La administración pública en Cuba no está para reformas

Elías Amor Bravo, economista

El régimen castrista declara querer “redimensionar la estructura del gobierno para fortalecer la institucionalidad, elevar la eficiencia de la gestión pública y respaldar la implementación de las transformaciones económicas y sociales”. Estos son los objetivos definidos en la Ley de Organización de la Administración Central del Estado, aprobada por la Asamblea Nacional en su X Legislatura. Pero en realidad se trata de algo muy distinto, ya que con esta reforma se pretende apretar al pueblo con más burocracia, más jerarquía, control e intervención. Esta ley no respeta ni se adapta al sino de los tiempos, porque mantiene que el estado debe situarse por encima de toda actividad económica, un principio de la organización marxista leninista.

La presentación de la norma corrió a cargo del secretario del consejo de ministros, José Amado Ricardo Guerra, que señaló su relación con el artículo 146 de la constitución de la República, donde se establece el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que forman parte de la Administración Central del Estado, su determinación por ley, y el ajuste al cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2027.

Como en otros ámbitos de la gobernanza castrista, la actual organización de la Administración Central del Estado se rige por un decreto ley vigente desde 1994, que ha alcanzado más de un cuarto de siglo de existencia, y que pide abiertamente su actualización por obsoleto, en la medida que dota a la Administración de una rigidez y e inflexibilidad que impide su funcionamiento eficiente.

Antes de proseguir, conviene tener en cuenta que, en los países democráticos, la organización y estructura de la Administración, los ministerios, se modifica de acuerdo con el resultado obtenido por las correlaciones políticas que surgen de las elecciones democráticas periódicas. Esto permite conseguir algo que es fundamental para las políticas públicas, y es que la administración se adapte a las preferencias políticas de los ciudadanos que otorgan el respaldo social electoral a la fuerza ganadora que lidera el cambio ministerial. Esta es una diferencia importante con respecto al modelo impuesto por la norma cubana, que cronifica la estructura administrativa y la conforma con rango de ley y estabilidad en el tiempo.

Por empezar por algún sitio, la ley establece una reducción de 27 a 21 en los organismos de la administración central del Estado, y ¿Por qué no a 20, o quizás a 15? ¿Qué más da? por medio de la integración de funciones y el cambio de denominación en ocho de ellos. Sin embargo, esto significa que no hay pérdida de posiciones de poder, ni tampoco de gestión presupuestaria, sino realineamientos y nuevas dependencias. A la larga, más gasto. La foto fija de los que cambian queda del siguiente modo:

• Agricultura y Alimentación

• Educación Superior, Ciencia e Innovación

• Economía y Finanzas

• Comercio e Inversión Extranjera

• Industrias y Construcción

• Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos

• Deportes y Recreación

Desde el principio, cabe señalar que la reorganización no limita la capacidad de gestión de los organismos, por el contrario, establece una reestructuración interna para adecuar sus funciones al nuevo diseño institucional, en definitiva, lograr más poder político. La reorganización se adecua al mandato constitucional comunista de 2019, atendiendo a las disposiciones de fortalecimiento de institucionalidad estatal y de la definición constitucional del estado socialista de derecho y justicia social. Jerarquía, partido, poder político y burocrático, una pésima combinación para la base de la administración del régimen comunista.

Además, la Ley atiende al cumplimiento del Objetivo General No. 6 y al Específico 6.3 de las Transformaciones Económicas y Sociales, número 41, que incide en la necesidad de redimensionar la Administración Central del Estado para conseguir la unidad en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, ofreciendo una atención más coherente y consecuente con la transversalidad de alguna de esas políticas en la actuación del estado cubano.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que habrá que esperar para ver cómo se ponen a funcionar los nuevos agregados, y eso va a requerir tiempo, que es de lo que no anda muy sobrado el régimen comunista cubano. La reforma pretende integrar procesos de gestión pública para lograr una mayor eficacia, dotar de eficiencia a los medios de la administración central, reducir la fragmentación y dispersión en la actuación administrativa y eliminar la duplicidad de competencias y actuaciones existentes en la gestión pública. Un enunciado como el descrito no admite cuestionamiento, pero es complicada su consecución en la enmarañada estructura de la administración comunista. El hecho de que las reformas se limiten al ámbito de la administración central dice muy poco de las mismas.

Con esta ley, los brazos de la administración se extienden poderosamente sobre otros actores, condicionando su funcionamiento y existencia misma. Más aún cuando se reivindica la participación de todos los actores económicos en los procesos relativos a la gestión pública para dotar de mayor coherencia al cumplimiento de las funciones estatales de los OACE, separándolo de las empresariales, de los órganos del Poder Popular, tanto los municipales como los provinciales.

Igualmente, habrá que esperar para comprobar si los nuevos agregados creados ofrecen una mayor calidad de los servicios y prestaciones públicos, crean un mejor escenario para la transparencia, rendición de cuentas y control, propician mejores condiciones estructurales y funcionales para la atención administrativa de las necesidades generales de la población, garantizan los derechos ciudadanos y el cumplimiento de los deberes. Lo cierto es que se trata de otro enunciado que no es fácil de cuestionar, pero que igualmente está condicionado por la dinámica de los procesos administrativos y la naturaleza represiva del régimen político.

Algunos de los cambios más significativos, con la aparición de los nuevos agregados, a partir de la reforma son los siguientes.

El Ministerio de Agricultura y Alimentación pretende integrar toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta la comercialización, en consonancia con la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Mala noticia. Un ministerio de larga tradición en el sector público cubano, Agricultura, incluso anterior a 1959, desaparece como tal, de esta nueva estructura. Además, estableciendo una relación entre Agricultura y Alimentación, se deja de lado la importante actividad de la industria manufacturera para la alimentación, y hasta cierto punto, se olvida la relevancia de la producción ganadera.

