Una gestión presupuestaria muy deficiente: el comportamiento de las cuentas públicas

Elías Amor Bravo, economista

Los diputados de la Asamblea nacional, durante el VII Periodo Ordinario de Sesiones, se habrán dado por informados de los presupuestos de 2026 y de la liquidación del de 2025, pero no será por la información ofrecida por el responsable del ramo, Vladimir Regueiro Ale.

Para poder valorar el impacto de la política presupuestaria que se desarrolla por un gobierno y cómo se atienden las funciones que se asignan a la administración, es necesario contar con información más abundante y detallada que la ofrecida en la Asamblea nacional por el ministro. Si los diputados se consideran satisfechos, allá ellos. Nosotros no.

A falta de datos, el ministro informó sobre la ejecución de la Ley 181/2026 Del Presupuesto del Estado para el año 2026, de la que simplemente dijo que “presenta, al cierre del primer semestre, resultados superiores a los previstos en varios indicadores”. Evidentemente, no explicó qué se entiende por esos “resultados superiores a los previstos” ni tampoco cuáles son los indicadores referidos.

En todo caso, se podría entender que la liquidación ha ido peor de lo previsto (lo que significa que el descontrol ha vuelto a hacer acto de presencia en la gestión comunista de la economía) y que, sin la información para realizar una evaluación precisa de la ejecución presupuestaria, la única conclusión ha sido aumentar la incertidumbre del diagnóstico señalando que “persisten retos relacionados con la recaudación tributaria, la evasión fiscal y la ejecución de determinados gastos”. Entonces, ¿Qué va a hacer el ministro para hacer frente a esos retos? ¿Cruzarse de brazos?

Quiso después el ministro soltar alguna información adicional, a la hora de presentar la marcha de la ejecución presupuestaria, insistiendo de forma obsesiva, como viene siendo habitual en los últimos años que “varias provincias mantienen resultados presupuestarios favorables, entre ellas Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara y Camagüey, mientras otros territorios se acercan igualmente a cerrar el año con balances positivos”. Parece que a las autoridades comunistas del estado no les gusta que se produzcan estos ejercicios de gestión local tan dispares, y buena parte de la política de descentralización de funciones a los gobiernos locales va dirigida a eliminar esos resultados favorables que deberían extenderse, como ejemplo de buena gestión, a todo el sector estatal.

Por lo que respecta a los ingresos, en el actual entorno de crisis humanitaria, señaló que “el cumplimiento continúa respaldado principalmente por la recaudación tributaria, ya que, al parecer, otras formas de recaudación no tributarias se resienten por el cuadro crítico que registra la economía”. Por ello, el ministro insistió, en una nueva pirueta hacia los gobiernos locales, en la necesidad de “movilizar con mayor eficacia los recursos que deben permanecer en los territorios para financiar proyectos de desarrollo local y apoyar la implementación de las transformaciones económicas y sociales”, en lo que se puede interpretar como otro ataque directo a las competencias de los gobiernos locales.

También destacó el fortalecimiento de las acciones de control fiscal y, en clave de amenaza a la población, dijo que “la evasión y el incumplimiento tributario continúan constituyendo una de las principales reservas de ingresos del Presupuesto del Estado y demandan una actuación más coordinada y efectiva de todas las instituciones involucradas”. Se avecinan campañas recaudatorias represivas y un aumento de la presión fiscal.

En cuanto a la ejecución del gasto, el ministro informó que alcanza el 93% de lo previsto para el periodo, y explicó que “las principales inejecuciones responden a dificultades con el suministro de bienes para la actividad presupuestada y al incumplimiento de algunos planes económicos que reciben respaldo financiero del Presupuesto, entre ellos los vinculados al acopio de la producción agropecuaria”.

Según explicó el ministro, una parte importante de los recursos presupuestarios se concentró en “la financiación de actividades económicas y en el subsidio a la tarifa eléctrica del sector residencial, así como en inversiones destinadas a la recuperación de capacidades de generación eléctrica y otros sectores estratégicos”. No habló para nada de inversiones en hoteles.

En su intervención, el ministro anunció que su departamento ha elaborado una estimación de cierre del ejercicio fiscal, teniendo en cuenta la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, en particular, las destinadas a “dinamizar la comercialización de bienes y servicios, recuperar la producción agropecuaria y favorecer un mejor comportamiento de los ingresos presupuestarios”. Empezar a construir una vivienda por el tejado suele acabar mal, y este experimento va camino de lo mismo.

Básicamente porque las proyecciones que se realizan para este tipo de estimaciones deben incluir indicadores que ejercen un impacto sobre la actividad económica, y en este caso que nos ocupa, no conviene perder de vista el incremento de los salarios en el sector presupuestado y del salario mínimo, dos factores que ejercerán una influencia determinante en el comportamiento del déficit fiscal al cierre del año presionando al alza los costes de producción de las empresas y a la baja, su rentabilidad. Es decir, el grado de acierto que pueden tener las estimaciones, puede ser, casi seguro será, bastante bajo.

Por lo que respecta a la liquidación de la cuenta de 2025, el ministro indicó que la política presupuestaria mantuvo como principio esencial “la protección de los programas sociales de la revolución y el cumplimiento de los objetivos de estabilización macroeconómica previstos en el programa de gobierno”. Una tarea que debe estar siendo especialmente compleja en un entorno económico de grave crisis humanitaria como el que golpea a la Isla.

