Los transportes: otra política encaminada al fracaso

Elías Amor Bravo, economista

Cierto. Al principio pensamos que se trataba de una burla siniestra del régimen. Después se ha visto que iban en serio, y aquí está ya la actualización de la política de transporte que incorpora una serie de medidas para aumentar las opciones de compra de medios de transporte, estimular la movilidad eléctrica y fortalecer el Fondo para el Desarrollo del transporte público.

La pregunta que cabe realizarse no puede ser otra que ¿Es este un momento adecuado para este tipo de sainetes castristas? Con una grave crisis humanitaria de falta de combustible, apagones continuos, parálisis productiva, alimentos escasos y basura abandonada en las calles, lanzarse a incrementar las ventas de vehículos parece que tiene poco sentido.

En cualquier caso, esta política del régimen se basa en la realización de importaciones, no de producción nacional, lo que acaba trasladando al exterior el efecto positivo de esa demanda. O, dicho de otro modo, los resultados de estas transformaciones van a permitir a otros países beneficiarse de la política de gasto en el presupuesto cubano, porque el programa va acompañado de más ejecución del gasto. Sin duda, una actuación de lo más absurda que se pueda plantear en materia de economía.

El ministro de transporte, Dávila, parece haber entrado en la carrera de la cúpula dirigente por ver quién publica antes las normas y disposiciones que sirvan para dar contenido a las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por el régimen, en este caso, las identificadas con los números 146, 147 y 148 dentro del eje temático 18 titulado Transportes.

Las normas relativas a la actualización de la política para la transmisión de la propiedad de los vehículos de motor, remolques y semirremolques, así como su importación y comercialización, han sido publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria número 65.

Consisten en dos decretos, el Decreto Ley 122, modificativo del artículo 229 del código de seguridad vial y el Decreto 163, que establece las reglas y principios generales de la política, además de una panoplia de resoluciones de organismos de la administración central del estado relacionadas con importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y procedimientos aduaneros.

¿De qué va realmente esta actualización en materia de transportes?

En primer lugar, se elimina el límite de compra de vehículos, que se encontraba establecido en seis, durante un período de cinco años, para personas naturales y jurídicas en las comercializadoras autorizadas. De igual modo, se incrementa el número de entidades facultadas para comercializar vehículos, con el propósito de ofrecer mayores alternativas a los compradores. Aumento de la demanda y de la oferta de forma simultánea, ¿con qué objetivo? Vaya usted a saber, lo que está claro es que, por medio de esta medida se realiza un gasto que se traslada directamente al exterior perdiéndose el valor añadido, salvo la parte retenida por las comercializadoras que intervengan en la operación cuya titularidad puede ser cuestionable.

En segundo lugar, se autoriza a personas jurídicas no estatales que cumplan los requisitos establecidos a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos como ciclomotores, motocicletas, bicicletas y autos. Parte del gasto genera valor añadido dentro de la economía nacional, pero solo una pequeña parte de sueldos y salarios.

En tercer lugar, los colaboradores cubanos en misiones oficiales en el exterior podrán adquirir o importar vehículos de hasta ocho pasajeros a través de cualquier comercializadora autorizada, y no únicamente mediante una entidad específica como ocurría anteriormente. Dicho vehículo puede fabricarse tanto en el país en que trabajan como de otro tercero.  Se trata de una medida de captación de divisas obtenidas por los colaboradores en misiones, a modo de incentivo para desarrollar su actividad. Resulta curioso que el número de plazas de los vehículos sea de 8. Con esta medida, todo el gasto se traslada al exterior con escasa o nula influencia en la economía nacional.

En cuarto lugar, se aplica una exención del pago del impuesto especial de venta para los vehículos eléctricos, comprados junto a sus estaciones de carga, con fuentes renovables de energía, como incentivo a la transformación de la matriz energética nacional. De ese modo, se reducen los ingresos tributarios que podría obtener el estado con esta base imponible, y existen serias dudas de que pueda ser un incentivo eficaz para la compra. En todo caso, el beneficio fiscal se traslada al exterior en su totalidad.

En quinto lugar, se aplica una reducción del impuesto especial aplicado a ómnibus y microbuses: de 20% a 12%. Si fueran ensamblados en el país al 7% y a 5% cuando sean eléctricos. Otra medida similar que incorpora incentivos fiscales que reducen los ingresos tributarios (más déficit).

En sexto lugar, se autoriza también la posibilidad de adquisición de vehículos en comercializadoras por parte de extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria, así como la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables. Una medida que incentiva a los extranjeros la compra de cualquier tipo de vehículos, con el traslado del gasto directamente al exterior. A los nacionales, solo triciclos. Una vez más, diferencias clasistas.

Las autoridades han justificado estas medidas por la urgente necesidad de favorecer la recuperación del transporte público, uno de los sectores más afectados en los últimos años. Pero, no cabe duda de que el efecto multiplicador del gasto de estas medidas se traslada al exterior y se tiene que investigar mucho los contenidos para encontrar las citadas referencias al transporte público, existe en las medidas una marcada preferencia por el transporte privado de compradores con acceso a divisas y poder de compra. Es decir, con estas medidas el régimen aumenta las diferencias entre clases sociales que cabe esperar de otras transformaciones, lo que contrasta ciertamente con el enfoque social que los sectores más reaccionarios vienen afirmando.

