Las nuevas sanciones de Estados Unidos a Cuba: cirugía fina

Elías Amor Bravo

Las negociaciones que se están desarrollando entre el régimen comunista de Cuba y la Administración del presidente Trump, con el liderazgo del secretario de Estado, Marco Rubio, entran en una nueva fase, con una modalidad de sanciones, o medidas unilaterales que tienen como objetivo dirigirse a las “fuentes de financiación” del estado, por lo que han provocado una reacción airada del régimen.

Estas sanciones, anunciadas el lunes 13, ya no se dirigen a los intereses de un consorcio empresarial poco transparente y oculto, como GAESA, sino a las estructuras de funcionamiento del régimen. El comunicado oficial del Departamento de Estado señala que, “como parte de la campaña integral de la Administración del presidente Trump para poner fin a las actividades perniciosas del régimen cubano”, tanto en Cuba como en todo el hemisferio, el Departamento de Estado anuncia nuevas sanciones contra La Habana, que incluyen "entidades estatales que canalizan ingresos al régimen y a las fuerzas paramilitares, grupos civiles armados y organizaciones de vigilancia que reprimen al pueblo cubano".

La principal novedad de las sanciones es que se dictan por primera vez contra agentes represores del pueblo, como es el caso de las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), una organización dedicada "a la ejecución, la facilitación y la financiación de la campaña de represión violenta del régimen cubano contra su propio pueblo". Las MTT se reconocen como "una fuerza paramilitar civil a tiempo parcial bajo el mando del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias". El pueblo cubano verá con satisfacción que se castiga a esta entidad.

Otro tanto cabe señalar, por su papel activo en la represión a la población cubana, la denominada Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), también ha sido objeto de las sanciones, y ha sido calificada como "una organización social y paramilitar supervisada por el MINFAR que realiza labores de vigilancia sobre disidentes bajo la dirección del Ministerio del Interior de Cuba". No cabe duda que estas sanciones serán igualmente bienvenidas por amplios sectores del pueblo cubano.

Y por el mismo motivo, también son objeto de sanciones las denominadas Brigadas de Respuesta Rápida, definidas como "grupos parapoliciales civiles armados, organizados y entrenados por el Gobierno cubano" y bien conocidas, por desgracia, de los cubanos libres cuando realizan alguna protesta pacífica. Estas sanciones serán bienvenidas por la población.

Asimismo, y por primera vez igualmente, las sanciones se dirigen a uno de los departamentos del sector presupuestado, como el Ministerio de Turismo, por ser el principal financiero del régimen al margen de GAESA, lo que compromete seriamente a todos los operadores que puedan desarrollar actividades con el ministerio, aunque sus fondos sean presupuestarios. A estas cuatro, se añaden otras empresas de la isla:

• ·       Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR).
• ·       Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A. (CAUDAL) (seguros, reaseguros, servicios financieros y servicios profesionales conexos).
• ·       Grupo Empresarial de Comercio Exterior (GECOMEX).
• ·       Coreydan S.A. (empresa energética)
• ·       Enetec S.A. (empresa energética)
• ·       Corporación Antillana Exportadora (ANTEX S.A.) (exportación mano obra).

Todas las sanciones se aplican de acuerdo con lo establecido en la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Trump el pasado 1 de mayo de 2026.

De modo que, la reacción que no se produjo cuando la aplicación de las sanciones a GAESA, ahora se pretende lograr con sanciones a la base estructural del sistema. Cirugía fina, de alto nivel.

Para llegar a aplicar estas sanciones, parece lógico que ha habido que trabajar. La detección de las entidades objeto de la sanción es una labor muy precisa, que confirma que la Administración de Estados Unidos pretende concentrarse en aquellas organizaciones que se destacan por su actuación negativa sobre el pueblo, y al mismo tiempo, provocar el menor daño a la población cubana. Es evidente que estas sanciones indican que desde la Secretaría de Estado se trabaja con información objetiva de la economía cubana y sus organizaciones, que permite realizar esa disección de aquellos organismos e instituciones que contribuyen a la financiación del régimen por la vía de la represión y control. Esto es mucho más que lecciones de economía práctica.

