Más impuestos a los trabajadores en Cuba: un grave error de política económica

Elías Amor Bravo, economista

En este trabajo quiero demostrar que la decisión del régimen castrista, anunciada hace unos días, consistente en que a partir del próximo mes de octubre comenzará la aplicación del Impuesto sobre Ingresos Personales IsIP, y la Contribución Especial a la Seguridad Social, CESS a los trabajadores del sistema empresarial estatal cubano, es inadecuada para mejorar el funcionamiento de la economía, no conseguirá sus objetivos y lo que es peor, puede acabar produciendo efectos muy negativos sobre las principales variables.

Las características de estos tributos y su justificación se han presentado recientemente en varios artículos publicados en Granma, y por ello, no le voy a dedicar más.

Para ello, voy a utilizar datos relativos a la distribución sectorial del PIB entre salarios, beneficios empresariales e impuestos netos de subvenciones, lo que se denomina la distribución de la renta. Estas tres variables indican, grosso modo, como se reparte la producción generada en una economía por sus tres elementos fundamentales: los trabajadores, las empresas y el sector estatal. Los economistas asumen que la parte de la renta nacional que se dirige a los trabajadores en forma de pagos salariales tiene un impacto directo sobre el nivel de consumo familiar y en menor medida el ahorro. Por tanto, incide de manera directa en el poder adquisitivo de la población, medido en términos de nivel de vida y bienestar general, lo que hace progresar a una sociedad. La parte que se canaliza a las empresas como beneficios, se traslada principalmente a los dividendos de los propietarios de las mismas y su destino final, en general, suele ser la inversión cuyo objetivo es aumentar, de forma continua, las dimensiones del tejido productivo de la economía. Por último, la parte que se canaliza al sector estatal es un indicador que combina la recaudación impositiva con los gastos realizados en las distintas políticas públicas. Su dimensión relativa determina el peso de la actividad estatal en la economía y se denomina en general  impuestos netos de subvenciones.

En términos macroeconómicos, la distribución del PIB en salarios, beneficios e impuestos netos de subvenciones, la distribución de la renta, varía poco, en general, entre las economías más desarrolladas. De ese modo, los salarios de los trabajadores tienden a representar alrededor del 47% del PIB, casi la mitad de la producción obtenida en las economía durante un ejercicio, como consecuencia del número de trabajadores y del importe promedio de los salarios nominales percibidos. La participación de los beneficios empresariales tiende a situarse, en un porcentaje ligeramente inferior, en torno a un 43% del PIB en promedio, mostrando así la importancia de la actividad inversora en la dinámica del crecimiento económico a medio plazo. Finalmente, la participación de la actividad estatal, medida por el indicador de impuestos netos de subvenciones, se suele situar en torno a un 9-10% del PIB en las economías avanzadas, un porcentaje que actúa como mecanismo de compensación para la ejecución de las políticas públicas que se reserva el estado.

Cuando se analizan los datos similares relativos a la economía cubana, donde se sabe que las estadísticas presentan numerosos problemas de homologación con el resto del mundo, se obtiene una distribución ciertamente distinta. Así, por ejemplo, y con datos de 2014 que son los últimos publicados en la ONEI, los salarios de los trabajadores en la distribución de la renta nacional, apenas alcanzan el 32,2% del PIB, situándose a casi 15 puntos porcentuales por debajo de la media de los países estudiados. Esa inferioridad del peso de los salarios en la economía explica por qué en Cuba existe un bajo poder adquisitivo, los salarios medios son claramente insuficientes para atender las necesidades básicas de la población, por muchos bienes y servicios que se entreguen vía gratuidades y regalías.

Si ahora el régimen implementa nuevas cargas tributarias sobre los salarios, como la CESS y el IsIP antes citados, es evidente que el poder adquisitivode los trabajadores se verá más resentido aún, y con ello, su calidad de vida y libertad de elección.

La baja participación salarial en el PIB de la economía castrista, una de las consecuencias directas del modelo impuesto por el régimen, contrasta con el peso del excedente empresarial en la distribución de la renta, que se sitúa en un 43,6% un porcentaje que es prácticamente similar al que se registra en los países estudiados, que cuentan con modelos económicos distintos basados en el mercado, los derechos de propiedad privada y la libertad económica. La diferencia tan destacada entre lo que reciben los trabajadores cubanos y las empresas del PIB generado en la economía plantea serias dudas sobre el modelo de economía estatal y socialista que dicen existe en el país. Lo que parece evidente es que las empresas que operan en la economía castrista, al ser de titularidad estatal, no renuncian a su participación en el reparto de la tarta social y de ese modo, funcionan con cuotas equivalentes a las de otras economías de mercado y “capitalistas”.

¿Dónde se encuentra la diferencia a nivel macro entre el reparto del PIB de Cuba y del resto del mundo? Una vez más, tenemos que atender a la participación obtenida por la actividad estatal medida por el indicador de impuestos netos de subvenciones, que en Cuba alcanza nada más y nada menos que el 19,4% del PIB; casi la quinta parte de la producción nacional se canaliza al estado intervencionista. En el conjunto de países estudiados, ese porcentaje apenas superaba el 10%. La distancia de diez puntos porcentuales explica el absoluto predominio que tiene la actividad estatal en la economía castrista e incide, de forma directa, sobre la parte que se destina a los trabajadores en forma de salarios. El estado dirige, de ese modo, con una mayor actividad en términos del PIB, la dirección del gasto y determina, de forma directa, el poder adquisitivo y el nivel de vida de la población.

Sobre estas cuentas anacrónicas y alejadas de la realidad, aumentar los impuestos sobre el trabajo, parece una decisión equivocada cuyas consecuencias pueden ser muy negativas tanto en términos de mayor recaudación, que no se va a conseguir, así como de reducción de la deteriorada capacidad adquisitiva de la población. Ojala que se den cuenta a tiempo y no continúen por ese camino.