Las reformas mayoristas que necesita la economía cubana

Elías Amor Bravo, economista

Uno de los obstáculos más importantes con que se encuentran los pequeños emprendedores cubanos para funcionar dentro de los estrechos límites que fija el régimen castrista, es la ausencia de mercados mayoristas en los que poder adquirir los insumos necesarios para desarrollar su actividad.

Vaya por delante que a cualquier país con una economía medianamente organizada según las reglas del mercado y los derechos de propiedad, le cuesta comprender esta anómala situación, que es herencia del sistema comunista totalitario que durante 58 años ha desangrado la economía cubana. Y sorprende, además, la tozudez del régimen en no querer adoptar las únicas medidas que pueden dar solución al problema. Lo dispuesto en los Lineamientos números 56, 57 y 59 en relación con los mercados mayoristas, simplemente no sirve.

Los experimentos continúan sin que se obtengan resultados satisfactorios. Un ejemplo, la tienda especializada Zona +, de la corporación Cimex, que nació para comercializar insumos en grandes formatos dirigidos a la red de comercialización minorista del país. Desde su lanzamiento, lo que se viene observando es poco halagüeño. Un artículo en Granma señala al respecto, y cito textualmente “poca variedad en la oferta de suministros, insuficiente conocimiento de las comercializadoras para identificar las prioridades de la producción nacional y la importación, obsolescencia tecnológica en industrias y manufacturas, además del estado técnico de los medios de transportación y sistemas de almacenamiento” casi nada. Un buen diagnóstico que, sin embargo, continúa sin tener solución.

Nos podemos preguntar por qué. ¿Cómo es posible que el Ministerio del Comercio Interior Mincin esté trabajando desde 2012 para reordenar el comercio mayorista atendiendo no solo a las empresas estatales (que tienen privilegios como comprar directamente a los productores) sino también el aprovisionamiento a las cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP) en arrendamiento y continúe con los mismos problemas? La respuesta es sencilla. Porque no quieren arreglarlos. En una economía de planificación central, colectivista, que sitúa al estado comunista como centro de la economía, la disponibilidad de insumos por los pequeños emprendedores puede suponer un menor control de sus actividades, y eso al régimen no le gusta. Simplemente, no le interesa.

En la llamada “revolución”, uno de los primeros hitos fue destruir a los entonces intermediarios. Muchos de ellos vieron como sus negocios eran confiscados sin indemnización en los primeros momentos de euforia. Una vez perdidas sus empresas, la única posibilidad era el exilio. La historia de aquellos comerciantes cubanos que construyeron sus empresas con trabajo y esfuerzo, debe ser escrita y en algún momento, obtener el reconocimiento merecido. Como consecuencia de aquellas decisiones confiscatorias, la economía se convulsionó y comenzó una etapa de racionamiento y escasez que los cubanos no conocían.

El comercio mayorista pasó a ser dirigido y controlado por el estado y la infraestructura logística de la nación, el capital humano y la cualificación acumulados, desaparecieron para siempre de la escena. Una victoria “ideológica” de los comunistas que no perdieron ni un instante para condenar públicamente a los intermediarios, culpándolos de los problemas de abastecimiento cuando ya no eran dueños de sus activos y empresas y no tenían capacidad para arreglar el entuerto.

58 años después los llamados “lineamientos” de Raúl Castro quieren recuperar la distribución mayorista en Cuba, pero lo hacen mal. Lo que denominan “reordenamiento de las comercializadoras” (entre las que se encuentran Acinox, Cimex, Escambray, Copextel, Almacenes Universales, entre otras), no es otra cosa que situar a empresas estatales en el núcleo de la logística de la economía para que puedan sacar provecho de un eventual aumento de las operaciones económicas por parte de los pequeños emprendedores.

Pero esa no es la solución que se necesita para el sector, como tampoco lo es “introducir en las redes minoristas productos en grandes formatos, con precios inferiores, según lo dispuesto por las resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios del 2015” como la Zona+, ni tampoco la “vinculación en el ámbito del sector cooperativo entre productores y proveedores en relación con los negocios de gastronomía de la resolución 61/2016 del Mincin”, e incluso “la venta de gases industriales a los emprendedores en las actividades de chapistería, herrería y oxicorte”. Todas estas experiencias son parches que no sirven para generar en la economía cubana mercados mayoristas capaces de prestar servicios eficientes y competitivos al naciente sector empresarial.

El comercio mayorista es una de las actividades estratégicas de la economía nacional. Requiere la existencia de estructuras de propiedad privada, objetivos de rentabilidad a medio y largo plazo, que incorporen tecnologías avanzadas, que generen abundante empleo cualificado. Y para todo ello, necesita capacidad y autonomía para la adopción de decisiones. Es un sector comprometido con el crecimiento de la economía nacional puesto que de ella depende, y con una adecuada regulación y ordenación puede ser un motor del bienestar y calidad de vida. El papel del estado en este sector debe quedar relegado a las actividades regulatorias, que se deben dirigir precisamente a crear las condiciones más adecuadas para que los empresarios privados puedan progresar.

Es evidente que este modelo es inexistente en Cuba y que el régimen no apuesta por este diseño, ni siquiera en la enumeración de propósitos para el 2030 que han aprobado hace unos días. Como consecuencia de ello, el sector mayorista cubano, que debería estar en manos de la propiedad privada cubana para facilitar sus relaciones con los inversores internacionales, continúa siendo un sector dominado por el estado, burocratizado, parcheado, atrasado tecnológicamente e incapaz de generar valor añadido a la actividad de los nuevos emprendedores.

Sin un ordenamiento jurídico favorable a la actividad privada y al mercado como instrumento central de asignación de recursos vía precios, de nada sirven las “ferias de negocios”, o los programas financieros y los distintos experimentos sin éxito del Mincin como la Zona+. Estamos ante una opción estratégica para la que el régimen se tiene que despojar de su carga ideológica comunista y pensar en el bien de todos los cubanos. Si no lo hace, perderán una gran oportunidad. Una más.