Los diputados de la Asamblea y el problema de la vivienda: sin solución

Elías Amor Bravo, economista

Los diputados de la asamblea de Cuba han dedicado su atención al grave problema de la vivienda en la isla durante las sesiones que vienen celebrando estos días en La Habana. Granma se ha hecho eco de ello. Las dificultades que frenan el desarrollo del Programa de construcción y rehabilitación de la Ley de vivienda, parecen insuperables. Según se informa, desde 1990 hasta el 2014 el Estado ha construido 316.595 viviendas, con las cuales se han beneficiado 908.627 personas; un esfuerzo importante que se considera, sin embargo, insuficiente.

El dato es preocupante, porque en 2016 se construyeron 5.722 unidades solamente, que representa menos del 44% de la media anual del período considerado, es decir, que para alcanzar el dato promedio de 1990 a 2014, habría que haber terminado en 2016 un total de 7.432 viviendas más. El agujero es cada vez más grande. Cerrarlo no será fácil.

¿Por qué el sector vivienda en Cuba presenta estos pésimos resultados? Los diputados ofrecen como explicaciones “el retraso y la mala planificación en los cronogramas de ejecución, la falta de exigencia durante el proceso constructivo y el éxodo de la fuerza de trabajo calificada de las instituciones estatales hacia el sector no estatal, así como el deficiente control en las tiendas de materiales de la construcción, la concentración de obras en el último semestre del año lo que afecta a la calidad y aprovechamiento de los trabajadores, los incumplimientos de plazo a todos los niveles y la carencia de los materiales de acabado en los puntos de venta”. Además “la mayoría de los edificios multifamiliares necesitan rehabilitación integral, es insuficiente el presupuesto concedido para conservación y el que se asigna no se cumple”. Cualquier subcontratista cubano del sur de la Florida sabría perfectamente qué se tiene que hacer para resolver este problema.

Tras este análisis, los diputados de la asamblea estimaron que el déficit de vivienda en Cuba alcanza la cifra de 883.050 unidades, con incrementos significativos de año en año, como consecuencia de “la pérdida de la capacidad habitacional debido al deterioro de los inmuebles”. Pienso que esta cifra puede haber sido calculada a la baja, sobre todo, si se tiene en cuenta el estado de la vivienda en las zonas rurales donde todavía reside una parte importante de la población.

No cabe duda que es un lúgubre panorama. Los diputados han planteado cambiar la situación de la vivienda trabajando en frentes decisivos como "el incremento de la producción de materiales y capacidades constructivas, la introducción de nuevas tecnologías y el protagonismo de la población en sus propias construcciones”, sin explicar cómo. Además, se ha planteado como viene siendo habitual en estos foros “una estrategia a desarrollar en el plazo de diez años, cuyos ejes fundamentales están dirigidos a estabilizar la construcción de viviendas en el sector estatal y crecer en la terminación de las realizadas por la población, e integrar ambas vías, priorizando la rehabilitación”. Diez años más a los actuales ritmos de construcción supondrían que el déficit de vivienda aumentaría en casi un 50% más.

¿Hay alguna solución dentro del sistema institucional que rige la economía castrista?

La respuesta es no. El sistema económico de base estalinista pretende resolver los problemas que genera, simplemente con más de lo mismo. No existe un planteamiento económico alternativo que asuma el fracaso de 59 años de planificación central de la economía y propiedad estatal de los medios de producción y, a partir de ahí, trasladar el potencial productivo al sector privado, como en otros países del mundo. La vivienda en Cuba no puede resolver su grave problema de insuficiencia y deterioro sin una participación activa de la empresa privada libre dentro de un marco institucional distinto al que ha venido funcionando en la isla. Los instrumentos que posee el régimen, basados en la intervención y planificación estatal en la economía, no son adecuados para un sector que se encuentra orientado a las demandas sociales. La vivienda es un derecho, por supuesto, pero igualmente es un bien de inversión, que capitaliza los excedentes de la renta obtenidos por los trabajadores, permitiendo aumentar su riqueza y capacidad económica. Sin esa articulación básica, la economía cubana no podrá funcionar aquí tampoco.

Lo realmente asombroso de estas sesiones del parlamento es que nadie plantease una solución alternativa en los términos que estamos formulando. Todas las intervenciones giraron en torno a ofrecer soluciones dentro del marco económico, jurídico e institucional imperante, que es el responsable directo del desastre.

Llamativo fue el análisis del papel desempeñado en la vivienda por las cooperativas no agropecuarias (CNA) “vinculadas al reciclaje, la construcción, la gastronomía y los servicios”. Esta es una actividad experimental, autorizada por el régimen para estas pequeñas cooperativas, a las que se reconocen sus buenos resultados, pero según los diputados, “presentan problemas e irregularidades que atentan contra su desempeño, entre ellos la carencia de un mercado mayorista, los incumplimientos de los contratos entre las cooperativas y proveedores, falta de claridad entre las entidades estatales o comercializadoras mayoristas y las CNA para realizar contratos e insuficiente capacitación de socios y trabajadores contratados”, entre otros. Es decir, más de lo mismo.
Además, el experimento de las cooperativas, está provocando, según señalan los diputados, “descapitalización en la empresa estatal socialista a partir del éxodo de la fuerza de trabajo calificada hacia el sector cooperativo en busca de mejores ingresos”, con la aparición de grandes diferencias de salarios entre profesionales de una y otra forma de gestión que realizan la misma actividad, “lo que incide en la eficiencia y la motivación del personal y desencadena la fluctuación del sector estatal”.
También se abordaron los problemas provocados como consecuencia de la dualidad cambiaria, pues mientras el sector empresarial utiliza un «canje» de un CUC por un CUP, las cooperativas cuando realizan transacciones con los inversionistas y las comercializadoras operan a precio de las casas de cambio (Cadeca); o sea, un CUC les representa 24 CUP y ello introduce deformaciones en los niveles reales de eficiencia productiva.

Si esto ocurre solo con las CNA, que representan un número limitado de unidades productivas, imaginemos por un solo instante lo que podría estar sucediendo en un marco de competencia empresarial privada directa en el sector.

El diagnóstico no puede ser peor. Una vez más, el régimen intenta sin éxito hacer frente a un grave problema económico con instrumentos que no son los más adecuados para ello. La vivienda, dentro de un marco jurídico estable de protección a los derechos de propiedad, podría mejorar notablemente con una mayor participación empresarial privada y un retroceso de la intervención estatal. Que lo pregunten a los subcontratistas cubanos del sur de la Florida, ellos saben lo que se tiene que hacer. Hay mucho en juego. No conviene perder tiempo.