Por este motivo, desde La Habana se han dado prisa en denunciar que la aplicación de estas sanciones endurece el embargo de Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, el relato repetitivo del embargo ha tropezado con hueso duro en esta ocasión. La actividad comercial entre Cuba y Estados Unidos sigue realizándose al amparo de lo establecido en el contencioso que rige las relaciones entre los dos países, que se mantiene en vigor.

De hecho, Cuba desarrolla relaciones económicas y comerciales, inversiones extranjeras, turistas, con la mayoría de los países del mundo, sin límite alguno, salvo su capacidad de financiación y endeudamiento. Lo que estas sanciones vienen a confirmar es que el relato del embargo no se sostiene, cada vez se va quedando atrás, y el único embargo que existe en Cuba es la actuación represiva e ineficiente que el régimen mantiene sobre la indefensa población de la Isla.

Como se ha señalado, la aplicación de estas nuevas sanciones ha provocado una reacción airada en La Habana, que posiblemente no esperase un giro de los acontecimientos de este calado, y Díaz Canel ha declarado en las redes sociales y la prensa oficial del régimen, que este anuncio de una nueva lista de medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba, integra un conjunto de acciones que “forman parte de una política dirigida a incrementar la presión sobre la economía de la Isla”.

Díaz Canel dijo que las nuevas sanciones suponen un punto de inflexión, porque “refuerzan la agresión en busca de un mayor daño al pueblo”, calificándolas como “respuesta a un plan genocida” y anunció que tendrá la oportuna denuncia por Cuba ante la Organización de Naciones Unidas. Recordar que hace apenas unos días se cuestionó en una sesión de este organismo, las medidas de Washington que se añaden a la política de bloqueo económico, comercial y financiero que afecta el desarrollo económico del país y genera consecuencias directas para la población.

Las sanciones que aplica la Casa Blanca a estas entidades del régimen no suponen bloqueo alguno para la economía cubana, y aunque La Habana busca abrir espacios de conflicto, no lo tiene fácil. Como se ha señalado, sancionar a los agentes de la represión popular tiene mucho sentido si con ello pierden capacidad de actuación, entendiendo que el régimen se niega a frenar esos comportamientos que son inadmisibles.

Por otro lado, las sanciones contra las empresas energéticas están transmitiendo un mensaje muy claro: el aprovisionamiento petrolero se tiene que asumir por el sector privado de la Isla. Desde la Casa Blanca, se pretende que la superación de la crisis energética en Cuba se tiene que lograr con actuaciones al margen del poder y la influencia estatal.

Visto lo visto, hay que preguntarse si este escenario de nuevas sanciones puede frenar, acelerar o bloquear el proceso de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. De momento, la forma de reaccionar por parte del régimen a estas sanciones ofrece una idea de la decidida voluntad de los dirigentes comunistas por mantener posiciones completamente alejadas de las que se defienden por los negociadores de Estados Unidos.

En la prensa oficial castrista se habla de “la guillotina, que no mantiene el Gobierno cubano sobre sus ciudadanos, la guillotina la fabrican en Washington, pieza por pieza, sanción por sanción, decreto por decreto”. Y concluyen que la guillotina se deja “caer sobre un pueblo que no ha cometido otro pecado que negarse a renunciar a su libertad”. Completamente alejados de la realidad.

Por parte de la Administración de Estados Unidos se insiste en que estas sanciones tendrán continuidad en otras para hacer frente a las amenazas que representa el régimen comunista para la seguridad nacional de Estados Unidos, al tiempo que se impulsar reformas económicas y políticas que ayuden a la Isla a un futuro más favorable.