construcción, equipos y otros incentivos a los profesionales que radiquen y trabajen en la zona rural; recuperar las comunidades agrícolas fundadas por la Revolución; así como crear unidades docentes que acerquen a los estudiantes de la Enseñanza Técnico-Profesional y Universitaria en especialidades agropecuarias, a las formas productivas de las áreas rurales. Más gasto corriente para el sector agrario, pero indirecto, que no tiene los efectos multiplicador de la renta que se deberían aproximar a este esfuerzo inversor, en caso de realizarse.

Al parecer, esta idea de prioridad a la ruralidad cubana es de Díaz Canel Bermúdez, que lo calificó como “un asunto de «importancia económica, productiva y también social, muy asociado a la dinámica demográfica, al respaldo de fuerza calificada en el campo, la producción de alimentos, y otros tantos temas”.

Los miembros del consejo de ministros castrista aprobaron también el informe de cumplimiento de la Política de la vivienda, como parte del cual se presentó una detallada y crítica información “respecto a los atrasos que la implementación de este Programa evidencia”. Atrasos, bloqueo y pésimo funcionamiento del sector que explica la debilidad que lo golpea en la economía cubana y su incapacidad para actuar como sector motor de la economía igual que en otros países.

La directora general de la vivienda, Vivian Rodríguez asumió el desastre sectorial y dijo que desde el año 2019, fecha en que comenzó a implementarse la referida Política, en Cuba se han concluido 127.345 viviendas, y en 106.332 se han realizado acciones de rehabilitación, pero y aquí viene el dato demoledor, señaló que el actual déficit habitacional es de más de 800.000 viviendas, siendo las de una situación más compleja La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey.

Se reconoció que las deficiencias de la política de vivienda se encuentran en los mayores incumplimientos de los subsidios, en que no se han materializado las inversiones previstas para incrementar la producción de materiales de la construcción, ni tampoco el equipamiento necesario para ampliar la capacidad constructiva y su sostenibilidad. El mismo panorama de siempre con el agravante que en el momento actual, la directora reconoció que “está en riesgo el cumplimiento del plan del año en curso”.

Ante este diagnóstico demoledor de la situación de la vivienda en Cuba en 2023, al consejo de ministros no se le ocurrió otra cosa que “el rediseño en cada territorio de la estrategia de la producción local de materiales, con un incremento de las materias primas locales que garanticen la autonomía en la producción de materiales y den respuesta a las necesidades del Programa”, es decir, cada vez peor.

Insisto, ¿hay algo que funcione bien en la economía cubana?

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