Análisis de las propuestas de los empresarios para la economía cubana

Elías Amor Bravo, economista

La hoja de ruta para una "Cuba próspera, democrática y de mercado libre" que acaba de publicar la Fundación Nacional Cubana Americana es un documento que plantea una serie de propuestas, más o menos estructuradas, sobre qué hacer en Cuba el día después de la desaparición del régimen político que ha estado dirigiendo los destinos de la nación durante los últimos 67 años.

La propuesta reviste interés, porque es la primera iniciativa procedente de una organización que mantiene estrechos vínculos con el sector empresarial del exilio. La voz de los empresarios es fundamental para propiciar los cambios económicos que necesita la Isla para superar el atraso estructural de las recetas marxistas y leninistas. Y es muy bueno que se manifieste en este momento y que facilite el análisis y debate.

Además, y como no podría ser de otro modo, la propuesta empresarial de cambios económicos apuesta directamente por los cambios políticos necesarios para que la economía funcione, apostando por las libertades públicas que garantiza un estado de derecho, que dote a la nación de estabilidad, democracia y principios de libre mercado.

La iniciativa contempla el papel que debe desempeñar el capital humano de Cuba, "tanto el que reside en la isla como el que está en el exilio", destacando no solo la acumulación de capital en sus patrimonios personales y corporativos, sino también de forma esencial, un “acceso tremendo al capital institucional”. Ello debe permitir vínculos y un modelo de asociación de los cubanoamericanos con los cubanos que viven en Cuba para reconstruir la patria. La proximidad de Cuba a la economía más grande y próspera del mundo permitirá crear vínculos económicos mutuamente beneficiosos con Estados Unidos, factor que acelerará aún más la reconstrucción de Cuba.

Los autores de la propuesta consideran que la nueva Cuba podrá superar con creces sus logros anteriores, si enfoca de forma adecuada las tareas que se deben acometer, que pasan por el disfrute, para todos los cubanos, de completa libertad, dignidad y acceso igualitario a oportunidades.

Mención especial recibe el papel que debe tener el estado y el gobierno en la nueva Cuba.

Del primero, se rechaza "una excesiva dependencia, el control y la retórica y políticas absurdas que pretenden crear igualdad de resultados, pero que solo generan pobreza y desesperación".

Con respecto al gobierno de Cuba se entiende que "debe ser limitado, transparente y enfocado en crear las condiciones para el crecimiento, no en dirigir el crecimiento ni intervenir de manera significativa en la actividad económica".

De modo que, la economía cubana real debe apostar claramente por el crecimiento, que ha de cumplir los siguientes requisitos:

• Inclusivo (participación amplia de los ciudadanos cubanos),

• Dinámico (impulsado por la empresa privada y la innovación),

• Sostenible (basado en la productividad real, no en subsidios),

• Nacional (formando una clase capitalista y emprendedora cubana),

• Humano (protegiendo a los vulnerables sin atraparlos en la dependencia).

Con respecto al papel del estado, su función no será producir bienes, controlar industrias, regular en exceso, crear complejidad ni distorsionar los mercados, sino que deberá enfocarse en las funciones clásicas de:

• Promover el acceso igualitario a las oportunidades,

• Hacer cumplir reglas justas,

• Invertir en capital humano,

• Mantener el sistema simple y honesto,

• Proporcionar protección social básica para personas con discapacidades físicas o mentales, o durante momentos de transición personal extrema o desplazamiento, con un enfoque principal en crear una nación de actores (no dependientes) que participen en la fuerza laboral de todas las formas posibles para contribuir al desarrollo del país,

El documento apuesta, como novedad principal, porque la educación y la atención médica sean prestadas, principalmente, por el sector privado, mientras que se garantiza el acceso general de la población por medio de vales universales. De ese modo, las familias no tendrán problema para elegir dónde educar a sus hijos y dónde recibir atención médica.

El sector público podrá crear y operar escuelas o centros de salud cuando pueda existir una necesidad según sea el caso (mientras el sector privado reconstruye, áreas rurales, etc.), pero debe hacerlo en un mercado competitivo y de forma subsidiaria.

En este nuevo modelo de colaboración privada y pública, cualquier escuela o centro de salud público deberá competir con sus pares públicos y privados para conseguir ser elegidos por las familias en una perspectiva clara de calidad en la prestación de los servicios.

No habrá ninguna escuela o centro de salud obligatorio basado en el lugar donde se viva. Esto asegura igualdad de acceso a la educación y a la atención médica básica, mientras que, al mismo tiempo, se promueve la innovación y se evita la mediocridad de la calidad de los servicios prestados por los monopolios gubernamentales. Este enfoque alinea la dignidad, la libertad de elección, la eficiencia y la eficacia con el acceso universal. Ningún cubano quedará al margen de los servicios públicos, pero su modelo de prestación será distinta.

En materia de fiscalidad, la propuesta pretende simplificar impuestos y regulaciones tributarias para que los ciudadanos comunes entiendan sus procedimientos, "sin necesidad de un ejército de abogados y contadores". Se considera que la complejidad es la mejor amiga de la corrupción y desvía recursos significativos de usos productivos en tanto que “la simplicidad es aliada del crecimiento y la práctica honesta”. 

