La Tarea Ordenamiento y la protección al consumidor

Elías Amor Bravo, economista

A estas alturas, preocuparse en Cuba por la protección al consumidor parece una burla sarcástica. Más aún lo es, establecer una relación positiva entre la Tarea Ordenamiento y la protección al consumidor. Existen numerosas evidencias que las transformaciones asociadas a la Tarea Ordenamiento, como la corrección de la dualidad monetaria o la reforma salarial, y los cambios en las estructuras financieras de las empresas están provocando un caos social en el país, con un incremento sin precedentes desde los tiempos del período especial, en los niveles de malestar y protestas sociales.

De modo que el gobierno no debe engañarse por el alto impacto en el orden social de la Tarea Ordenamiento. Las políticas que se enmarcan en este programa han provocado un incremento del nivel general de precios, un aumento de la inflación de magnitud desconocida en las series históricas de la economía cubana, y que no es posible atender con los instrumentos clásicos de la planificación central.

Incapaces de resolver la coincidencia de un problema de déficit de oferta, expansión monetaria y aumento de la inflación, que se manifiestan de forma conjunta, al régimen se le ha ocurrido que lo mejor es luchar contra quienes alteran las tarifas, cuestionan el equilibrio precio-calidad, no facilitan información de los productos ofertados, ocultan mercancías y venden los productos con alteración en el peso. Y de ese modo, los efectos de la Tarea Ordenamiento provocados por un pésimo y mal ejecutado diseño de políticas económicas, se acaban convirtiendo, por obras y gracia de la propaganda, en un problema de protección al consumidor, el principal perjudicado, ya que, como dice Granma en una noticia relacionada con este asunto, “tiene todas para perder, no le queda otra opción que resignarse y dejar que la apatía y las ilegalidades sean la moneda de cambio, cada vez que acude a algún establecimiento”.

Esto es dar la vuelta al rizo, y no querer afrontar los hechos con objetividad. Además, la prensa oficial comete un gran error al tratar como delincuentes a vendedores que no tienen más remedio que aumentar los precios, y está pidiendo que la tensión social, el malestar de los ciudadanos, el cabreo general con el gobierno se canalice hacia los comerciantes, y así, Granma dice, y cito textualmente, “en estos casos, el verdadero error está en quedarse callado, conforme con el maltrato y lo ilícito”.

Para lograr este objetivo, se invoca una normativa, la Resolución 54/2018, en la que se establecen los principios de protección al consumidor relacionados con la inviolabilidad de sus derechos. En esta norma, las direcciones estatales de Comercio se encargan de que las entidades que deben dar respuesta a las denuncias de los ciudadanos se ajusten a los plazos establecidos para ello. Se insiste que el armazón legal existe para atender las quejas y hay que utilizarlo.

Y se informa en Granma que durante el primer trimestre, las direcciones estatales realizaron más de 390 visitas a establecimientos, tanto del comercio y la gastronomía, como mercados agropecuarios, unidades de las cadenas de tiendas, Sistema de Atención a la Familia y otros. Y como resultado se detectaron 420 deficiencias y se aplicaron 56 contravenciones.

Deficiencias que tienen que ver con "incumplimientos de horarios de servicio, la no permanencia del administrador en el establecimiento, pizarras informativas desactualizadas, problemas en el fondo para cambio, irregularidades con los precios de las ofertas, falta de calidad de los productos en unidades gastronómicas, y la negación de uso de las formas de pago electrónico instalados", entre otras. Todas estas deficiencias, según las autoridades, delitos realmente graves que deben ser denunciados y perseguidos.

Sin embargo, el asunto que más preocupa al régimen han sido las denuncias directas por violaciones de precios y la venta de productos sin calidad, tras la aplicación del Decreto No.30, con multas comprendidas entre 5.000 y 15.000 pesos. Protección al Consumidor entra en acción cuando se reciben quejas en este sentido, y junto a otros directivos del territorio y los órganos de inspección, se presentan en el lugar de la denuncia y realizan las comprobaciones pertinentes, lo que ha supuesto además de las multas, confiscaciones y cierre de establecimientos y adopción de medidas disciplinarias.

Las autoridades declaran realizar, incluso, un seguimiento de las opiniones publicadas en las redes sociales, en la plataforma Bienestar y los principales medios de prensa, junto a las quejas que llegan a través de la línea telefónica única 80022624, que se mantiene funcionando las 24 horas del día. El objetivo es mostrar que los derechos del consumidor están bien protegidos por la Tarea Ordenamiento, de modo que las acciones ejecutadas en el primer trimestre vienen a confirmar la apuesta del gobierno por hacer frente a este asunto. Pero en realidad, este proceder lejos de arreglar el problema, lo complica más. 

El origen de la actual situación se encuentra en un déficit de oferta y capacidad productiva que impide a la economía atender las necesidades de la población. El énfasis de las medidas se tiene que situar en la esfera productiva y técnica, y después, una vez que la producción se incremente, atender las cuestiones comerciales. El gobierno cubano es incapaz de resolver el problema de oferta, no le interesa, lo elude, porque tendría que alterar las estructuras jurídicas del modelo. Y se concentra en la comercialización, con las consecuencias que ello tiene (menos oferta, al cerrar o sancionar vendedores, y más tensiones de precios). Es el cuento de nunca acabar.

La desprotección que sienten los consumidores cubanos hacia un gobierno que nunca ha respetado sus derechos (el ejemplo es la libreta de racionamiento que se mantiene durante 60 años limitando la capacidad de elección libre por los ciudadanos) tiene en este escenario de actuación del gobierno, un contrapunto que, de paso, sirve al régimen para mantener una represión y control permanente sobre la actividad económica, que no es otra cosa que el ideal comunista. 

El problema reside en que el gobierno achaca a otros los problemas creados por su propia política de la Tarea Ordenamiento, y no quiere entender que precios abusivos, venta de productos con afectaciones en la calidad, e insensibilidad e inercia en la atención a los consumidores son consecuencias de la aplicación de una política que está siendo un rotundo fracaso, pero que mantienen a ultranza. Culpar a otros de errores propios es infantil y no sirve para que se adopten las decisiones reales que se tienen que tomar. 

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