La vivienda de lujo en Cuba: especulación y derechos de propiedad
Elías Amor Bravo, economista
La disposición, por parte del
presidente de Estados Unidos para retirar a Cuba de la lista de
países patrocinadoras del terrorismo y abrir una embajada con el
objeto de tener contactos más regulares y de consultar sobre muchos
asuntos con intereses comunes, ha situado en las portadas de
los principales diarios y medios de comunicación la cuestión de la
venta de propiedades, sobre todo señoriales.
El anuncio de la venta de un ático en
Cuba por 1 millón de euros ha despertado una gran curiosidad. El
ático en cuestión tiene amplia terraza, suelos de mármol y
espectaculares vistas al mar. Sin duda, muy caro para un país
comunista en el que el salario medio apenas alcanza 20 dolares
mensuales. Lo que está claro es que la infraestructura de vivienda
de Cuba se vende al mundo y a precios internacionales. Así lo ha
señalado quién afirma ser el dueño de este ático, John Jefferis,
un hotelero de las islas Bermudas.
Muchas de estas viviendas señoriales
pertenecen a la etapa anterior a 1959. Fueron construidas en las
décadas de los años 30, 40 y 50 durante el boom de la economía
cubana y de sus clases medias y profesionales. Otras, incluso, son
anteriores, y pertenecen a las explotaciones señoriales de la época
colonial. En su mayoría, estas viviendas pertenecieron a familias y
empresas que sufrieron las expropiaciones sin indemnización, que el
régimen castrista aplicó durante los primeros años de su andadura.
En cualquier caso, en derecho internacional, estas mansiones y sus
terrenos tienen unos legítimos dueños y, en su caso, herederos, que
tendrán que ser debidamente compensados. El problema que se plantea
es que cualquier transacción realizada sobre estos inmuebles
condiciona al comprador y vendedor, si no se tiene acceso a la
escritura original de propiedad y los legítimos titulares del
derecho de propiedad confiscado.
La facilidad con la que el régimen
quiere lanzar este proceso de venta de viviendas ha llevado a algunos
analistas a pensar en las enormes posibilidades que se abren para que
Cuba experimente una auténtica revolución inmobiliaria asociada al
sector del lujo.
En la Isla, el mercado negro ha sido el
espacio en que se han formalizado numerosas transacciones, casi
siempre a precios muy bajos, entre 10.000 y 12.000 dólares, y en
condiciones oscuras y poco transparentes, dado que se estaban
realizando transacciones sobre activos que, en muchos casos, eran
titularidad del estado castrista. Desde las recientes reformas a la
compra venta de viviendas introducidas por Raúl Castro, muchas
operaciones realizadas han observado alzas de precios hasta los
60.000 CUC (unos 65.000 dólares) en las zonas de nivel medio alto,
como El Vedado de La Habana.
Con un nivel adquisitivo muy bajo, la
posibilidad de la población cubana para acceder a estos activos
depende de la ayuda exterior. Si las normas anunciadas por Obama se
llevan a término, las familias residentes en Estados Unidos podrán
mandar 2.000 dólares a Cuba cada tres meses. Una cantidad que
permite el acceso a este tipo de activos.
Los residentes en el exterior, cubanos,
han provocado la aparición de dos segmentos de mercado cuyas
posibilidades de crecimiento son muy destacadas.
El primero, está
integrado por quienes compran una vivienda para pasar los últimos
años de vida, después del retiro, en su lugar de origen.Una opción legítima que abre posibilidades de desarrollo para la construcción, con su impacto en términos de empleo, sueldos y beneficios.
El segundo segmento de mercado se ha dirigido
a la compra de viviendas para destinarlas al alquiler a extranjeros,
tras las últimas reformas legales del régimen. Este segmento está
orientado claramente al negocio, y los analistas piensan que muchos
pequeños hoteles y casas rurales pueden surgir conforme los
residentes en el exterior observen que estas actividades se
benefician del aumento que se espera de turistas, sobre todo de EEUU.
Los cubanos que están participando de
esta ola expansiva asociada al sector vivienda, presentan un nivel de
vida más elevado que la media. Las desigualdades económicas están
apareciendo a gran velocidad cuestionando la ideología central del
régimen, cada vez más distante de los principios revolucionarios.
Por otra parte, no conviene olvidar que
hasta la fecha, los extranjeros tienen muy limitada la adquisición
de viviendas en suelo cubano salvo casos muy concretos. El régimen
tendrá que afrontar una revisión de esta política cuanto antes,
pero no parece que exista interés en las autoridades para hacerlo.
Finalmente, la apertura diplomática
entre Washington y La Habana está provocando muchas especulaciones
sobre lo que podría ocurrir si los estadounidenses compran
legalmente propiedades en Cuba. Por ahora, el embargo económico
permanece vigente: los estadounidenses no pueden comprar propiedades
en Cuba ni viajar como turistas. Esto no impide que algunos usen
resquicios del sistema para hacerse con inmuebles. Es arriesgado.
La
legalidad de las transacciones, sobre todo, las que se realicen con
viviendas cuyos legítimos propietarios son ciudadanos de Estados
Unidos o cubanos de esa nacionalidad, sigue siendo una cuestión
pendiente de las compensaciones por las expropiaciones. El mercado
está ahí, pero su desarrollo y extensión exige que el régimen
castrista cumpla con el derecho internacional y asuma su
responsabilidad. Es de justicia.
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