En tales condiciones, se informó a los diputados que el presupuesto del estado al cierre de 2025 (un año más en la secuencia) volvió a mostrar un fuerte desequilibrio, con un déficit fiscal que ascendió a 67.642 millones de pesos. Aun cuando se desconoce a estas alturas la magnitud alcanzada por el PIB en 2025, es casi seguro que el porcentaje del déficit fiscal en el PIB volvió a crecer alcanzando dos dígitos. Este resultado vino motivado por el sobrecumplimiento del 2% de los ingresos totales (mayor presión fiscal y tributaria sobre una economía débil) y una ejecución de los gastos inferior en igual proporción respecto a lo planificado, lo que, según el ministro, evidencia una “administración más rigurosa de las finanzas públicas”. Una afirmación cuestionable, ya que, en este caso, habría que saber en qué partidas del gasto se ha producido ese ajuste antes de realizar cualquier evaluación.

En cuanto a la recaudación, los ingresos brutos alcanzaron 463.461 millones de pesos, mientras que los ingresos tributarios apenas llegaron al 68,6% del total recaudado. El otro 31,4% de la recaudación tuvo su origen en otras fuentes no tributarias, que se vieron afectadas por la actualización de los impuestos aplicados a los combustibles, cigarros y tabacos, así como por el incremento de los aportes realizados por actores del sector no estatal, especialmente por concepto de ventas y utilidades. El presupuesto de ingresos del régimen sigue dependiendo más del 30% en figuras no tributarias lo que refuerza el carácter autoritario.

El ministro informó que persisten manifestaciones de evasión y subdeclaración fiscal que afectan la capacidad del Estado para incrementar los recursos tributarios. En ese sentido, dijo que las acciones de fiscalización de la Oficina Nacional de Administración Tributaria permitieron estimar deudas por 12.056 millones de pesos y recuperar 7.140 millones, aunque permanecieron pendientes de cobro 6.669 millones. Cantidades que, en cualquier caso, son irrelevantes (menos del 2%) con respecto a la recaudación total de ingresos brutos recaudados.

En tales condiciones, el ministro informó que los gastos del estado ascendieron a 518.543 millones de pesos, equivalentes al 97,9% de lo previsto, de los cuales el 64% fue dirigido, como viene siendo habitual, a los sectores de salud pública, educación, asistencia y seguridad Social, que alcanzan el mayor porcentaje del presupuesto. Datos que, sin duda alguna, ayudan para desmontar el relato castrista de la gratuidad de los servicios. Los cubanos pagan con sus impuestos estos gastos del estado, y los pagan bien pagados. Algunas cifras ofrecidas:

En cuanto a salud pública, se destinaron más de 75.000 millones de pesos (un importe superior al alcanzado por el déficit público), para la realización de más de 103 millones de consultas en la atención primaria, 9 millones de consultas especializadas, 23 millones de consultas estomatológicas y más de 825.000 ingresos hospitalarios, además de garantizar la adquisición de medicamentos esenciales.

Por lo que respecta a la educación, se ejecutaron 69.133 millones de pesos (también superior al déficit) destinados a sostener una matrícula total a 1.368.000 de estudiantes en los diferentes tipos de enseñanza y 266.198 universitarios, junto con inversiones en infraestructura escolar y proyectos para mejorar las condiciones de aprendizaje.

En materia de cultura, el presupuesto demandó 11.845 millones de pesos, para financiar los programas orientados a elevar el nivel cultural de la población.

En deporte, se ejecutaron 7.656 millones de pesos para el desarrollo del deporte y la cultura física.

Respecto a la protección social, de la que no ofrecieron cifras, el ministro se limitó a informar sobre el enfoque de la Asistencia Social centrado en atender las necesidades de grupos vulnerables, incluyendo ancianos, personas con discapacidad, y familias de bajos ingresos, como una herramienta para promover la equidad social.

Alguna cifra que otra falta de este recuento, porque si se suman las partidas de sanidad, educación, cultura, deportes antes citados se alcanzan 163.634 millones de pesos, que suponen el 31,5% del total de los gastos. Si, como señaló el ministro, los gastos sociales fueron el 64% del presupuesto, ¿Dónde están los que suponen ese 32,5% restante que no aparece por ningún sitio? Es que es mucho dinero para que no se informe. Es dinero del pueblo de Cuba, pero el ministro no dijo en qué partidas sociales se gasta y cómo.

¿Y qué decir respecto del 40% de gastos restantes del presupuesto estatal? ¿A qué se dedican? ¿Qué se tiene que financiar con ese enorme volumen de dinero aportado por los cubanos a las arcas del estado? ¿Acaso, hoteles?

Finalmente, el ministro reconoció la existencia de “insuficiencias relacionadas con el control presupuestario, la evasión fiscal, la disponibilidad de personal especializado en las áreas económicas y financieras, así como distorsiones en las relaciones entre los sectores estatal y no estatal”. En ese contexto, planteó como una exigencia “la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal, perfeccionar los mecanismos de control y elevar la eficiencia del gasto público como parte de la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas por el país”. Todas, tareas de su competencia.

La conclusión es que la gestión que realiza el régimen del presupuesto del estado es absolutamente descontrolada, sin rigor alguno, y no consigue, año tras año, equilibrar las cuentas, contribuyendo al dibujo de un escenario de déficit estructural que genera no pocos efectos indeseables sobre la expansión monetaria en la economía y la persistencia de elevadas tasas de inflación. No existe voluntad política para revisar en profundidad los gastos, y en materia de ingresos se promueve una acción represiva para intentar recaudar más.

En esta perspectiva, el presupuesto del régimen comunista cubano no cumple con su función principal de ser una herramienta para respaldar el desarrollo económico, garantizar la sostenibilidad de las políticas sociales y contribuir a la construcción de un modelo socialista con mayor justicia y equidad, sino que actúa como una rémora que impide un mejor funcionamiento de la actividad económica general y los actores económicos privados. Y sobre todo, impide a los cubanos constatar que ellos son los que financian con su trabajo esa estructura ineficiente y, además, se paga un alto precio por la misma.