El capital debe ser bienvenido —doméstico y extranjero— pero con fuertes incentivos para asegurar la participación y la propiedad cubanas, de modo que la prosperidad no sea extraída, sino profundamente arraigada en Cuba, con una clase propietaria cubana en rápido desarrollo. Una propuesta que, sin duda, será valorada de forma positiva por los responsables de las mipymes.

De modo que el propósito de la reforma planteada por los empresarios no es solo la recuperación económica, sino la renovación nacional incidiendo en los siguientes aspectos:

• Una sociedad de propietarios, no de dependientes.

• Una cultura de trabajo.

• Un país de innovadores y emprendedores.

• Un estado que sirve, no que manda.

• Un futuro en el que los cubanos acumulen riqueza en Cuba.

La propuesta señala que no se trata de apostar por “socialismo con una cara nueva, oligarquía ni caos”. Es un modelo que establece para Cuba una democracia de libre mercado basada en la iniciativa privada + acceso universal a la oportunidad + reglas simples + formación de capital + participación cubana.

Si este proyecto logra sus objetivos, se habrá promovido una intensa remodelación de la economía de Cuba que establecerá "la garantía para que cada cubano tenga una oportunidad real de progresar, mediante la educación, el trabajo, el emprendimiento y la propiedad". En este nuevo modelo, la base de la prosperidad de Cuba será la libertad dentro del estado de derecho. Los ciudadanos serán dueños de propiedades, podrán iniciar negocios, invertir libremente y tener la seguridad de que los contratos y los derechos serán protegidos y no expropiados.

Para lograr estos objetivos se proponen trece líneas de actuación que avanzan en la concreción del marco para la transformación económica de Cuba.

La primera línea se refiere a las Instituciones Fundamentales y el Estado de Derecho. En esencia, una República Constitucional, dotada de una ley fundamental que evite los riesgos de las constituciones socialistas o "progresistas" que se observan en otras partes del hemisferio occidental o en Europa, y que afectan a la protección de las libertades individuales, de la empresa privada, de la libre circulación de la mano de obra y del capital, de la libertad de contrato y de la garantía de un poder judicial independiente. Además, se pretende lograr el desarrollo y establecimiento de instituciones fuertes e independientes.

La segunda línea de actuación, con respecto al capital humano, se considera la mayor riqueza del pueblo de Cuba, basada en la alfabetización casi universal y la profunda experiencia en medicina, ingeniería y ciencias, a lo que se añaden los exiliados, que han tenido éxito en todas las industrias y pueden aportar experiencia. Por ello, se propone una inversión en formación profesional y políticas de inmigración abiertas para trabajadores cualificados en áreas donde la oferta nacional sea escasa, reforzando el carácter creativo y resiliente de los cubanos.

La tercera línea está relacionada con las regulaciones públicas, y pretende que sean simplificadas al máximo para reducir el tiempo de comercialización y los costos, aplicándose el principio de que aquello que no está explícitamente prohibido, está permitido. Asimismo, se lanzará una "Ventanilla única empresarial" para registrar un negocio, obtener permisos, ofrecer incentivos y contratar mano de obra y atender otras necesidades de los trabajadores. Igualmente, las políticas públicas se regularán por medio de Agencias que tendrán alcance limitado y funciones centradas en seguridad pública, recaudación y cumplimiento fiscal, marco regulatorio financiero básico, salud y educación o medio ambiente

La cuarta línea propone un sistema fiscal simple y transparente, en el que no habrá espacio para un impuesto sobre la renta personal, sino tan solo un impuesto único nacional sobre el consumo (similar al IVA). Se promoverá la recaudación de impuestos en puntos de venta digitales, se establecerán tarifas impositivas previsibles establecidas por ley durante más de 20 años y se evitará la doble imposición en los tratados fiscales.

La quinta línea plantea un sistema financiero y de acceso al capital, enfocado a una banca moderna especializada en otorgar préstamos a pymes, hipotecas y tarjetas de crédito. Se establece que el Banco central será independiente con mandato de control de la inflación y los mercados de capital vendrán configurados por bolsas de valores dinámicas. La Ley de quiebras deberá permitir el fracaso sin estigma otorgando solidez al sistema.

En este ámbito financiero, se considera fundamental la atracción de capital extranjero permitiendo la propiedad total con excepciones limitadas (medios de comunicación, infraestructura crítica), construir una estructura fiscal atractiva que incluya incentivos fiscales, movilidad de capital y protecciones de arbitraje internacional.

El objetivo es que el capital pueda moverse libremente, rápidamente y sin barreras burocráticas para lo cual, los controles de cambio serán limitados y sin restricciones sobre la repatriación de beneficios.

Se propone el establecimiento de una junta de desarrollo con un amplio mandato y recursos considerables. El marco legal para el capital privado atenderá el capital de crecimiento, capital de riesgo e inversores ángel. Se permitirá que los fondos de pensiones inviertan en capital privado e infraestructura. Y se crearán “zonas startup” con leyes laborales simplificadas y visas exprés para ingenieros.

