El problema de la vivienda en Cuba no se resuelve con la "remodelación" de locales

 Elías Amor Bravo

Granma celebra que en la comunidad Número Uno, de Ciego de Ávila, se han remodelado 23 viviendas a partir de unos locales en desuso. La reconversión de locales en viviendas, ¿puede ser una solución a uno de los problemas más graves de Cuba? No lo creo.

No lo fue, al comienzo de la revolución, cuando los comunistas se adueñaron del patrimonio privado existente en el país y entregaron las viviendas confiscadas de los cubanos que huían del país a todo tipo de gente, en muchos casos, sin capacidad para mantener los activos que se les cedían en arrendamiento. La confusión generada en la estructura de los derechos de propiedad sigue hasta nuestros días, y como se puede concluir, no significó solución alguna al problema de la vivienda que, en la década de los años 60, no tenía la misma gravedad que ahora en pleno siglo XXI.

La vivienda es un gran fracaso del modelo social comunista cubano. A pesar de que a partir de 2011 de dio autorización para la transformación de inmuebles estatales, los resultados son visibles. Se estima que el déficit de vivienda en Cuba ronda el millón de unidades. Entre 2006 y 2008 se construían en Cuba unas 70.000 viviendas al año. Entre 2017 y 2020 se construyeron poco más de 32.000 al año, menos de la mitad.  Las necesidades de vivienda han llevado al régimen comunista al reparto de la miseria, y de ahí surge la posibilidad para la reconversión de locales en viviendas.

Las autoridades reconocen que esta opción, ante tantos problemas acumulados, puede que no sea la más adecuada, pero ante la urgente necesidad de disponer de nuevos hogares, la conversión de los locales sirve “para no comenzar de cero un proceso constructivo que demanda tantos recursos y mano de obra, sino apelar a acciones de mantenimiento o remodelación” con lo que se reducen los tiempos “para tener algunas casas con las cuales resolver casos de extrema complejidad”.

La transformación de locales en viviendas quedó regulada por el régimen a partir de abril de 2019, con la publicación en la Gaceta Oficial No. 33, de los acuerdos 8574/19 y 8575/19 del Consejo de Ministros, sobre el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorios y locales, así como el cambio de uso y traspaso de locales, respectivamente. Como siempre, el régimen creyendo, de forma errónea, que es posible hacer funcionar una economía a golpe de decretos y normas oficiales. Qué lejos de la realidad.

En base a la nueva normativa, el director municipal de Planificación Física tiene 15 días para emitir el dictamen técnico de la entidad que desee el cambio de uso, y cinco días hábiles para ponerlo en consulta con el Consejo de la Administración, quien, por su parte, dispone de un plazo de diez días para dar la respuesta, mediante un acuerdo. Es decir, en poco más de un mes puede estar resuelto el asunto. Las quejas por incumplimientos de plazos han sido numerosas.

Después, el proceso constructivo pasa por un sálvese quien pueda, con una combinación de esfuerzo propio y estatal que pasa por encontrar los materiales, disponer de trabajadores, de los medios e instrumentos. No existe una tecnología específica para la rehabilitación que es un proceso que combina escala técnica con oficios y habilidades de cierta complejidad. España, que cuenta con un potente sector de rehabilitación de vivienda (sobre todo de edificios antiguos) es un buen ejemplo de la complejidad técnica del sector. La Oficina del Historiador lo pudo comprobar al ser beneficiada durante años del programa Escuelas taller del Ministerio de Trabajo español, que fomenta este tipo de oficios.

Al final, en Cuba no queda más remedio que recurrir a empresas estatales para la reconversión y ello suele ser problemático, por cuanto estas empresas también tienen sus problemas de materia prima y producción, lo que acarrea no pocos incumplimientos. Y, por último, aparece la cuestión del precio de la vivienda que, por mor de los retrasos y dilaciones en los procesos, acaban siendo muy distintos de los previstos al comienzo de las obras.

El proceso en Ciego de Ávila ha cogido ímpetu, y se están valorando todo tipo de locales en desuso, o subutilizados, con posibilidad de ser reconvertidos en hogares. En concreto, se han identificado 162 locales, algunos ocupados en la actualidad, en los que se prevé construir 1.156 viviendas. Hay una fiebre de remodelar locales por todas partes, que lo menos que parecen son viviendas, pero ya se sabe, a falta de pan buenas son tortas.

El destino de estas viviendas, en algunos casos, va dirigido a la población vulnerable, que después de vivir en viviendas de reducidas dimensiones, con numerosas limitaciones, como no tener agua potable, mejoran su vida al acceder a las nuevas casas. La adjudicación se realiza por una comisión que toma decisiones políticas, casi siempre arbitrarias, y condicionadas por criterios que, en muchos casos, simplemente se ignoran. 

Sin embargo, con frecuencia hay críticas de los destinatarios de las viviendas por los acabados que presentan, en los que se percibe la falta de materiales, “con el agravante de que se otorga a personas que ya llevan suficientes problemas encima, como para cargar también con lo inacabado y lo chapucero”. En estos casos, el éxito del programa se desvanece. La falta de competencia hace que quien presta el servicio no tenga en cuenta la prioridad de la atención al cliente.

De hecho, como señala Granma, a partir de algunos de los beneficiarios de las viviendas, “todos coincidieron en que en ninguna etapa del proceso se cumple con los plazos establecidos: el de 15 días para emitir el dictamen técnico, los cinco para ponerlo en consulta del Consejo de la Administración, ni los diez restantes para dar respuesta a lo que unen los problemas de calidad en la terminación”.

Deficiencias que reconoce, igualmente, el directivo de la Empresa Provincial de Construcción del Poder Popular, y que se concretan en la edificación de mala calidad. Algunas acciones constructivas no están acordes con lo establecido. Mientras tanto, al parecer, se multiplican las reservas del programa, tanto para sumar más locales que puedan ser viviendas, como para evitar que en el camino de la reconversión haya demoras, negligencias, falta de calidad e insensibilidades que lo pongan en sentido contrario a su objetivo.

Nadie se ha detenido a pensar que tal vez que el programa de remodelación de locales en viviendas, en sí, tenga poco sentido y posiblemente podría mejorar si se apostase por un modelo alternativo.

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