Privatizar la banca castrista: ¿Por qué no?
Elías Amor Bravo, economista
Una cuestión de la máxima importancia de la que se debería hablar más. Los asistentes al XI Encuentro Internacional de contabilidad auditoria y finanzas" que se celebra estos días en el palacio de Convenciones de La Habana, han coincidido en que es necesario “el acompañamiento del sistema bancario al sector no estatal y superar los desafíos que supone conquistar ese segmento de clientes, acercarle los servicios y proveerlo de una cultura financiera”. Insisto. Una cuestión fundamental.
Una economía no puede funcionar sin un adecuado mecanismo de crédito. Gracias a esta actividad, las empresas privadas pueden atender mejor sus compromisos, concentrarse en la producción de bienes y servicios y generar riqueza y empleo, que son sus funciones principales. En todos los países, los gobiernos saben de esta importante misión y otorgan al sector financiero la máxima atención a la vez que por medio de una adecuada regulación protegen la actividad de los agentes privados que toman créditos para luego devolverlos.
Como en otros muchos ámbitos de la actividad económica, antes de 1959 Cuba contaba con un sistema bancario privado, moderno y eficiente, capaz de atender las necesidades financieras de la nación y con unos expertos profesionales que mostraron sus cualificaciones cuando se vieron obligados a abandonar el país rumbo al exilio tras las expropiaciones castristas. La banca, como actividad económica eficiente, desapareció de la isla durante más de medio siglo. Tras las confiscaciones de depósitos bancarios y los canjes de moneda del Che Guevara, y como no podía ser de otro modo, los cubanos desconfiaron de los bancos, de propiedad estatal, y así hasta la situación actual en la que nadie sabe qué hacer.
Esta bien que estos encuentros sirvan para poner encima de la mesa los problemas, pero no conviene quedarse ahí, hay que mojarse y proponer soluciones. Las autoridades han reconocido abiertamente que a pesar de la puesta en vigor del Decreto-Ley 289, de los créditos a las personas naturales y otros servicios bancarios a partir de diciembre del 2011, “el nivel de concesión de financiamientos al sector no estatal era muy bajo”, y que las “medidas organizativas, de gestión y flexibilidad, que se han adoptado han supuesto un aumento considerable en los niveles de otorgamiento, si bien estos aún resultan insuficientes”.
El balance es descorazonador. Hasta el presente, “se ha financiado a poco más 15.240 trabajadores por cuenta propia, lo que representa apenas el 6% del mercado”.
En cuanto al acompañamiento del sistema bancario a las cooperativas no agropecuarias (CNA), de las 403 CNA constituidas se han aprobado 525 créditos, por más de 400 millones de pesos. Los montos, precisó, se han destinado, fundamentalmente, a capital de trabajo e inversiones. Dato igualmente insuficiente.
Cabe preguntarse por qué estos bajos niveles de actividad financiera en Cuba, y sobre todo qué se puede hacer para aumentar la misma. Las autoridades han pensado incluso en la eventual creación a título experimental (otro experimento más) “de una unidad de negocios para trabajadores por cuenta propia” en algunos bancos, cuyo objetivo es “disminuir los plazos de aprobación de los financiamientos, y hacer significativo el asesoramiento de los gestores a los clientes, con la puesta en marcha del microcrédito”.
Las respuestas nos llevan, una vez más, al sistema jurídico imperante. Hace gracia ver como en Granma se refieren al sistema financiero castrista, utilizando las mayúsculas “Sistema Bancario”. Ciertamente impone este tipo de expresiones. La banca se encuentra inmersa en una situación poco favorable para su expansión y modernización. La razón es la titularidad estatal. Los bancos estatales no son entidades privadas orientadas hacia los clientes para obtener beneficio del intercambio, sino que suelen ser otra cosa bien distinta. En la mayoría de países conviven bancos estatales y privados, pero los primeros suelen tener una dimensión, especialización y orientación concreta, lo que en Cuba resulta imposible por cuanto todas las entidades son estatales. Este es un sector que reclama una apuesta clara por la propiedad y gestión privadas. Los resultados mejorarán seguro.
Por otra parte, los trabajadores por cuenta propia o las CNA es lógico que desconfíen de estas entidades al servicio del gobierno. Para empezar, los préstamos que les serán concedidos no tienen un respaldo en garantías, por cuanto la propiedad privada y su acumulación siguen estando penalizadas en la economía castrista. Si existiera ese reconocimiento jurídico y legal a los activos privados, y al enriquecimiento, los prestatarios tendrían libertad para aceptar niveles de riesgo y endeudamiento en sus operaciones que les pudieran llevar a acumular beneficios. La asunción de riesgos en el sistema financiero castrista no depende del valor de los activos que respaldan las operaciones sino de otras consideraciones burocráticas y políticas. En suma, poner a disposición del régimen las cuentas de explotación de los negocios o los índices de productividad no debe ser del agrado de los trabajadores por cuenta propia.
En tales condiciones, si se pretende que la actividad bancaria progrese en Cuba y genere los efectos benéficos que aporta a la economía nacional, se tiene que privatizar la estructura de derechos de propiedad y la gestión. Se habla de la ayuda de entidades bancarias alemanas que pueden aportar la experiencia de la extinta RDA en su evolución hacia el capitalismo privado. No hace falta esa ayuda si se privatiza el sistema bancario mediante una licitación internacional que suponga la entrada de capital privado y tecnología para el desarrollo del sistema financiero en Cuba. Esa es la solución más adecuada, la que finalmente funcionó en la RDA y otros países comunistas del este de Europa. Y esa es la solución más fácil para que la banca vuelva a funcionar en Cuba. El resto es perder el tiempo.
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