¿Camino correcto?

Un sector económico, otrora moderno y eficiente, que fue enterrado por las normas adoptadas tras el triunfo de la denominada “revolución”, fue el bancario y financiero. En cuestión de pocos meses, la economía castrista arruinó a numerosas entidades, algunas participadas por el capital extranjero, pero la mayoría de capital autóctono, partiendo de una serie de conceptos y razonamientos absurdos contenidas en el ideario político “revolucionario”. La banca en Cuba, como actividad económica independiente, simplemente dejó de existir a comienzos de los años 60. El funcionamiento de una economía, su capacidad para crecer, para alcanzar dimensiones adecuadas a su población, para satisfacer necesidades de la misma, desarrollar su tecnología y conocimiento depende de la existencia de un adecuado sistema financiero. La banca y en general, todo tipo de entidades de crédito despliegan una actividad lucrativa que consiste en recibir los ahorros de quiénes tienen excedentes en su renta, y prestar, en forma de créditos, esos recursos a aquellos que puedan devolverlos. Dentro del modelo “revolucionario”, este tipo de actividades eran impensables. Durante casi medio siglo, el funcionamiento del sistema financiero castrista ha seguido, y sigue, las directrices de un modelo de planificación central de la economía, ausencia de propiedad privada y dependencia económica de la política. Las antípodas de lo que debe ser un sistema financiero moderno y eficiente. Y así han ido las cosas. Ahora nos llama la atención la noticia publicada en Granma según la cuál “las normativas que regulan la política crediticia y otros servicios bancarios encaminados a apoyar el desarrollo de las producciones agropecuarias, el ejercicio del trabajo por cuenta propia y otros modelos de gestión, y las acciones constructivas por esfuerzo propio en las viviendas, entrarán en vigor el próximo 20 de diciembre”, tal y como se contiene en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 40 del 21 de noviembre del 2011. Al parecer, todo tiene su origen en el documento de los “lineamientos” donde se establece que “en el marco monetario se debe aplicar una política crediticia dirigida en lo fundamental a estimular la producción nacional generadora de divisas o que sustituya importaciones; así como a incrementar y diversificar la oferta de créditos a la población y en particular a quienes se desempeñan en modelos de gestión no estatal, para así también contribuir a un mejor funcionamiento de estos”. Enunciado esperpéntico que viene a confirmar nuestro temor inicial: el sistema crediticio en el castrismo es inexistente. Este renacimiento de la actividad crediticia no tiene desperdicio, y vuelve a ser un ejemplo de cómo el castrismo concibe el desarrollo de la economía al servicio de la cúpula de poder, y no viceversa. Así, se señala que en el ámbito agrícola podrán obtener créditos, los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de la tierra (propietarios y arrendatarios), para la compra y reparación de equipos y medios de trabajo, u otras acciones que contribuyan a elevar las producciones agropecuarias. También los trabajadores por cuenta propia y de otros “modelos de gestión no estatal”, tendrán la posibilidad de solicitar créditos para financiar la compra de bienes e insumos para un mejor desempeño de su actividad. Ya veremos cómo acreditan la propiedad de la tierra, tanto unos como otros, y lo que es más importante aún, su valor real, ya que una adecuada política crediticia debe inspirarse en criterios de riesgo y solvencia, y en la economía castrista, sin un mercado que asigne los recursos, los precios pueden ser un artículo de ciencia ficción. Llama poderosamente la atención que en ese afán regulatorio del régimen castrista, hasta se indique en la normativa como se deben conceder los préstamos, y cuito textualmente, a partir de “un análisis de riesgo tomando en cuenta el capital demandado, las posibles fuentes de amortización (cuyos importes y plazos se acordarán entre la entidad bancaria y el solicitante), la capacidad de pago, entre otros aspectos”. Evidentemente nada se indica de los derechos de propiedad porque no se les tiene en cuenta, y porque en la economía castrista, mientras no se resuelva el problema de la propiedad privada, nada podrá funcionar, por mucho que se empeñen en lo contrario. Expuesto en estos términos, esta nueva política crediticia que ampara el régimen tiene mucho más que ver con la “usura medieval” que con las reglas de la banca moderna, y me temo que su finalidad, en un sistema en el que la acumulación de riqueza es una actividad casi delictiva, pueda ser más recaudatoria y de detracción de renta vía sistema crediticio, que otra cosa. Incluso puede servir de mecanismo de control. Un ejemplo. La norma dispone que los propietarios o usufructuarios de la tierra, y las personas autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia u otras formas de gestión no estatal, “podrán abrir una cuenta corriente para efectuar a través de ella los cobros y pagos relacionados con la labor que desarrollan”. Hasta aquí nada relevante. Pero continúa, y dice además las operaciones en cuenta corriente tendrán “carácter obligatorio para quienes se desempeñen en estas modalidades de empleo y obtengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a los 50 mil CUP, o su equivalente en pesos convertibles”. En tales condiciones, la actividad crediticia se convierte en un instrumento más de control sobre la escasa actividad económica privada que existe en la Isla, y a la larga terminará siendo más un inconveniente que una ventaja. Los nuevos “inspectores bancarios” pueden ser designados entre los miembros del CDR más cercano. Seguro que harán muy bien su trabajo. También se anuncia el crédito para “la compra de materiales de la construcción y el pago de mano de obra autorizada para acometer en las viviendas acciones constructivas por esfuerzo propio”. En este caso, el valor de la vivienda construida debe determinar el porcentaje de la concesión del crédito, pero al igual que antes, tropezamos con el problema de los precios, cuya determinación es bastante irreal. ¿De qué factores depende el valor de una vivienda? ¿De los materiales empleados, de la mano de obra utilizada, de su localización geográfica, o de todos ellos a la vez? ¿Quién determina ese precio en ausencia de mercado libre? En cualquier caso, el régimen debería valorar el aumento que se puede producir de créditos para esta finalidad teniendo en cuenta el pésimo estado de la vivienda en Cuba, y sobre todo vía ayuda de las remesas de las familias en el exterior, pero una vez más tropezamos con la oferta, ¿quiénes se van a encargar de la rehabilitación? ¿qué tipo de empresas o profesionales pueden prestar estos servicios en la Isla y conseguir con ello un incremento de las ganancias y la riqueza, en suma, crecer? Por otra parte, tal y como está planteado el nuevo modelo crediticio, todo van a ser problemas para los que acudan a solicitar préstamos, ya que la cuantía de los mismos se debe fijar obligatoriamente en pesos cubanos (CUP), y ya se sabe que en la Isla en moneda nacional el tipo de bienes e insumos que se pueden adquirir es muy limitado y escaso. La necesidad de cambio a la moneda convertible para poder comprar esos artículos en los mercados no intervenidos va a generar tensiones de liquidez de la moneda fuerte, que no creo se hayan valorado por los responsables de política económica. Y además, en presencia de una demanda creciente para estos bienes intermedios, ¿se han detenido a pensar las autoridades en el aumento de precios si la oferta no reacciona a corto plazo?, ¿no acabará siendo un coste más elevado para las importaciones que se pretenden reducir? Tomado de: Cubaliberal