¿Cuba a las puertas de una crisis alimentaria?

Elías Amor Bravo, economista

En varias ocasiones, este blog ha señalado que la crisis provocada por la pandemia del COVID19 está creando graves problemas a las autoridades comunistas de Cuba para alimentar a la población. Las colas por comprar un cuarto de pollo o una botella de aceite generan alteraciones del orden público y rompen con el necesario confinamiento de la población para afrontar el virus. 

La falta de alimentos en Cuba ha sido un elemento estructural que se repite como consecuencia de un pésimo diseño de la estructura de propiedad en el campo cubano. En condiciones normales, cuando las cosechas son insuficientes para alimentar a la población, la situación se resuelve con el recurso a importaciones de urgencia de granos y carne de ave, destinadas a frenar posibles hambrunas.

Ahora, el escenario es distinto. Sin divisas para realizar dichas compras, y teniendo en cuenta que otros países pueden tener las mismas dificultades para producir alimentos, la alarma se ha encendido, y así lo refleja una nota del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, PMA, que acaba de ser difundida. Este organismo señala, como conclusión, que “si no se toman medidas 14 millones de personas más podrían ser empujadas a la pobreza y el hambre en 11 países de la región de América Latina y el Caribe”.

De igual modo, el organismo señala con preocupación, “todavía tenemos tiempo para evitar que la pandemia COVID-19 se convierta en una pandemia de hambre en los pequeños estados insulares en desarrollo en el Caribe”.

Acostumbrado a recibir valoraciones positivas de los indicadores de desarrollo humano de Naciones Unidas (que buscan, con escaso éxito, sustituir al PIB como referencia de las economías) al régimen comunista de La Habana no le ha debido agradar, en absoluto, formar parte de un conjunto de países identificados por el PMA por sus graves problemas alimentarios que pueden acabar en hambrunas. 

Pero en esta ocasión, la proyección del PMA ha sido realizada con rigor, efectuando una comparación de las evaluaciones de seguridad alimentaria realizadas en 2019 con el análisis de un conjunto de indicadores económicos después del brote de COVID19, combinado con los resultados de encuestas remotas completadas en 2020.

Por medio de este análisis comparativo ha sido posible evaluar el impacto de la pandemia en el acceso a los mercados, alimentos seguridad y medios de vida en los distintos países. Y tras realizar dicho análisis, los resultados no han sido positivos para Cuba.

Las estimaciones de la CEPAL con un descenso del PIB del -5,3% para América Latina y Caribe en 2020 encendieron las alarmas, lo que, unido a la pérdida de inversiones extranjeras, de los ingresos del turismo y las remesas del exterior, hacen que la situación sea mucho más complicada aún y difícil de gestionar para las autoridades castristas.

En suma, el informe del PMA alerta de que la situación que se puede producir en Cuba, en materia de seguridad alimentaria, no será muy distinta a la que acabe ocurriendo en, por ejemplo, el barrio de Delmas 32 en Puerto Príncipe, la capital de Haití, o en el Corredor Seco de América Central.

Al colocar a Cuba en una misma lista de países con amenaza alimentaria y posibles hambrunas, como Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y pequeños estados insulares en desarrollo en el Caribe, la perspectiva del régimen comunista debería necesariamente cambiar y además, cuanto antes. El PMA advierte que el hambre puede llegar a Cuba en las mismas condiciones de gravedad que a estos países que suelen ser referencia habitual de los ataques del régimen comunista, por considerarlos “neoliberales”.

Además, por si no fuera suficiente, el informe alerta sobre el grave efecto adicional que puede ocasionar en Cuba la temporada de huracanes en el Caribe que, como todos los años, comienza en junio, y que supone un riesgo adicional sobre la producción de alimentos para la población.

Por todo lo expuesto, el Programa reclama a estos países “apoyo adicional a los beneficiarios de los programas nacionales de protección social y ampliar su cobertura a más grupos, como los migrantes y las personas sin empleo formal”. No obstante, se considera como un punto negativo para lograr este objetivo, la falta de recursos económicos.

Por ello, el informe hace referencia a la necesidad de recurrir a la asistencia de instituciones financieras internacionales y de la comunidad de países avanzados, para dar respuesta de forma rápida y adecuada al hambre provocada por el COVID19. Es evidente que ello va a exigir de las autoridades comunistas cubanas una posición distinta a la que mantienen hacia instituciones, como el FMI o el Banco Mundial, ¿estarán dispuestos a ello?

La gestión de este escenario, la superación del mismo y la necesidad de evitar posibles riesgos alimentarios en la población, señala el Informe del PMA, es responsabilidad directa y exclusiva de los gobiernos de los países. Las arengas de las autoridades a los agricultores para que incrementen la producción se han multiplicado en las últimas semanas en la prensa oficial castrista pero no se ha adoptado medidas que permitan flexibilizar y aumentar la oferta de alimentos.

Al mismo tiempo, las organizaciones agropecuarias independientes del partido comunista han denunciado los límites que impone el estado a la hora de producir, distribuir y vender sus productos. La situación en el campo cubano ha alcanzado un notable grado de deterioro y puede ir a más, como consecuencia de los efectos del COVID19.

El gobierno comunista de La Habana debe ser consciente que, en ausencia de políticas eficientes que permitan transformar la organización productiva agropecuaria del país, la situación puede acabar siendo mucho peor que la actual. Tal vez ha llegado el momento de situar la ideología en su justo lugar y apostar por la eficiencia y la productividad. El tiempo se agota.