Las transformaciones, con prisas y sin pausas: ¿es este el camino?

Elías Amor Bravo, economista

Parece que alguien, dentro del régimen castrista, se está dando toda la prisa del mundo para aprobar los nuevos decretos leyes que se deben aplicar. como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales. El trámite por el Consejo de estado ha sido, visto y no visto. Lo dicho, hay cierta urgencia, porque las cosas no se queden engavetadas una vez más.

Los primeros decretos leyes “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano” y el “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias” fueron aprobados durante una sesión extraordinaria del Consejo de estado y la prensa oficial se ha hecho de eco de ello.

Los dirigentes del máximo órgano del poder político en el régimen comunista cubano fueron informados de la necesidad de actualizar el marco normativo que regula el sistema empresarial y cooperativo, para implementar a continuación, con ciertas posibilidades de éxito, las transformaciones económicas y sociales previamente analizadas en el Buró Político, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de ministros. 

Observen bien el enfoque del régimen comunista porque no tiene desperdicio. La actualización del marco normativo no se realiza para hacer más atractivas a las empresas estatales y las cooperativas facilitando su desarrollo y mejor funcionamiento. En absoluto, la actualización se hace para implementar con garantías las transformaciones que el régimen considera que se deben aplicar por empresas estatales y cooperativas. Si luego las cosas salen bien o mal, es otra cosa. Nada que ver con un enfoque riguroso de planteamiento empresarial y de negocios. El régimen castrista en las antípodas de la economía de mercado. 

Pero ¿por qué estas prisas, y por qué ahora?

Es sabido, por su larga trayectoria, que el régimen castrista acaba teniendo, en materia de gestión de la política económica, un comportamiento parecido al de un niño pequeño malcriado que llora y se queja a sus padres de manera insistente cuando quiere conseguir algo, un caramelo, un juguete, cualquier cosa. Aburridos de tanta insistencia, los progenitores acaban dando satisfacción al niño, y entonces, después de jugar un rato con el artefacto o mancharse del dulce caramelo, el niño se cansa de su regalo y lo abandona en cualquier sitio. Hasta el siguiente antojo.

Este comportamiento es fácil de observar en la implementación de la política económica en los últimos 67 años, y nada dice que ahora vaya a ser diferente. Ahí se encuentran, sin ir más lejos, los tristes ejemplos de los “lineamientos” de 2011, o la “tarea ordenamiento” de 2021. El motivo de este comportamiento del régimen es que las expectativas suelen ser muy elevadas, pero las realizaciones muy pobres, de modo que el eterno camino al “socialismo” está lleno de complicaciones sobrevenidas.

El ahora, parece fácil de intuir. Las prisas con la elaboración de los decretos y normas no solo entra dentro de esta categoría de comportamientos del régimen, lo que vuelve a demostrar que las 176 medidas se venían cociendo desde hace largo tiempo, que estaban probablemente esperando su momento, y, por tanto, en modo alguno son una reacción contemporánea al proceso de las relaciones con Estados Unidos. Como se ha destacado en otra ocasión, un enunciado de medidas como este no se elabora en 48 o 72 horas.  

De hecho, como si se tratase de un guion previamente elaborado, el primero de los decretos leyes aprobados por el Consejo de estado es el que tiene que ver con los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal para su transformación y desarrollo bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales y su presidente, Roberto Ricardo Marrero. Una decisión que ha sorprendido, sobre todo teniendo en cuenta que el Instituto es un organismo de nueva creación, al que se atribuyen unas competencias sin duda, relevantes dentro del cuadro de acciones a ejecutar.

De hecho, por medio de este decreto, se atiende a un total de 16 medidas de las 17 pertenecientes al “Eje temático 1: Transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos”, relativas a la Empresa Estatal Socialista; así como la implementación de 12 medidas más, pertenecientes a otros ejes.

Los dirigentes justifican que se empiece por esta normativa porque así se crea “la plataforma que habilita al sistema empresarial estatal, bajo la dirección del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, para ejercer todas las facultades y para llevar adelante todas las transformaciones que se han establecido, que se articulan con un conjunto de normas jurídicas en proceso de elaboración en este momento”.  Es decir, que todavía no se ha acabado el trabajo y que, por mucho que se diga lo contrario, estas medidas se aprueban en un entorno de provisionalidad que, en modo alguno, resulta beneficioso para la actividad empresarial.

Las dos normas que se han aprobado por el Consejo de estado son, de un lado, el decreto ley “Del Sistema Empresarial Estatal Cubano”, el enésimo, para volver a ratificar lo mismo de siempre, que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional. Pero es cierto que, en esta ocasión, se promueve una cierta ampliación de las facultades relativas a la autonomía de la empresa estatal, a desatar sus fuerzas productivas y definir la responsabilidad social empresarial, todo ello bajo la mirada atenta del estado que ejerce el control de las empresas que siguen siendo propiedad del pueblo.

De otro lado, se cita el decreto ley “Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias”, uno más en la historia, con el objetivo de amarrar en corto las cooperativas y mantenerlas bajo control del estado, por medio de la regulación de su constitución, organización, integración y funcionamiento. Las cooperativas apenas tienen margen para funcionar de acuerdo con sus prioridades.

A esto es lo que el régimen denomina “necesaria actualización de esta disposición normativa en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales”, cuando es más de lo mismo y se mantiene inalterado el modelo económico de la constitución de 2019, totalmente fracasado e incapaz de atender las necesidades básicas de la población. Los cambios apuntados son de escasa trascendencia y habrá que esperar a los documentos normativos para observar en qué forma van a suponer un nuevo entorno de funcionamiento que haga atractiva la actividad de estos actores.

Además, no satisfechos con haber atado a las empresas estatales y las cooperativas, se destaca que en la sesión extraordinaria del Consejo de Estado se profundizó, además, en la forma que “este órgano contribuirá, desde sus atribuciones constitucionales especialmente en materia legislativa y de control, al proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales, las cuales buscan seguir perfeccionando nuestro proceso de construcción socialista, aportar al crecimiento económico y al desarrollo social de la nación”. 

Es decir, el Consejo de estado con su presidente al frente, Esteban Lazo, conserva las riendas del control de la economía en esta supuestamente nueva etapa. Ya veremos cómo acaba todo.