La responsabilidad del fracaso de la economía cubana

Elías Amor Bravo economista

Una vez más el régimen castrista se atropella asimismo para lanzar, de forma urgente y con poca reflexión, un conjunto decretos-leyes para, según dicen en la prensa oficial, "el fortalecimiento del modelo económico-social cubano", que han recibido el visto bueno del consejo de estado. Gobierno, consejo de estado, partido comunista, la tríada de responsables del fracaso de la economía. Y ahora, dejan rastro para que la historia no los absuelva. Nada más y nada menos que  ocho decretos  leyes, que es de suponer que se vayan publicando en la gaceta oficial en los próximos días, y que tienen que ver con el despliegue de la llamada “Estrategia económico-social del país”. Normas de las que se sabe muy poco, teniendo en cuenta esa tramitación parlamentaria y gubernamental de las regulaciones en Cuba. Te enteras cuando llegan, nunca antes se someten a escrutinio público.

Entre las normas que recibieron el visto bueno del órgano superior del régimen, el consejo de estado y que por tanto es responsable de lo que pueda  ocurrir, se encuentra el decreto-ley sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que establece la inserción de estas entidades de manera “coherente en el ordenamiento jurídico”, reconociendo su papel como “actor que incide en la transformación productiva del país”. Con este decreto ley, Cuba parece volver a una situación parecida a la que había en 1968 cuando se aprobó la fatídica “ofensiva revolucionaria” de Fidel Castro, que destruyó toda la iniciativa privada jurídica de la nación. Ahora, 53 años después, se pretende regresar a aquella situación, pero ya veremos si la regulación de las mipymes lo facilita  o no. Hay que estar atentos.

El consejo de estado dio su visto bueno  al decreto-ley de las cooperativas no agropecuarias, que regula la constitución, funcionamiento y extinción de este sujeto de la economía nacional. Que el sector cooperativo pueda extenderse al conjunto de sectores de la economía parece razonable, incluso en un sistema de economía de mercado libre, donde las cooperativas funcionan, y muy bien, en sectores proscritos en Cuba, como la banca, la educación e incluso los servicios de salud. Este será otro instrumento al que habrá que prestar atención ya que se desconoce bastante su contenido.

El consejo de estado adoptó el decreto-ley sobre el ejercicio del trabajo por cuenta propia, que actualiza las disposiciones generales para su desarrollo, y regula otras particularidades. Sin duda esta es otra incógnita importante, ya que no se sabe en qué dirección pretende el régimen controlar y dirigir uno de los escasos espacios que deja la economía comunista para la iniciativa privada. Seria indeseable que se restringiese el funcionamiento de las mismas, y en todo caso, se marcaran unos límites inadecuados con respecto a las mipymes de nueva creación. En todo caso, el trabajador por cuenta propia debe tener personalidad jurídica y contar con las mismas facilidades que cualquier empresa para funcionar con autonomía e independencia de los poderes públicos.

También se aprobó el decreto-ley de las contravenciones personales en el ejercicio del trabajo por cuenta propia y el del régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, los socios de las cooperativas no agropecuarias y de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, con el objetivo de protegerlos en materia de los beneficios de la seguridad social. Estas normas establecen un ámbito para el control y la represión de la actividad económica del sector privado, en buena medida forzado por la propia naturaleza del modelo económico y social, y de otro lado, un método de financiación de la seguridad social que empieza a tener problemas para pagar las pensiones por el elevado envejecimiento de la población y la escasa recaudación.

Igualmente se aprobó un decreto-ley modificativo de la Ley 113 del sistema tributario, del 23 de julio de 2012, dirigido a incrementar los ingresos tributarios, afectados por la grave crisis de la economía, y que, aunque se desconoce su contenido, de buen seguro traerá consigo un aumento de la presión fiscal que se encuentra hundida por el impacto de la recesión que se enseñorea en la economía cubana desde el segundo semestre de 2019.

Otro decreto-ley sobre la conservación, mejoramiento y manejo sostenible de los suelos y el uso de los fertilizantes, se incorporó al conjunto de normas que recibieron el apoyo del consejo de estado. Los insumos de la agricultura escasean, porque no se pueden comprar en el exterior por la falta de divisas, y en la economía cubana ningún dirigente comunista se preocupó en 63 años de producirlos. Habrá que ver cómo se pretende afrontar esta situación que limita la producción agropecuaria.

También se cita en la información de Granma el decreto-ley de los registros públicos de bienes inmuebles, que establece la organización y funcionamiento de estos, con la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, según lo previsto en el decreto-ley 335 Del sistema de registros públicos de la República de Cuba. No deja ser una broma patética que sin haber regulado el tema oscuro de las expropiaciones entre 1959 y 1968, el régimen dedique tanta atención a los registros de bienes inmuebles, en muchos casos atribuidos a propietarios distintos de los reales. Otro asalto a la legalidad que tendrá que ser corregido por un gobierno al servicio de todos los ciudadanos,

Se anuncia  en Granma que las disposiciones aprobadas por el consejo de estado, con sus normas complementarias, se publicarán en la Gaceta Oficial de la República, pero como siempre, sin apenas debate parlamentario público, sin hablar con el pueblo cubano de estas normas, y aprobando por imperativo político comunista, una serie de disposiciones cuya viabilidad depende de su aceptación por la población. Más experimentos, en este caso, sobrevenidos por la situación económica y social que está presionando al poder para que actúe, pero sin hacerlo en la dirección correcta.

Los comunistas cubanos ya han comprobado este año 2021 lo que implica gobernar sin escuchar al pueblo. La prioridad política de la Tarea Ordenamiento ha provocado la peor crisis económica que se recuerda en el país desde el período especial, y el 11J es una manifestación evidente de que la gente no aguanta más. No se trata de aprobar por el consejo de estado más y más normas para ver si se calma la situación social, sino apostar por medidas que realmente transformen el marco jurídico y económico para que la nación pueda prosperar en libertad. 

Mientras tanto, entretenerse con un imposible, porque ya es muy tarde, “fortalecimiento del proceso de actualización del modelo económico cubano” es dar la espalda a la realidad, ir por un camino distinto al que piden los cubanos y tratar de salvar lo poco que queda de una experiencia que ha sido un fracaso histórico. Y seguiremos esperando a que se publiquen las normas en la gaceta para conocerlas y cuestionarlas, en su caso.

El consejo de estado ha perdido una oportunidad histórica de liderar esos cambios que necesita la Patria, por el bien de todos los cubanos. Es cómplice activo de la acción incompetente y fracasada de un gobierno que le pone encima de la mesa lo que tiene que aprobar por obligaciones ideológicas comunistas, El consejo de estado podría haber devuelto al gobierno o la Asamblea, en ejercicio de sus competencias, los decretos y decretos leyes que se presentaron a su aprobación, y con ello asumir una posición clara sobre la inutilidad de estas disposiciones para recuperar la economía de la nación. 

Es cómplice del desastre e igualmente responsable como el partido al que obedecen, el comunista, del desastre de la nación. Cada día que pasa la historia lo sancionará.

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