Unos presupuestos inservibles para la coyuntura actual

Elías Amor Bravo economista

Se equivoca la ministra de finanzas y precios al defender el crecimiento de los gastos del presupuesto un 17% más en 2023. Es una grave irresponsabilidad con una economía estancada, como anticipan las previsiones de organismos internacionales como CEPAL y en la que el descontrol de los precios tiene su origen en ese gasto que crece de forma incomprensible. 

Una cosa es que se defienda la ideología y en esa discusión hay poco que hacer. La tarea ordenamiento se impuso por mandato comunista, a pesar de que se habían advertido sus consecuencias nefastas, como de hecho ocurrió. La ministra Bolaños presentó un diseño presupuestario inadecuado para un momento económico en que los gastos de las distintas partidas ya no pueden seguir aumentando dos dígitos al año, porque, además, los ciudadanos no perciben una mejora correspondiente en los niveles de prestación de esos servicios. 

La calidad de la educación y sanidad que se comen casi el 40% del presupuesto, se sitúa en niveles muy bajos históricos, a pesar de que se gasta cada vez más. Ese mayor gasto solo se puede atribuir a un maquillaje estadístico del PIB que se hace crecer de forma artificial destinando más dinero a las actividades del sector presupuestado, las únicas que aumentan en este escenario de parálisis en que vive la economía.

Y claro, como no hay dos sin tres, la ministra que apuesta por el aumento del gasto, quiere también aumentar los ingresos tributarios para intentar que el déficit, que vuelve de nuevo a presentarse como cierre de las cuentas, no se dispare hasta niveles incontrolables como en años anteriores.

Pues bien, de nuevo hay que decir a la ministra que una economía estancada no va a contribuir a una mayor recaudación de impuestos, todo lo contrario, habida cuenta de que las bases imponibles no van a crecer en línea con lo que se espera. Además, ese aumento de la presión fiscal puede acabar destruyendo actividad, sobre todo no estatal, porque incidirá negativamente en los costes reduciendo la rentabilidad, haciendo imposible continuar con la actividad económica.

Se tiene entonces unos presupuestos equivocados, porque los mayores gastos no van a servir de nada con el descontrol de la inflación, la mayor recaudación no se podrá lograr con una economía estancada, y la estabilización macroeconómica no va a llegar por cuanto el diseño presupuestario va justo en contra de este objetivo. La ministra Bolaños tiene poco que alardear con estas cuentas que van a hacer 2023 otro año perdido.

Frente a la propaganda oficial, los cubanos deben saber que el presupuesto del estado que se financia con los ingresos de los trabajadores y las empresas, no es el más adecuado para la actual coyuntura. Representa una continuidad con respecto a ejercicios anteriores, pese a que la coyuntura exige otro diseño diferente. 

Los ingresos planificados se verán constreñidos por la debilidad de la actividad económica y la influencia negativa de la inflación. Es decir, si los ingresos planificados van a crecer un 17%, excesivo para una economía cuyo PIB no lo hará más de un 2%, y si la recaudación solo permitirá financiar el 80% del gasto total, los desequilibrios van a ser muy importantes, y una vez más, se tendrá que ajustar partidas, como viene siendo habitual. El régimen frena las inversiones cuando necesita recursos, y así lleva años practicando estos ajustes que no benefician a las infraestructuras del país. Otro desastre.

La mayor presión fiscal, que recaerá sobre los ingresos tributarios con un 31,5% de aumento frente a los no tributarios, que solo lo harán en un 3%, ha ido acompañada de una revisión de las bases imponibles y de los tipos impositivos, así como la supresión sorpresa de algunas bonificaciones fiscales como las que se adjudicaban a las mipymes, que van a pasar a mejor vida. En contra de que lo dicen las autoridades, la mayor presión fiscal de 2023 es injusta, no atiende a presuntos principios de progresividad y va a recaer sobre los sectores más desfavorecidos, y desde luego, el conjunto de la población asalariada y pensionistas.  

Para las empresas, se han preparado sorpresas que irán viendo la luz a lo largo del año. Por ejemplo, en el sector estatal crecerá un 10% la contribución por el rendimiento de la inversión estatal. Además el ministerio de finanzas y precios exige a las empresas que realicen una mejor gestión, ya que “se han evaluado sus resultados y existe la capacidad para realizar una contribución adicional al Presupuesto”. No obstante, este procedimiento al parecer no se aplicará en un grupo de entidades que presenten un funcionamiento particular y trabajen con precios establecidos centralmente.

En cuanto al sector no estatal la medida que incorporan en el presupuesto de 2023 “es el reconocimiento de los costos en la adquisición de la moneda para financiar la compra de insumos, productos y materias primas en moneda libremente convertible, al reconocerse una tasa de cambio diferente” lo que no hará otra cosa que apuntillar los mercados cambiarios fraccionados que existen alejando la utilización del peso cubano como unidad de cuenta del sistema económico.

Anuncian, además, que se generalizará a todas las mipymes la aplicación del impuesto sobre las ventas y servicios. Mala idea. Después de autorización de estas entidades, que lógicamente necesitan tiempo para su consolidación, el régimen las quiere esquilmar aplicando uno de los impuestos más injustos del sistema, ya que afecta igual al que vende por 30 millones que por 300 millones de pesos. Las mipymes necesitan ser tratadas de forma distinta en función de sus características, dimensiones y especialización. 

Estos impuestos van a causar estragos y muchas dejarán de funcionar o se volverán a transformar en TCP. El régimen dice haber evaluado que, a los niveles de precios a que se están realizando las ventas y servicios por las mipymes, “resulta aplicable el 10%” y aquí se encuentra la diferencia, ya que las que se aprueben ahora pagarán el tributo, mientras que mantendrán el beneficio aquellas que nacieron o presentaron su solicitud antes de diciembre de 2022. Es decir, que se vayan despidiendo del aumento de mipymes de los últimos meses. Ellos mismos han puesto fin al nacimiento de un pequeño sector privado empresarial que tanto necesita la nación.

Unos presupuestos inservibles para el momento actual y que están solo justificados como instrumento para generar crecimiento en las actividades de servicios presupuestados que sirvan para maquillar la evolución del PIB. 

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