La política de préstamos del régimen castrista: otro fracaso anunciado

Elías Amor Bravo, Economista

Si. Seguro que alguien pensará que lo que hay es mejor que nada. Me refiero a los datos facilitados por el régimen castrista, según los cuales más de 47.000 créditos han sido otorgados desde el pasado 20 de diciembre, cuando el gobierno de Raúl Castro autorizó formalmente las líneas de financiación a particulares y autónomos “para ampliar sus negocios, construir y reformar viviendas y adquirir bienes”.

Mejor no se puede describir. Que un régimen político tenga que “autorizar formalmente” la práctica bancaria, consistente en recibir depósitos de los ahorradores para canalizarlos en forma de crédito a los que demandan fondos para crear y emprender, no deja de ser una anomalía histórica que pone de manifiesto el estado de atraso y postración de la economía castrista.

El triunfo de la llamada “revolución” hace más de medio siglo supuso el fin de las actividades bancarias en la Isla, y la nacionalización de las entidades de crédito extranjeras, fundamentalmente de los bancos de EEUU, pero también de las nacionales con propiedad cubana que se habían desarrollado en la década de los años 40 y 50. Convencido, posiblemente, de que la supresión de las instituciones de crédito es una decisión correcta desde el punto de vista económico, el castrismo dejó a los cubanos con un rudimentario sistema que en nada tenía que ver con el nivel de desarrollo alcanzado por el sector antes de 1959.

Por ello, los analistas y observadores prestaron especial atención a la apertura del préstamo para actividades muy concretas, dentro de esta filosofía de “actualización del socialismo” que caracteriza a los llamados “Lineamientos”. Nada que ver con los principios de la teoría económica, ni mucho menos con las técnicas de dirección financiera. La mayoría de los 47.000 créditos han sido otorgados a actividades relacionadas con la construcción y reforma de viviendas, así como para la contratación de mano de obra, que son los escasos supuestos para los que se “autoriza” a los cubanos al endeudamiento.

El vicepresidente del Banco Central de Cuba, Francisco Mayobre Lence, vicepresidente del Banco Central de Cuba, debería ser consciente de que este tipo de políticas genera efectos indeseables sobre la economía, que pueden ser descritos fácilmente.

La primera cuestión está en que el crédito no se puede abrir solo para determinadas actividades, dejando a las demás al margen. La economía es un todo interrelacionado, por mucho que las doctrinas marxistas no lo contemplen así. Cuando se actúa sobre un determinado sector o rama de actividad, se están generando efectos en el resto, y de forma simultánea. Quién mejor coordina todos estos procesos es el mercado, una institución cuyo funcionamiento es esencial para que la economía asigne de forma eficiente sus recursos escasos. Cuando el mercado es eliminado o se intenta suplantar por medio de “autorizaciones” y otras majaderías, las cosas no pueden ir bien. En efecto, este tipo de prácticas intervencionistas genera efectos negativos sobre los precios relativos, encareciendo los costes de las actividades susceptibles de financiación, y canalizando los pocos recursos hacia éstas, en tanto que el resto de la economía se empobrece. El régimen tendrá que valorar si la “autorización limitada” puede continuar de forma indefinida.

Por otra parte, el préstamo para la reforma de la vivienda y la construcción de nuevas no es solución adecuada para resolver el problema “habitacional” que existe en Cuba. De nada sirve conceder préstamos si no existen suficientes empresas de construcción, compitiendo entre sí en precios, calidad, plazos y diseño, capaces de producir suficientes proyectos para mantener una oferta ajustada a las preferencias de la demanda. Cabe pensar, cuántos de los 47.000 préstamos autorizados han tenido que competir por atraerse la escasa oferta existente y conseguir los objetivos. Las informaciones que llegan de Cuba apuntan precisamente a las dificultades que existen para encontrar trabajadores por cuenta propia, o empresas que puedan construir o rehabilitar viviendas bajo pedido, y lo que es peor, cómo encontrar los necesarios materiales de construcción, inexistentes o escasos por la falta de oferta complementaria. Al final, muchas familias optan por el autoempleo, de modo que el préstamo termina siendo una compensación extra salarial en una economía donde el salario medio rara vez supera los 18 dólares al mes, y poco más.

Una segunda cuestión se refiere al escaso número de préstamos concedidos. Como señalan las autoridades, desde finales de 2011 cuando entró en vigor la nueva normativa, unas 250.000 personas se han dirigido a las sucursales bancarias de todo el país para solicitar créditos, pedir información, aclarar dudas o abrir sus cuentas personales. Si sólo se han concedido 47.000 estamos ante menos de un 19% del total, lo que indica que el otro 80% se fue por la puerta sin nada. Bien está que la actividad crediticia se controle y no se conceda préstamo a cualquiera, pero en el régimen comunista en que la ideología sigue siendo un elemento fundamental de diferencias sociales, cabría preguntarse cuántos miembros de la dirigencia se han beneficiado de estos préstamos, y cuántos ciudadanos de a pie. Nos llevaríamos alguna sorpresa.

Lamento disentir del señor Mayobre, porque pienso que desde el punto de vista social, ni se han cumplido objetivos ni se han adoptado las medidas adecuadas para corregir errores y deficiencias de una política que puede acabar creando problemas mucho más graves de lo que pretende corregir.

La concesión de créditos depende de variables de riesgo, de renta, de calidad del proyecto, de confianza personal, etc, que los financieros conocen bien. No es susceptible de una regulación en forma parte de paquete de medidas, que en número de 300 va aprobando el Partido Comunista de Cuba, para trasladar al exterior la imagen de que se hacen reformas económicas y sociales, cuyo alcance se ha cuestionado recientemente desde dentro y desde fuera de la Isla. Con el crédito no se juega. Una cosa es entregar tierras infestas de marabú o autorizar a alguien para que trabaje por cuenta propia como payaso, y otra bien distinta es entrar, sin conocimiento, ni experiencia, ni historia en los últimos 50 años, en una política crediticia, que sale de la chistera del mago como el conejo blanco.

Como consecuencia de ello, el dinero en efectivo está aumentando, generando las condiciones más favorables para una expansión de precios que terminará con un proceso inflacionista descontrolado. A ello se añade la inexistencia de una interrelación entre los distintos sectores de una economía de base estalinista, en la que el mercado no es capaz de asignar recursos por la existencia de un sistema de planificación central que lucha por frenar su nacimiento y desarrollo.

Una política de crédito exige la existencia de ahorro interno. Y aun cuando en Cuba se ha estimulado la apertura de depósitos bancarios por las personas naturales para operar cuentas corrientes y emitir instrumentos de pago, como las tarjetas de crédito, que hasta ahora no se empleaban, el alcance de estas medidas en una sociedad que todavía recuerda con temor épocas de confiscaciones y expropiaciones bancarias, es muy limitado, por no decir, nulo. Los cubanos guardan sus ahorros, cuando los tienen, debajo de la cama, y hacen bien, a tenor del sistema económico en el que se ven obligados a vivir.

Como señala Mayorbe, el régimen tiene que “coordinar acciones para extender el uso de las tarjetas en los establecimientos, en aras de facilitar los pagos por la adquisición de productos y servicios".

¿Alguien puede entender que un régimen político tenga que asumir la difusión del uso de tarjetas de crédito como medio de pago en la población? Ni más ni menos. Ese es el espectáculo de la economía castrista. Atrasada, a años luz de cualquiera de sus vecinos regionales e inmersa en un proceso de difícil digestión. Si al menos se dejasen asesorar.

(*) Con la colaboración de Tomás Muñoz

Tomado de: Cubaliberal