Los controles de precios no resuelven la inflación en Cuba

 Elías Amor Bravo, economista

Los comunistas cubanos siguen creyendo que los controles de precios son el instrumento más adecuado para combatir la inflación. Desde hace 67 años, la economía cubana tomó un camino independiente y alejado de la racionalidad del mercado, que establece los precios a partir de la relación entre oferta y demanda. Y ese camino ha llevado a uno de los episodios más intensos de inflación, medida todos los meses por la ONEI, que sitúa a Cuba como uno de los países con precios más descontrolados y elevados.

Cualquier cubano sabe que el “sálvese quien pueda” con los precios de los bienes y servicios llegó poco después de la entrada en vigor de la llamada “tarea ordenamiento” que descompuso el sistema de controles existente hasta entonces, alentando el auge de la inflación. Recuperar el tiempo perdido tiene poco sentido y por eso, a nadie en la dirigencia comunista se le antoja poner remedio al problema. Por ejemplo, podrían empezar por suprimir el ministerio de finanzas y precios, que por sus resultados ha demostrado más que de sobra que se puede prescindir de él. Pero como no parece que reducir la burocracia estatal ineficiente y aburrida esté en las prioridades del régimen, todavía tienen ganas de seguir enredando con los precios. Y esto es lo que se desprende de un reciente artículo publicado en Granma con el título “Firmeza en el control de precios”.

En vez de respetar el funcionamiento de la ley de oferta y demanda, restableciendo el comportamiento competitivo de los mercados, los comunistas cubanos plantean el control de precios, nada más y nada menos, que como “un ejercicio nacional contra las violaciones de precios” y sostienen que este tipo de actuaciones “combativas y revolucionarias” sirven para “ratificar el compromiso del Estado con el ordenamiento económico y la defensa del poder adquisitivo de los cubanos”. Muy bien, pues el resultado es justo el contrario, la tasa de inflación interanual del pasado mes de enero se situó en el 12,5%, una tasa que, de mantenerse el resto del año, llevará a los precios en Cuba a multiplicarse por dos. Un desastre.

Pero los comunistas, inasequibles al desaliento, decidieron organizar en la tercera semana de febrero un ejercicio de control de precios en todo el país. Un ejercicio de represión económica, que teniendo en cuenta la crisis humanitaria que atraviesa la economía cubana en estos momentos, no parece otra cosa que una iniciativa irresponsable e hilarante.

Ha sido el ministerio de finanzas y precios, ese que podría despojarse de las competencias de precios y dedicarse a otras cosas, el que ha coordinado con las administraciones locales y las autoridades competentes, el citado ejercicio de “enfrentamiento a las violaciones de precios en todo el país”. La eterna cuestión de las batallas y de las guerras de la que el régimen castrista ni quiere ni puede despegarse. Y así les va.

Las familias cubanas saben lo que es ir a las bodegas y encontrarlas vacías. La responsabilidad de eso ocurra es de los controles de precios, porque desaniman y plantean dificultades a los productores para cumplir con sus compromisos. Luego, cuando esas familias se deciden a visitar las tiendas que venden todos los productos en dólares y ven que están bien surtidas, se encuentran con la dificultad de comprar, aunque sea una botella de aceite. Los sueldos y sobre todo, las pensiones, no llegan para nada. Y eso que los controles de precios son tan importantes y relevantes para el régimen.

Los resultados citados ponen de manifiesto que estamos ante uno de los fracasos más notables del régimen comunista y de sus servicios a la población. Piénsese que el pasado mes de enero, uno de los componentes más inflacionistas del IPC fueron los servicios educativos. Pero ¿no habíamos quedado que la educación en Cuba era gratis? Entonces, ¿de dónde viene esa inflación? Todos lo saben, pero nadie pone la solución necesaria y medio ministerio se dedica a los controles y las delaciones contra lo que califican de “ilegalidades”, “especulación” o “desvío de la legalidad” y así, se inventan todo tipo de delitos para justificar la dedicación a estas tareas que realmente no sirven de nada, porque los precios seguirán creciendo, incluso más.

Hay que explicar a los comunistas que los cubanos no necesitan estas prácticas de control y persecución a los agentes económicos, sino más libertad de la demanda y oferta para que los precios convenidos en los mercados promuevan el equilibrio estable. Si el aparato controlador del ministerio se lanza a detectar supuestas infracciones, muchas veces difíciles de definir, el presupuesto familiar seguirá pagando el pato de todo este nivel de incompetencia y de exceso de ideología. Además, los comunistas si quieren que todo esto sirva de algo, no solo deben prestar atención a la inflación en los servicios educativos sino también a esos “precios concertados por la administración local” que ponen de manifiesto que hasta el estado atenta contra sus propios objetivos. 

Estas acciones configuran un enredo contraproducente que lo único que logran es amedrentar a otros productores y con ello reducir la oferta estructural propiciando que, en presencia de una demanda que ya no puede ser menor, los precios sigan subiendo. Tal vez lo que habría que hacer es justo lo contrario, apostar por la libertad de los productores para que entren más a ofertar productos, se mejore la capacidad de elección, la calidad y con ello los precios. Este círculo virtuoso asociado a la liberalización de los mercados, no se percibe, ni de lejos, en la economía cubana.

Por ejemplo, el trabajo de los inspectores de precios para que comprueben si en los establecimientos están presentes las pizarras informativas y si se encuentran desactualizadas, es un buen ejemplo de qué tipo de partidas engrosan las cuentas del presupuesto y que podrían ser suprimidas para canalizarlas a otros fines más productivos y eficientes. 

La inspección, además, no solo se limitó a los precios, sino que de paso se persiguieron otras actuaciones presuntamente fraudulentas, como personal no contratado formalmente, violación de los derechos laborales o la elusión de los mecanismos de control financiero mediante la no utilización de pasarelas de pago oficiales, lo que derivó en cuentas bancarias inmovilizadas. No cabe la menor duda que se trata de actuaciones de notable gravedad que justifican los controles del ministerio. 

Al final, se impusieron 17.000 multas, por un total de 65 millones de pesos justo en momentos en que no hay qué comer en la Isla. Y no contentos con esta recaudación sobrevenida, el ministerio ejecutó 1.547 ventas forzosas de productos, una medida represiva contra los cuentapropistas que genera no pocas protestas en la población cuando una carretilla con alimentos desaparece transportada por los policías de la seguridad del estado en alguna callejuela de Centro Habana.

Y como suma y sigue, el ministerio también dispuso el cierre de 300 establecimientos, se realizaron 93 decomisos y procedió al retiro de 196 proyectos de trabajo, invalidando así a aquellos que operaban al margen de la ley. ¿Qué es lo que queda de todo este ejercicio de represión económica? Pues menos oferta para la demanda existente, y con ello, tensiones al alza en los precios que volverán a dejar a muchos cubanos sin recursos para acceder a una dieta básica. Eso sí, el ministerio de marras se apuntará un tanto positivo por ratificar su “compromiso con el enfrentamiento sistemático a estas violaciones, en un escenario de crisis como el actual”. Los aplausos del comité central y de nadie más.