Los derechos humanos y la Contraloría general

Elías Amor Bravo, economista

La Contraloría General de la República no debería acabar convirtiéndose en otro instrumento de represión y control del régimen, si no lo es ya. Esta entidad, que en cualquier país democrático cumple unas funciones muy claras en materia de fiscalización de las cuentas de las empresas y las administraciones públicas en estricto cumplimiento del marco jurídico y administrativo, en el régimen castrista está dando vueltas en torno a la vieja idea estalinista de delatar, perseguir y acosar todo lo que signifique disidencia, incluso cuando se trate de la economía. Orden, disciplina y control.

Un artículo en Granma presta atención a la actividad de la Contraloría comunista, y en buena medida, confirma que la nueva orientación vigilante y delatora del organismo, es ya real. Al parecer, una ley de 2009 señalaba que “toda persona tiene derecho a poner en conocimiento de los órganos de la Contraloría General de la República, los actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades, así como el uso incorrecto de los recursos materiales y financieros públicos, que por cualquier motivo conozca”. Un enunciado que sitúa a la Contraloría más en el ámbito de la policía política que en el suyo, que es el control de la actividad económica. Es cierto que más adelante se añade que las denuncias tienen que ser veraces y basadas en pruebas, pero en un país acostumbrado a la práctica de la delación durante 58 años (con efectos muy negativos en términos de represión y pérdida de derechos humanos sobre la población), que además fue introducida al poco del inicio de la llamada “revolución” como un ejemplo de los valores a seguir por la población, este tipo de cuestiones tiene una importancia fundamental.

En el artículo de Granma se presentan las principales denuncias que atesora la Contraloría. Es curioso cómo aquellas que tienen que ver con la actividad estatal burocrática se justifican bajo el supuesto que “las personas no saben, no conocen, se pierden, se desorientan, se desaniman”, en fin, una serie de comportamientos esperados de cualquiera que se enfrenta a la burocracia más poderosa del mundo, y que, para la Contraloría castrista, tienen un interés relativo, por ejemplo, “la mala gestión de las instituciones y organismos correspondientes”, “el descontrol administrativo y contable, traducido en desvío de recursos, con mayor énfasis en inventarios y combustible, así como efectivo de nóminas”, o la tramitación e investigación de denuncias sobre actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades vinculadas con el uso incorrecto de los recursos del Estado. En estos casos, las denuncias, identificadas o anónimos, se trasladan a la autoridad facultada que corresponda y se responde, en su caso.¿Dónde acaba todo?

Entre los temas más denunciados, “las inconformidades con la actuación de funcionarios de la Vivienda y Planificación Física. Además, se cuestiona el enfrentamiento a las ilegalidades en ese sector, la falsificación de documentos”, aspectos sin duda relevantes, dado el pésimo estado de la vivienda en Cuba, y las dificultades del régimen para movilizar la actividad en este sector, incluso por medio de subsidios y del denominado “esfuerzo propio”. La gente también denuncia “los planteamientos y métodos de dirección inadecuados de algunos funcionarios, insatisfacción con medidas disciplinarias aplicadas, procesos hereditarios sobre tierras y peticiones de usufructo agrario, solicitudes de revisión de sentencias judiciales”.


La Contraloría ha estudiado este material y ha descubierto que “la pérdida de valores éticos en algunos cuadros, dirigentes y funcionarios; inobservancia de la legislación vigente, debilidades en la implementación de los sistemas de control interno, falta de fiscalización y control por parte de los niveles superiores, y en ocasiones que no se presta la debida atención a las denuncias ni siempre es oportuna y clara la información ofrecida a los trabajadores” están entre las prácticas más denunciadas por la población. Pero ¿qué es esto? Problemas de gestión, ni más ni menos, derivados de la absoluta inexistencia de estímulos en la economía castrista para hacer bien las cosas.

De manera especial, “los casos relacionados con inconformidades motivadas por sanciones administrativas o laborales, inejecución de sentencias firmes de tribunales, así como litigios derivados de problemas de convivencia, propiedad de inmuebles o de tierra” vienen a confirmar que los cubanos ya no están de acuerdo con el ordeno y mando, y se quejan del aparato burocrático de ineficiencia del país.

En suma, a poco que se escarbe en estas cuestiones, la responsabilidad principal de tanta denuncia a la Contraloría se encuentra en el marco jurídico y administrativo existente, que es deficiente e impide a las fuerzas productivas de la economía y la sociedad prosperar de acuerdo con sus aspiraciones. Hay que obtener varias lecciones de la actividad de la Contraloría comunista.

Primero, si quiere, puede hacer una gran labor en defensa de una mejor calidad de vida de los cubanos.

Segundo, debe otorgar prioridad a la solución de los problemas reales de la población y no a la represión y la persecución política.

Tercero, debe contribuir a impulsar reformas legales y administrativas que permitan funcionar a la economía y la sociedad de manera más eficiente, mientras se limita el poder burocrático del estado castrista.

Son muchos los cubanos que recuerdan cómo a finales de la década de los años 60, la mera tenencia de dólares era un delito penado con prisión. Las cosas cambian, y los tiempos también, y actualmente en Cuba tener dólares y usarlos no es delito ni lleva a prisión. Cierto. Las cosas cambian y los tiempos también. Muchas de las ilegalidades comunistas actuales, no lo son en cualquier país en que la economía funciona con libertad, competencia y derechos de propiedad protegidos.

Mucho me temo que nos quedaremos con las ganas de ver cómo el marco normativo cambia en la dirección necesaria. No van por ahí los objetivos de la Contraloría comunista que probablemente ya tiene en el punto de mira de su actividad a los trabajadores por cuenta propia. Han cerrado el grifo de las autorizaciones, lo siguiente será hacerles la vida imposible. La libertad económica en el castrismo es imposible.