Normas para regular la economía: recuerden el fiasco de la tarea ordenamiento

Elías Amor Bravo, economista

Una vez más, el régimen castrista vuelve a dar señales de no querer entender cómo funciona la economía, y de qué forma se regula la actividad económica para lograr objetivos concretos de crecimiento, distribución y asignación de recursos escasos. Llevan con los mismos errores 67 años, por lo que es difícil que cambien a estas alturas. El problema es que el pueblo cubano ya no aguanta más y este tipo de comportamientos puede acabar siendo la gota que colme el vaso.

¿A qué comportamiento nos referimos? Pues básicamente, a esa idea falsaria del comunismo castrista de que hay que dar un respaldo jurídico a cualquier tipo de actuación sobre la economía. O, dicho de otro modo, los comunistas están convencidos de que la publicación de las leyes y normas administrativas en la Gaceta oficial es condición necesaria y suficiente para que los actores económicos se muevan y las apliquen. Pero la economía no funciona así.

Idea errónea, que las experiencias del pasado (recordemos la voluminosa dedicación a la tarea ordenamiento de la Gaceta oficial de finales de 2020) han mostrado sus consecuencias nefastas. Ahora con las llamadas “transformaciones económicas y sociales” están en la misma creencia. Cómo si no es posible entender lo que se publica en un artículo en la prensa oficial, titulado, “¿Cómo se garantiza el respaldo jurídico para que las transformaciones económicas y sociales lleguen a la base?”.

Esa llegada a la base de las transformaciones es lo que implementan los comunistas de forma errónea. En vez de observar la realidad y regular lo que funciona bien, se imponen normas de obligado cumplimento a todos, que acaban provocando dificultades a unos y otros. En esa tarea justificativa, la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde explicó cómo funciona “el proceso de construcción normativa asociado a la implementación de las transformaciones”, que se sigue actualmente. Y lo que es peor, mostró su absoluto convencimiento, una vez más, que la ocupación masiva de páginas en la Gaceta logrará que las transformaciones se lleven a la práctica y den los resultados deseados.

Lo cierto es que buscar respaldo legal para implementar las transformaciones económicas y sociales aprobadas el pasado mes de junio por la Asamblea Nacional del Poder Popular ha llamado la atención, porque las transformaciones aparecieron de la noche a la mañana con el ánimo de establecer procesos dedicados a regir y establecer el funcionando en la economía. Por eso, mucho nos tememos que todo este derroche administrativo y legal tiene poco o nada que ver con lo que funciona actualmente en la economía.

Y, además, las transformaciones no parece que hayan logrado atraer y/o confirmar el interés de los agentes económicos y sociales. La fórmula castrista, publicar normas legales para que se implementen de forma obligatoria, no garantiza ni la coherencia de las medidas, ni su efectividad y eficiencia con relación al ordenamiento jurídico cubano. Para lograr este objetivo, es necesario ir más arriba en la jerarquía del ordenamiento leal, y enfrentarse al articulado de una constitución que necesita cambios profundos para que la actividad económica pueda desarrollarse de forma positiva.

Pero nadie debe esperar a estas alturas que se toque ni una sola palabra de esa constitución de 2019 que garantiza, entre otras lindezas, la supremacía política del comunismo, o el modelo marxista leninista como rector de la economía. No existe el menor interés de los dirigentes por cambiar ese armatoste o definir un cronograma viable y/o grupos de trabajo encargados de coordinar los cambios necesarios en la norma constitucional. La constitución no se toca, y eso que no resulta difícil observar que muchas “transformaciones” entran en conflicto con el articulado de la carta magna.

Es por ello, que el interés se centra en cómo garantizar ese aseguramiento jurídico de las transformaciones económicas y sociales, con las 138 disposiciones jurídicas de distintos rangos: cuatro leyes, 34 decretos–leyes, un decreto presidencial, 17 decretos, tres acuerdos del Consejo de ministros, 78 resoluciones y una instrucción. De ellas, 104 debían aprobarse en julio, 31 en agosto y tres en septiembre. A ver quién en su sano juicio se puede leer todo este contenido, y lo más problemático, llevarlo a la práctica. En total, 192 normas jurídicas de diferentes rangos que ya han sido aprobadas y revisadas, y que dan respaldo a las transformaciones, con las características señaladas.

La ministra dijo que se ha trabajado intensamente y, a tal fin, se ha previsto un proceso expedito, ágil y de calidad en cuanto a los procesos de revisión, conciliación con los ponentes de las normas y aprobación de las mismas.

Las autoridades insisten en que los que trabajan en este proceso, saben que la coherencia del ordenamiento jurídico es una condición obligada, y detrás de ella se encuentra el respeto a las normas de rango superior y la supremacía de la Constitución. Y se establece una máxima de obligado cumplimiento: las leyes que requieran modificaciones pueden realizarse mediante decretos–leyes siempre que no afecten derechos, como establece la propia Constitución.

De modo que, hasta la fecha se han publicado 93 normas jurídicas en la Gaceta Oficial. De las 177 normas terminadas, se han identificado 31 que no requieren publicación. Quedan alrededor de 50 pendientes de publicación que no verán la luz por este mecanismo, porque la organización de las ediciones de la Gaceta lo impide y los atascos en las publicaciones pueden acabar creando mayor confusión que la resultante de este proceso.

Las autoridades confirman que el respaldo jurídico a las transformaciones no concluye con la aprobación y publicación de las normas. Respecto a la forma de implementarlas, las autoridades se muestran optimistas porque la mayoría se adoptan en los territorios, en la base, en los municipios, y es allí donde deberá garantizarse una implementación rápida, coherente y acompañada por todos los organismos.

Y por ello, a tal fin, se ha diseñado un proceso de divulgación de las normas, comunicación amplia, seminarios de capacitación y control de cómo se ejecutan. Se han previsto recorridos de los ponentes de las normas por sectores como la agricultura, el sistema empresarial y las nuevas formas de gestión, para explicar su contenido, conocer las dudas y ver cómo se implementan en la base.

Volviendo sobre sus pasos iniciales, las autoridades sostienen que la implementación de las normas no es responsabilidad únicamente de los municipios ni de los gobiernos municipales o provinciales. En ese sentido, la indicación del presidente y del primer ministro sobre esta cuestión ha sido que “no se trata de ir a los municipios a examinar, sino de acompañarlos y ayudarlos a implementar adecuadamente las normas”. Y se señaló que todos tenemos que acompañar el proceso y garantizar, en lo que a cada organismo compete, su realización. Ese concepto de “todos” no deja de ser intrigante.