El miedo del régimen castrista a la propiedad privada de la tierra

Elías Amor Bravo economista

Los comunistas no quieren en Cuba un sector privado como el que existe en el resto de países del mundo. En numerosas ocasiones, la llamada revolución castrista se ha interpretado como un proceso que extiende la pobreza de la población al privarla de una de las fuentes principales de ingreso vital junto al salario: los derechos de propiedad sobre los activos de la economía. 

Al estar todo el capital productivo en manos del estado, la posibilidad de marcar distancias o diferencias desde la sociedad civil con respecto al poder político del régimen, se hace imposible. Los cubanos, inmersos en una pobreza absurda, dependen del estado para desarrollar sus vidas. Apenas existen espacios para una independencia de las migajas del poder.

Un buen ejemplo de ello es el estudio en este momento, en la Asamblea nacional de un Anteproyecto de Ley de Tierra que lejos de regular los derechos de propiedad privada en la misma, se queda en cuestiones intrascendentes como el ordenamiento del uso y posesión del recurso. Ordenamiento, por cuanto significa de mayor poder de intervención y coerción del régimen sobre la tierra, y posesión porque en Cuba comunista nunca se reconocerá la propiedad privada. Vale la pena destacar las diferencias entre ambos conceptos.

Usando el diccionario de la Real Academia de la lengua española, propiedad es derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello  dentro de los límites legales. Tiene otras acepciones, pero esta es la que nos interesa. Por el contrario, la posesión, es un acto de tener una cosa aunque en rigor no sea propia, tan solo con ánimo de conservarla para si o para otro. Vean las diferencias, porque son sustanciales. La propiedad permite a su titular hacer lo que le de la gana con su algo/cosa, dentro de los limites legales. La posesión se queda en un uso para conservación. Nada que ver.

Los vietnamitas, que son comunistas de pata negra, lo entendieron y así, en los años 90 implementaron las reformas conocidas como Doi Moi, que simplemente reconocieron en aquel país algo que estaba proscrito como en la Cuba comunista: los derechos de propiedad de la tierra. Y a partir de entonces, en solo un lustro, las hambrunas frecuentes del país, dejaron paso a una de las principales potencias productoras de arroz del mundo. 

Por cierto, que el éxito de Vietnam ha sido tan grande, que regala de vez en cuando algún barco a sus amigos castristas. Estos conocen bien la experiencia vietnamita, y han sido asesorados sobre qué hacer en numerosas ocasiones, pero el miedo que los comunistas cubanos tienen a la propiedad privada es enfermizo y se carga más de cuestiones ideológicas y de partido, que de conceptos de racionalidad económica.

Es por ello, que la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, cuya obediencia al partido único es providencial, difícilmente abrirá espacios a la propiedad de la tierra en el próximo Anteproyecto de Ley de Tierra, actualmente en proceso de elaboración. Y ello, pese a que este es el momento más adecuado para abordar un debate que los comunistas cubanos, simplemente desprecian, porque saben que de asumir determinados postulados, su tiempo de acabaría. 

En Vietnam siguen mandando los comunistas, pero la evolución social y económica en aquel país desde las reformas del Doi Moi lo han alejado por completo de la pobreza y miseria castrista, y hoy Vietnam se sitúa cerca de las naciones avanzadas dentro de la Organización Mundial de Comercio, y sus habitantes, si bien carecen de libertades políticas, han visto como sus niveles de renta suben de forma exponencial y con ello la calidad de vida y prosperidad, que son las bases para el desarrollo de la democracia.

Nadie debe pensar que esto pueda ocurrir en Cuba. La prensa estatal destaca, por ejemplo, que el Anteproyecto de Ley de Tierra tiene como antecedentes las leyes de reforma agraria de 1959 y 1963, que constituyeron el primer cambio radical de la estructura agraria y la redistribución de las riquezas en el país. De modo que se establece que la redistribución de las riquezas y de la supeditación de la propiedad sobre la tierra en el país, en pos del interés social, con principios y presupuestos que constituyen premisas para las transformaciones en materia de uso y posesión de la tierra en Cuba, se mantendrá en el Anteproyecto. 

No contentos con el fracaso del cambio en los derechos de propiedad de la tierra producidos hace más de 60  años, los comunistas vuelven a las andadas y se inspiran para elaborar una ley de 2023 en uno de los fracasos ideológicos más aterradores de la llamada revolución: la revolución agraria.

Como ya se ha indicado, la ley solo se plantea el ordenamiento del campo en cuanto al uso y posesión de la tierra, que según dicen, tiene impactos directos en el control y las garantías jurídicas a los campesinos. Lo que no se indica es qué garantías puede tener quien está privado de derechos de propiedad, y lo más probable es que volvamos a encontrarnos con una relación de “derechos” que serán ofrecidos desde la cúpula del régimen a los campesinos, pero sin alterar la jerarquía ni las estructuras de funcionamiento.

Un artículo de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Agricultura (Minag), publicado en el sitio web de ese organismo, aborda el contenido de lo poco que se conoce de este Anteproyecto.

Y aquí vienen algunas cuestiones a destacar.