El Ministerio de Economía y Finanzas, favorecerá una mayor articulación entre la planificación económica, el presupuesto, la política fiscal y las inversiones, al tiempo que aclaró que reduce la duplicidad de funciones y conflictos burocráticos, actuando como solo un organismo. Aquí se destaca como algo positivo la desaparición de los precios, de la denominación del departamento, aunque no está claro que se determinen por el mercado vía oferta y demanda. Combinar economía y finanzas en un modelo marxista leninista de la economía entraña riesgos.

El Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera unificará la política comercial, facilitará las cadenas de suministro y se adecuará a la participación de otros actores económicos no estatales en el comercio. No parece acertada esta unificación de dos competencias poco relacionadas entre sí. Los proyectos de inversión extranjera rara vez se dirigen al comercio y dado su estado actual no parece que lo sean en el futuro.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia e Innovación, señaló que fortalecerá el vínculo entre la formación de profesionales, la investigación científica y la innovación tecnológica, potenciando el desarrollo del capital humano. Vincular la ciencia e innovación a la educación es apostar por una actividad ajena a la demanda de mercado, lo que debería servir para la obtención de ingresos. Mala decisión.

Con la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos, considerado uno de los cambios más significativos de la propuesta, se integran funciones relacionadas con la vivienda, el ordenamiento territorial, la gestión ambiental y los recursos hidráulicos. Mala decisión. La vivienda tiene poco que ver con este departamento, y su grave estado en la economía cuba podría exigir una mejor ubicación.

Igualmente, el Ministerio de Industria y Construcción logra la integración de ramas industriales heterogéneas y la complementación y articulación de funciones y actividades para cerrar procesos y lograr la eficiencia y eficacia que la Administración Central del Estado requiere. Mala decisión, a no ser que se apueste por la construcción industrial, una actividad que en la economía cubana se encuentra prácticamente sin aparecer.

Si realmente el proyecto ha realizado una amplia consulta con organismos, especialistas y diputados, con numerosas propuestas y observaciones, muchas de ellas incorporadas al texto final, parece evidente que las mismas se han sometido a la idea central del redimensionamiento de la Administración central del estado, como un paso necesario para fortalecer la institucionalidad y garantizar una implementación más eficaz de las transformaciones económicas y sociales. Es decir, otorgar más poder al ejecutivo.

En el reparto final de funciones, el Ministerio de Industria y Construcción asumirá la conducción de la política relacionada con los servicios comunales y la gestión integral de los residuos sólidos; el Ministerio de Agricultura y Alimentación atenderá las áreas verdes y los residuos orgánicos; el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Recursos Hidráulicos tendrá a su cargo el mobiliario urbano, los parques y la evaluación del impacto ambiental; mientras que el Ministerio de Salud Pública será responsable de los servicios funerarios, cementerios y el control sanitario asociado.

Por último, se destacan algunas de las intervenciones de los diputados. Respecto a la aplicación de la Ley, Machado Ventura manifestó que se tiene que ser preventivos y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en concreto, tendrá que revisar las plazas, los problemas de desempleo y asistencia social para que esta nueva estructura sea más eficiente.

La diputada Aylin Justiz sostuvo que, si bien la reforma disminuye la burocracia y es una decisión acertada, en el caso de la fragmentación del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, con las nuevas funciones, supondría costos de titulación. Asimismo, explicó que “puede acelerar la pérdida de capital humano especializado, debilitar la representación unificada de nuestro país ante convenios internacionales que tienen que ver con el cambio climático, con seguridad nuclear, con biodiversidad”.

Inés María Chapman, viceprimera ministra, defendió la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, y planteó la necesidad de garantizar una transición coherente y una eficiente distribución de la fuerza de trabajo capacitada. Informó del análisis de riesgo y de costos-beneficios para poder reunir todos los criterios en aras de la conformación de este nuevo ministerio, como complejidad burocrática, vulnerabilidad territorial y fragmentación institucional.

Chapman reconoció que la creación del Ministerio de Medio Ambiente, Habitat y Recursos Hidráulicos responde a una “necesidad de fortalecer la respuesta ante los eventos climáticos, lograr eficiencia, reducir el gasto público y concentrar recursos de una manera más eficaz. Se pretende lograr una mejora en la articulación territorial, al tener competencias transversales, implementar coherentemente las políticas en los territorios, facilitar la cooperación internacional y concentrar competencias administrativas, a la vez que se cumplen los objetivos de las agendas internacionales. Su unificación podría mejorar capacidades para coordinarse con organismos como la ONU, el PNUD y otros”.

La diputada y subdirectora del periódico Granma, Leidys María Labrador, mostró su preocupación sobre la necesaria comunicación institucional en medio de todas las nuevas transformaciones que se han planteado en la Asamblea. Recomendó incluir en los planes de transición, los cambios en los procesos de comunicación de los ministerios y organismos implicados para que en su reestructuración se creen los nuevos logos, colores y la identidad corporativa que los va a representar. También propuso la creación de estrategias para comunicar esos cambios y la consolidación de canales públicos de comunicación para lograr un intercambio más explícito y coherente con la población.

El miembro del Consejo de Estado, Yuri Valdés, dijo que la norma constituye un punto de partida para reorganizar la gestión gubernamental, cuyo perfeccionamiento dependerá del proceso de implementación y de la participación de los organismos y diputados. Señaló que resulta imposible alcanzar un consenso absoluto en un proceso de esta magnitud, debido a la diversidad de criterios existentes, pero consideró que la propuesta presentada por el Gobierno ofrece una base sólida para avanzar en la transformación de la Administración Central del Estado y garantizar una mayor eficacia institucional.