¿Cómo se resuelven las "dificultades" en la producción agropecuaria de Cuba

Elías Amor Bravo, economista

El ministro comunista de agricultura de Cuba Rodríguez Rollero, en el programa mesa redonda, expuso “las dificultades encontradas en el papel de diversas cooperativas y productores individuales” para aumentar la producción de alimentos en las condiciones actuales, y anunció que, sobre las mismas, el “gobierno tomaría medidas”, sin precisar cuáles. Las dificultades enumeradas por el ministro son:

• Subdeclaración de la producción y de siembras realizadas.
• Existencia de cultivos no reportados y contratados oficialmente.
• Desvíos de las producciones a otros destinos no autorizados.
• Ilegalidades y delitos con la producción terminada.

No hace falta profundizar mucho para concluir que estas “dificultades” que el gobierno pretende corregir son fáciles de resolver si se modifican las condiciones administrativas que las provocan.

Vayamos por ejemplo a la primera, ¿por qué un productor independiente subdeclara lo que produce y siembra? Pues básicamente porque si lo hace cumpliendo a rajatabla la norma, no gana dinero, pierde, y a la larga se descapitaliza y termina por abandonar. No se sabe cuántos productores han dejado sus tierras, pero es evidente que asumir las condiciones del monopolio estatal, Acopio, deja contra las cuerdas a un productor que solo tiene una pequeña parcela y por tanto no puede alcanzar la escala técnica en la que produce a los menores costes posibles.

El engaño está justificado, porque si tiene éxito, puede comercializar a precios más competitivos y ganar dinero, que debe ser el objetivo de ese productor. Por lo tanto, para que toda la producción entre en el canal principal, Acopio debe pagar buenos precios a los productores, debe recoger las cosechas en plazo y forma (ser eficiente), y demostrar al productor que trabaja en defensa de sus intereses y no de los suyos. Esta sería una forma rápida y segura de resolver esta primera dificultad.

La segunda va por el mismo camino, y conviene preguntarse ¿por qué hay cultivos que no se reportan y contratan por el canal oficial? La respuesta es similar, porque ese canal no resulta interesante ni rentable, y es mejor, por ejemplo, suministrar a los hoteles, a los cruceros o a un elaborador de catering y comidas a empresas estatales que, además, viene con su transporte a llevarse los productos. Estos son los “encadenamientos”, de los que hablan, día si y día no, Díaz-Canel y su ministro de economía, pero que en la realidad no se pueden conseguir por las imposiciones “oficiales”. Los productores saben mejor que nadie con quién deben contratar sus producciones. Por ello, hay que apartar al estado de estos procesos y dar libertad de decisión.

La tercera, el desvío de producciones a destinos no autorizados, lleva a preguntar cuales son esos destinos, y, sobre todo, quién los autoriza. Y la respuesta dirige otra vez la brújula al estado intervencionista, responsable directo de estos comportamientos por culpa de su pésima gestión. No hay delito en esos desvíos porque la norma coercitiva que existe para regular el destino de la producción impide a los productores ser rentables. La solución, muy fácil. El estado debe asegurar, con su funcionamiento eficiente, que los destinos no autorizados sean menos rentables e interesantes para ser atendidos. Si lo logra, cosa que veo difícil si no se privatiza Acopio, entonces el productor cumplirá y no tendrá que realizar esos “desvíos” que no son tales, tan solo son reacciones racionales y eficientes a imposiciones coercitivas que tienen un carácter punible.

La cuarta dificultad se encuentra en las ilegalidades y delitos con la producción terminada. Sin información sobre qué tipo de delitos pueden ser, o ilegalidades, lo más probable es que, como en las anteriores, se trate de comportamientos eficientes de los productores por obtener los mejores precios para sus cosechas, ya que la atención que les dirige el estado, evidentemente, lo impide. Una vez más la solución es ir de raíz a las motivaciones que llevan a estos comportamientos que el gobierno denomina “ilícitos”, y que otros podemos calificar de responsables y racionales.

Al final los dirigentes comunistas de la agricultura cubana saben que la receta para resolver estas “dificultades” es muy sencilla: menos intervencionismo estatal y más mercado y libertad en las relaciones de producción y comercialización agropecuaria. Lo malo es que no pueden o no quieren hacerlo, y los “parches” que anuncian van a ser contraproducentes, y no van a servir, en modo alguno, para resolver los problemas.

El ministro ha dicho en la mesa redonda que pretenden “cambiar el método de trabajo de las estructuras empresariales, direcciones de las cooperativas y de dirección estatal de la Agricultura, trabajando directamente en la finca de los productores”. Justo lo contrario de lo que se tiene que hacer. En vez de apostar por la libertad, la autonomía y la confianza en sus compatriotas, el aparato burocrático del régimen quiere meterse dentro de las parcelas para husmear y delatar inmediatamente cualquier comportamiento punible. ¿Es esto razonable? ¿Está justificado en las condiciones actuales, o en cualquier otro escenario futuro? Yo creo que no, y por eso, este post advierte sobre las consecuencias negativas que se pueden producir de este nuevo incremento de la intervención estatal, que carece de justificación.

No es cierto, como dice el ministro, que “tenemos que acompañar a la cooperativa a llegar hasta la finca del productor, porque allí es donde se ven las cosas y se realiza la producción”. No es cierto, no es necesario ni conveniente. Las cooperativas hacen lo que tienen que hacer, y los productores independientes, otro tanto. Con esta intromisión directa estatal en los asuntos internos de los productores, lo que van a conseguir es que se produzcan abandonos, y eso se llama menos producción de alimentos y hambrunas, ante la falta de recursos para importar. Lo veremos pronto.