Para tratar de minorar esta percepción de medida clasista, el ministro de transporte informó que se mantiene el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, financiado a partir de una parte de los impuestos especiales aplicados a la venta de vehículos, recursos que han permitido incorporar medios destinados a servicios esenciales.

Entre los resultados producidos por el Fondo, citó la compra de 15 vehículos fúnebres eléctricos para La Habana, un catamarán para transporte del Municipio Especial Isla de la Juventud, 300 triciclos eléctricos para la transportación de pasajeros, 110 microbuses para rutas, 20 ómnibus para la Empresa de Ómnibus Nacionales y diez para Vía Azul, vehículos eléctricos destinados al traslado de pacientes de hemodiálisis, otros destinados a la transportación del personal de la salud en La Habana, así como bicicletas, camiones y otros medios.

El Fondo constituido con los recursos financieros de las ventas no exentas, pretende ser una herramienta, una más, para apoyar la recuperación gradual del transporte público, aunque el ministro reconoció la existencia de limitaciones provocadas por el deterioro acumulado de las infraestructuras (más o menos como en el caso de la electricidad) y del impacto de las restricciones externas que afectan la llegada de recursos adquiridos.

En su presentación, el ministro dijo que la política diseñada trata de favorecer vehículos más económicos, impulsar la movilidad eléctrica, estimular la industria nacional y ampliar la participación de actores estatales y no estatales en la comercialización, siempre bajo los principios establecidos por el país. Quien mucho abarca, ya se sabe.

Y sorprendentemente, los resultados de la política no van en línea con los objetivos marcados. El ministro reconoció la venta de 35.494 vehículos de motor (una ratio de 3,9 vehículos por 1.000 habitantes, de las más bajas del mundo) pero, y ahora viene lo mejor, ¿Saben qué vehículos fueron los más vendidos? El 65% fueron vehículos de motor de combustión, un 5% híbridos y el 30% restante eléctricos. Adiós a los objetivos de energías renovables que pretende el régimen y que no acaban de lograrse en el sector transportes de Cuba.

El ministro también informó la realización de 13.689 transmisiones de la propiedad de vehículos, la mayoría entre personas naturales, 12.444, apenas 304 entre personas jurídicas y 943 entre personas naturales y jurídicas. Finalmente, dijo que se han importado directamente por las personas como equipaje no acompañado o envío, 41.963 vehículos de motor, de ellos: 19.443 ciclomotores y motocicletas eléctricas y 22.520 ciclomotores y motocicletas de combustión.

Y aunque no tenga relación con el tema de las "transformaciones", el ministro de transportes se refirió a un nuevo proceso para la homologación y legalización de vehículos armados por partes. Será el tercero. Una especie de inspección técnica de vehículos similar a la que existe en otros países, pero salvando las deficiencias del parque móvil existente en Cuba. En los procesos anteriores se legalizaron más de 100.000 vehículos fabricados por partes, sometidos a revisiones técnicas para comprobar sus condiciones de seguridad. 

El nuevo procedimiento regulado por la resolución 47 del Mitrans, tiene tres etapas fundamentales. La primera será la inscripción de los propietarios en una plataforma digital habilitada para ese fin. La segunda corresponderá a la revisión técnica de los vehículos en los centros habilitados en todo el territorio nacional, mientras que la tercera estará relacionada con el registro y la obtención de la documentación que acredita la legalización del medio.

El ministro insistió que este proceso pretende regular la realidad existente, garantizar que los vehículos cumplan requisitos técnicos y brindar seguridad jurídica a sus propietarios y señaló que, en experiencias anteriores, se presentaron dificultades asociadas a la emisión de matrículas y a la gestión en algunas oficinas, situaciones que se trabajan para evitar que se repitan en esta nueva convocatoria.

La homologación permitirá incorporar estos medios al sistema formal de transporte, siempre que demuestren la legalidad, superen las evaluaciones establecidas y cumplan las regulaciones vigentes. Según  el ministro, por medio de esta iniciativa se flexibilizan determinados procedimientos, se ordena el parque automotor del país y aprovechan soluciones creadas por la propia población ante las limitaciones existentes.

Las transformaciones en Transportes no dan para más. Ni se va a resolver el transporte público, ni se va a estimular un mercado privado, ni se van a resolver las necesidades de la población o se van a conseguir objetivos en transporte sostenible. La política está mal diseñada porque el gasto y la demanda efectiva que se pretende conseguir se traslada al exterior, estimulando las economías de las que proceden los vehículos en venta. Tal parece que su único objetivo real es captar y controlar las divisas obtenidas en el sector del transporte. Finalmente, y solo por curiosidad, habrá que ver esas importadoras de vehículos quiénes son y qué requisitos cumplen. Lo mismo que las farmacias o las residencias privadas.