En primer lugar, el legislador comunista sigue creyendo que la solución para la falta de comida en Cuba depende del reordenamiento del uso y posesión de la tierra en Cuba, sin tocas los derechos de propiedad. Y una vez más se equivocan, porque el problema agropecuario en la Isla no es de maquillaje ni de transformaciones superficiales, sino que hay que meter la azada en el tajo y cavar duro. 

Hay que promover reformas estructurales de la propiedad de la tierra que recompensen el trabajo de los guajiros. La tierra debe ser de propiedad privada en su mayoría y debe ser objeto de actividad mercantil dentro de las bases de una ley que no sea injerencista. Parece mentira que tras seis décadas de fracaso e improductividad agropecuaria, los comunistas crean que los cambios legislativos pasan por reordenar el uso y posesión. 

Una cantaleta que los llevará a una situación mucho peor que la actual y que supone no tener en cuenta las verdaderas aspiraciones del campesinado cubano. Es por ello, que lo más probable es que este Anteproyecto ni sirva para salvar la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, ni tampoco ayude a mejorar los rendimientos agropecuarios..

En segundo lugar, para establecer la cuestión del marco legal de la tierra, el susodicho Anteproyecto se refiere a lo establecido en la constitución comunista de 2019, donde se fijaron una serie de “formas de propiedad” sobre la tierra, que dejan a la “privada” con el carácter marginal que históricamente ha tenido desde las confiscaciones y expropiaciones de la llamada reforma agraria de Fidel Castro. 

La constitución igualmente sirve al Anteproyecto para las referencias a la protección del derecho a la alimentación sana y adecuada, el acceso a la justicia y el debido proceso y procedimiento, todo en función del desarrollo sostenible para la prosperidad individual y colectiva. Ya ven ustedes. El castrismo hablando de garantías y derechos que acaban siendo papel mojado y que no se ejercitan por los afectados, por miedo.

En tercer lugar, se justifica el Anteproyecto por la necesidad que tiene Cuba de respetar los convenios internacionales de los que es signataria. No deja de ser curioso que el régimen respete los aspectos relativos a posesión, uso y acceso a la tierra y bienes agropecuarios que se establecen en esos convenios, pero olvida y menosprecia todo lo relativo a la propiedad. 

De nada sirve apostar por esos convenios internacionales, “como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en lo que atañe a las mujeres rurales, que abogan por promover y proteger el derecho a la tierra con igualdad y equidad”, si luego, un derecho básico de la Carta de derechos humanos, como la propiedad privada, es conculcado de forma más que evidente.

En cuarto lugar, todo este esfuerzo legislativo se piensa que debe contribuir, por otro lado, a la implementación de la tantas veces referida Ley 148 De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, del 14 de mayo de 2022. Y este objetivo, todavía inalcanzado y mucho nos tememos que será otra experiencia fracasada, es el que exige modificar la política de uso y posesión de la tierra y su marco legal. 

Los comunistas señalan que las normas jurídicas de larga data requieren una actualización en correspondencia con las problemáticas existentes para la transmisión de la tierra y su régimen de uso y posesión. Pero de la experiencia de otros ordenamientos, y reordenamientos, ya se ha podido comprobar que no todo depende de los cambios legislativos cuando son solo superficiales. La soberanía y seguridad alimentaria en Cuba es un fracaso del régimen comunista, se mire por donde se mire.

En quinto lugar, parece que ha tenido alguna influencia en la redacción del Anteproyecto los resultados del Grupo Temporal de Trabajo para la elaboración de la propuesta de política de uso y posesión de la tierra y su instrumentación jurídica. Este Grupo ha estado detrás de las diversas medidas que se han aprobado para dinamizar la producción agropecuaria, desde octubre de 2022, y que como es conocido, no han dado resultado, como las célebres 63 medidas del sector agropecuario o las 93 de la caña. Vaya usted a saber.

Al parecer, los trabajos de este grupo han sido acompañados por los proyectos de colaboración internacional Fortalecimiento de políticas para la seguridad alimentaria sostenible en Cuba y Resiliencia climática en los ecosistemas agrícolas de Cuba, cuya agencia implementadora es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que como es conocido otorgó a Cuba casi 6 millones de dólares para la implementación de dichos proyectos, de escaso o nulo efecto sobre la comida diaria de los cubanos, tal y como se reporta desde la Isla la situación actual.

Por último, no por ello menos importante, se señala en el artículo citado que el régimen dio participación a representantes de organismos de la Administración Central del Estado, del sistema empresarial de la agricultura, asociaciones, institutos de investigación, académicos, expertos y productores agropecuarios en la redacción del Anteproyecto de Ley y dichas aportaciones fueron “ponderadas” lo que viene a decir que las propuestas coincidentes con la línea oficial quedaron todas referidas, pero las que no iban en la línea de jerarquía simplemente borradas. 

Mucho nos tememos que este Anteproyecto sea un ejercicio más de ideología comunista, dominado por el miedo del castrismo a la propiedad privada de la tierra y que acabe en fracaso y sin resolver el problema de la comida. Son demasiados experimentos y todos fracasados. El pueblo parece estar acostumbrado. La cuestión es ¿hasta cuándo?