La sexta línea promoverá incentivos estratégicos para consolidar y hacer crecer la propiedad nacional, por medio de exenciones fiscales corporativas para empresas que al menos en un 10% sean propiedad de nacionales cubanos que residan en Cuba a partir de 2026. Los requisitos de propiedad se basarán en el Capital real (no simbólico) así como en los Derechos de voto/protecciones para la propiedad minoritaria incluidos.

Este conjunto de medidas tiene como objetivos la construcción de una clase capitalista nacional y evitar la aparición de un modelo extractivo puramente extranjero.

La séptima línea señala los sectores clave para el crecimiento, Manufactura (Farmacéutica, militar e industria pesada, Industria ligera, Ensamblaje), Infraestructura (Carreteras, Comunicaciones, Puertos, Energía y Agua), Tecnología (Servicios de datos, Centros de externalización y Software), Construcción (Residencial, Comercial, Industrial y Manufacturera), Turismo ( Hoteles, Marinas, Puertos de cruceros, Turismo cultural y Turismo médico), Agricultura (Azúcar, Tabaco, Café, Frutas tropicales y Ganadería), Minería (Níquel, Cobalto).

La octava línea, con relación al comercio e integración global, propone establecer relaciones con ONG internacionales, firmar Acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, la UE y América Latina, así como Tratados bilaterales de inversión.  Se promoverán, igualmente, las zonas de procesamiento para exportación y un sistema aduanero simplificado (objetivo de despacho en 24 horas).

La novena línea, con respecto a la fundación cultural y moral, propone que la enseñanza atienda a los Derechos de propiedad, la Responsabilidad personal, el Deber cívico, el Emprendimiento, apostando por un proceso de verdad y reconciliación que ayude a restaurar la confianza entre el estado y sus ciudadanos y a promover la meritocracia sobre la ideología.

La décima línea, con relación a las infraestructuras, promueve el impulso y apoyo a proyectos de inversión en puertos, aeropuertos, carreteras, energía y comunicación, confiables como requisitos básicos para cualquier operación comercial seria, siendo una prioridad nacional absoluta.

La undécima línea con referencia al sistema educativo propone fomentar un ecosistema competitivo de escuelas privadas desde preescolar hasta 12.º grado, de Institutos técnicos y vocacionales y de Universidades. El acceso gratuito a la educación se determinará por medio de vales educativos universales, consistentes en que cada niño recibe un vale financiado por el gobierno que se puede usar en cualquier escuela o centro formativo, acreditado (pública o privada). El importe del vale será ajustado por: la situación de pobreza, discapacidad y/o ubicación rural. Se establecerán Estándares nacionales para: Lectura, Matemáticas y Educación cívica, en tanto que el sistema educativo tendrá un fuerte enfoque en: STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), Oficios (electricistas, mecánicos, plomeros, construcción), Emprendimiento e Ingeniería. Además, se permitirá que las universidades extranjeras y operadores educativos abran campus.

La duodécima línea establece las propuestas en materia de salud apuntando a que habrá un sistema predominantemente privado de: Clínicas, Hospitales, Farmacias y Aseguradoras. Igualmente, por medio de Vales de salud universales cada ciudadano recibe un crédito de salud que se puede usar con cualquier proveedor autorizado. Se pretende lograr la competencia entre proveedores del sistema de salud, basada en: Calidad, Velocidad y Resultados. El gobierno definirá un paquete de atención básica (preventiva, materna, de emergencias, enfermedades crónicas, sin exclusiones por condiciones preexistentes).

Se permitirá que los sistemas hospitalarios extranjeros inviertan en Telemedicina y Mercados de seguros privados. El papel público del sistema será enfocado a la regulación, el control de epidemia, la producción de datos y transparencia. Además, si existen instalaciones de salud operadas públicamente (mientras el sector privado se reconstruye, en áreas rurales, etc.), deben competir en igualdad de condiciones con el sector privado para la prestación de atención. No debe haber ningún mandato basado en la ubicación de residencia de los ciudadanos para limitar su atención a cualquier instalación de salud de propiedad pública.

Se fomentará el turismo médico como industria de exportación.

La décimo tercera línea plantea el enfoque de una moderna seguridad social que apueste por una red dirigida no paternalista, que contribuya a crear un sistema eficaz de apoyo para los ancianos, personas con discapacidad y desempleados temporales.

Interesante propuesta empresarial que se somete a análisis y debate público, que servirá seguramente para orientar la negociación con otras iniciativas que pretendan igualmente la recuperación de la maltrecha economía cubana. No es este quizás el espacio para plantear una valoración crítica de la propuesta, sobre todo porque su contenido es válido en un 80% y, en todo caso, los cambios radicales que plantea en la gestión de los servicios públicos, en la construcción del sistema impositivo o la organización misma de los procesos de gestión de la administración encargada de las políticas públicas, deberán ser objeto de un análisis más detallado.