¿Pero qué está pasando en la economía castrista?
Elías Amor Bravo, economista
El consejo de ministros
castrista, presidido por Raúl Castro, se reunió para analizar los resultados de la economía cubana en el primer semestre
del año y formular una previsión de su comportamiento para lo que
resta de 2016. La noticia ha sido divulgada en la mayoría de los
medios dependientes del estado, pero la realidad es que no han
trascendido cifras al uso, es decir, estimaciones del crecimiento
económico o de las principales variables.
Como viene siendo
habitual en estos cónclaves, la información fue facilitada por el
titular del ministerio de economía y planificación, Marino Murillo
y aprobada, sin más, por los miembros del consejo de ministros.
Sería deseable que en los próximos días, cuando este informe se
traslade a la Asamblea Nacional, se presenten los datos numéricos que permitan
realizar una valoración objetiva del estado de la economía
castrista y sus perspectivas. De momento, solo podemos basarnos en lo que dice Murillo.
En todo caso, las cosas
no deben estar bien. En la reunión, Murillo ofreció explicaciones
del escenario económico del semestre, del que solo ha trascendido
que “se garantizan aquellas actividades que posibilitan mantener la
vitalidad del país, en particular las que generan ingresos y
sustituyen importaciones”. Esta es la misma historia del
siempre. Nunca hay margen para el crecimiento sostenible. Siempre las
cifras de la economía castrista se mueven en el filo de una navaja de la escasez
en la que se hacen malabarismos para “ahorrar, no gastar y
reducir”, en vez de apostar por la libertad y el dinamismo de las
fuerzas productivas de la economía, su expansión y crecimiento. La
única receta que puede servir para que la economía castrista supere
su atraso.
Esa obsesión
compartida por el equipo dirigente del régimen de destacar la
necesidad de eliminar “gastos innecesarios y aprovechar las
reservas de ahorro y eficiencia que existen en la economía”, se
viene repitiendo, en mayor o menor medida, desde los años 60 del
siglo pasado, una doctrina comunista de viejo cuño, autárquica, cuartelera, basada en el racionamiento impuesto a la población provocado por la falta de
una oferta en cantidad y calidad adecuada a las necesidades sociales
e individuales.
Con los escasos datos
que se han ofrecido, poco podemos apuntar al respecto. Solo se sabe
que la ministra de finanzas y precios, Lina Peraza, aprovechó
el consejo de ministros para presentar la liquidación del
presupuesto del estado en el año 2015, que también será trasladada
a los diputados de la Asamblea, sin precisar cuándo. El dato más
alarmante ofrecido por la señora Peraza es el aumento, una vez más,
del déficit del estado, uno de los desequilibrios estructurales de
la economía castrista que la impiden crecer plenamente. El desajuste
entre ingresos y gastos ascendió a 5.055 millones de pesos que
representa el 6,1% del PIB, una cifra insostenible para una economía
poco productiva como la castrista. Según la señora Pedraza
Rodríguez, la actividad presupuestada que en el caso de Cuba
representa más del 65% del PIB, “se comportó en el entorno de lo
aprobado, concentrando el 54% de los gastos en los sectores de la
educación, la salud pública y la asistencia social”, en tanto que
las infraestructuras, de las que tan necesitada está la economía
nacional, ni se habló. Mientras el gasto corriente siga disparado,
provocado déficit, la economía seguirá mostrando su debilidad para
crecer y satisfacer plenamente las necesidades de la población, y ya
van así 57 años.
Como dato curioso, la
ministra informó que se destinaron recursos para subsidiar acciones
constructivas en las viviendas por 1.117 millones de pesos, de los
que se ejecutaron 809 millones. Totalmente insuficiente. Con esta financiación se
beneficiaron más de 16.469 personas, aunque quedaron recursos
pendientes de distribuir al cierre del ejercicio, lo cual “denota
que los órganos en provincias y municipios deben agilizar este
proceso”. Es evidente que los procesos de gestión existentes en el
sector presupuestado castrista no facilitan el dinamismo de la
economía, incluso en un sector clave para el bienestar de la
población, como es la vivienda, que se sigue moviendo a unos niveles
muy bajos. Se hace necesario dar rienda suelta a la empresa privada en el sector de la construcción y dejarse de fórmulas alternativas.
El otro punto fuerte
del consejo de ministros económico lo lanzó Gladys Bejerano, Contralora general del régimen, que centró su exposición
en explicar el centenar de acciones de control al proceso de
liquidación del presupuesto del estado del 2015 y a la
elaboración del anteproyecto del 2016. La Contraloría funciona a
pleno rendimiento para atacar “las limitaciones y deficiencias en
el control de los recursos en unidades presupuestadas y entidades de
base”. Una función que se complementa con la vigilancia atenta del
“comportamiento de las indisciplinas, ilegalidades y
manifestaciones de corrupción administrativa reportadas en el
2015”.
La Contraloría sigue
castigando lo que denominan “hechos delictivos que ocurren en las
organizaciones económicas” y confirma que las “acciones
desarrolladas para disminuirlos no tienen aún todo el efecto
deseado, pues prevalece en algunas administraciones un ambiente de
descontrol e impunidad”. Para añadir que “estos se concentran en
entidades de base y fundamentalmente en la subordinación local, con
mayor incidencia en la actividad del comercio y la gastronomía y en
el sector agroalimentario”, que son precisamente las actividades
que han avanzado, en mayor medida, hacia la gestión privada.
Los hechos denunciados
por la Contraloría van desde “la conducta asumida por parte de
quienes se asocian para delinquir o faltar a la ética en beneficio
propio y de terceros; los fallos en los sistemas de control interno;
la inobservancia de los deberes funcionales; y el abuso en el
ejercicio del cargo y en la utilización de facultades por parte de
los directivos y funcionarios”, ni más ni menos.
Se tiene la impresión
que la economía castrista, pese a estar bajo absoluto control del
estado y no permitir el ejercicio jurídico de la propiedad privada,
presenta numerosas deficiencias que están en el origen de su pésimo
funcionamiento. La cuestión es que tal vez la vía elegida para
corregir esos problemas, “desde la mejora de la calidad de los
análisis sobre el comportamiento del presupuesto en los consejos de
dirección y colectivos laborales, así elevar la exigencia sobre los
compromisos de aportes, contribuciones y la disciplina en el
cumplimiento de los convenios de pagos de la deuda tributaria” no
parece que esté dando los frutos deseados.
La sensación de
desconcierto que se trasmite, con este tipo de informaciones en los
medios dependientes del régimen, no ayuda para mejorar la
credibilidad externa de la economía, tan necesaria para atraer
capital extranjero. Es todo un galimatía que se tiene que resolver
de otro modo, propiciando las libertades económicas, el ejercicio de
la propiedad privada y la gestión responsable, combinando con un
papel del estado regulador, no intervencionista.
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