La amenaza de la nueva ley de expropiaciones en Cuba: un lobo con piel de cordero

Elías Amor Bravo economista

El régimen comunista cubano ha anunciado la próxima publicación de una Ley que regulará el controvertido tema de las expropiaciones en el país.

Un asunto que merece especial atención, por las repercusiones que presenta sobre el marco de los derechos de propiedad y la necesaria seguridad jurídica que deben tener los agentes económicos para producir en la economía.

Según un informe reciente de The Global Economy.com, el riesgo de expropiación de Cuba en comparación con 173 países del mundo la coloca en el puesto 15 con una puntuación de 6, que es la inmediata posterior a la más elevada, de 7 puntos, que comparten 12 países entre los que se encuentran Afghanistan, Yemen o Venezuela, entre otros. Cuba se descuelga de este primer grupo y se sitúa en el segundo escalón de la clasificación junto a otros 14 países. Más información de este estudio[1] permite obtener una valoración de la importancia de las expropiaciones en Cuba.

La nueva ley que plantea el régimen para regular las expropiaciones busca dar cerrojo a toda la experiencia anterior, y olvida, de forma intencionada, el contencioso que subsiste desde que se produjeron las nacionalizaciones, expropiaciones y confiscaciones en Cuba durante los años 1960 a 1968.

Se observa que este “olvido” del legislador es intencionado, y viene a confirmar que los dirigentes comunistas no tienen la menor intención de avanzar en la restitución de la propiedad privada confiscada en aquellos años, que prácticamente alcanzó al 100% del capital productivo de la nación.

Esta ley debería haber apostado por lograr la necesaria reconciliación con los propietarios y sus herederos confiscados, pero no existe la menor intención de que ello sea así. Por el contrario, se sientan unas débiles bases de derecho para regular los procesos expropiatorios, otorgando al estado comunista una evidente supremacía con respecto a otros actores económicos.

La ley que se presenta es confusa, tiene una pésima redacción, errores en la enumeración de artículos y puntos, e introduce peligrosos elementos represivos que muestran el peor rostro de la ideología comunista, contraria al ejercicio libre y pacífico de los derechos de propiedad por todos los actores económicos.

Un buen ejemplo de ello es la referencia en las disposiciones finales a la obligación que se impone a los agricultores pequeños a mantener, explotar y utilizar adecuadamente la tierra y sus demás bienes relacionados con la producción agropecuaria y forestal, en una clara advertencia sobre posibles procesos expropiatorios.

Una somera revisión del texto plantea no pocos problemas. Trata de forma desigual al capital extranjero y al nacional en los procesos confiscatorios, no define bien los supuestos de utilidad pública e interés social que deben justificar la expropiación y no los refiere a contenidos legales, mantiene la expropiación forzosa con un proceso alternativo y realiza una confusa regulación del pago por las indemnizaciones. 

Se insiste que el principal problema de esta ley, que la invalida a efectos internacionales y, sobre todo, como un posible instrumento para consolidar las bases del futuro de la economía cubana, reside en que otorga al estado una preeminencia absoluta con respecto a los actores no estatales en los procesos expropiatorios, lo que raya en la más significativa indefensión, a la vez que sienta las bases de un proceso del que existen serias dudas sobre la voluntad política de llevarlo a término.

Un estudio más detallado de la ley se realizará en los próximos días.

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