Las CNA en la construcción y sus problemas reales

Elías Amor Bravo, economista

 

Un experimento detrás de otro y ninguno sale bien. Granma se hace eco precisamente hoy, en un artículo titulado “Pese a las fisuras, construir sobre sólidos cimientos” en referencia a las llamadas cooperativas no agropecuarias (CNA) de la construcción, una de las apuestas del régimen para tratar de sacar al sector del estado de postración y marasmo.

Vaya por delante que a la hora de comparar entre la empresa estatal socialista y la nueva cooperativa, por muchos problemas que presente esta nueva “forma de gestión”, mi preferencia está muy clara. Las cooperativas, aunque puedan estar sometidas al control del régimen comunista, dirigidas por miembros de este partido y como se tendrá ocasión de exponer, aprisionadas por las trampas de los gestores estatales de la economía, presentan numerosas ventajas con respecto a los paquidermos socialistas que solo pueden funcionar recibiendo subsidios del estado por su marcada ineficiencia y baja competitividad.

Granma destaca que ya son 68 las cooperativas no agropecuarias de la construcción que funcionan en el país. Los datos son elocuentes de la forma que los cubanos tratan de recuperar el control de la economía. El 62% de las CNA hoy constituidas corresponden a los servicios técnicos, personales y gastronómicos; el siguiente cerca del 17%, está vinculado a las actividad constructora.

El proceso de actualización del modelo económico y social cubano, con los llamados “lineamientos” ha dado vida a estas iniciativas que luchan por ofrecer bienes y servicios en condiciones de precio y calidad competitivas a los ciudadanos. En el caso concreto de la construcción, y pese a su número reducido, Granma constata que su existencia ha servido para “revitalizar un sector que durante años ha sido blanco de críticas por los retrasos en la ejecución de las obras, la obsolescencia tecnológica, los problemas de control de la calidad, así como el desvío de recursos y materiales”. Casi nada, y eso lo dice el diario oficial del régimen. Imaginemos lo que podría ocurrir si existieran empresas privadas libres.

El artículo de Granma observa numerosas ventajas de las cooperativas respecto de las empresas estatales. Qué lástima que no lo hubieran visto en 1967 cuando la llamada “ofensiva revolucionaria” destruyó lo que quedaba del capital privado de la nación. En esencia, “las cooperativas poseen una infraestructura más nómada que les facilita acceder con eficiencia a pequeñas obras y desarrollar acciones de rehabilitación y mantenimiento, al tiempo que ganan en buenas prácticas y notoriedad”, “son una fuente que genera nuevos puestos de trabajo, mejoran las condiciones de vida de los socios y sus familias a partir del incremento de los ingresos personales, así como contribuyen al presupuesto del Estado”. El enunciado no puede ser más claro.

Según datos de Granma, procedentes del Ministerio de la Construcción (Micons), las CNA del ramo ingresan anualmente al presupuesto por concepto de impuestos sobre ventas y utilidades 519 millones CUP, en tanto otros impuestos y contribuciones de la contratación recaudan 51 millones CUP. El negocio no puede ser más redondo.

En tales condiciones, cabe preguntarse cuáles son los problemas de este sector incipiente que tantas ventajas aporta a la economía. Granma presta atención al mercado mayorista, de propiedad estatal, que, como en otras muchas actividades que se han ido privatizando, ejerce un control absoluto para frenar su crecimiento y dinamismo.

Es cierto que las CNA de la construcción, al igual que las empresas estatales, pueden adquirir los materiales en las distintas comercializadoras que existen como Cimex, Almacenes Universales (AUSA), el Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica (Divep), Escambray, Acinox, entre otras, pero la diferencia está en la formación del precio. De ese modo, ante la ausencia de mercado libre que regule oferta y demanda, la ley señala que el precio mayorista de las cooperativas se conforma a partir del minorista, menos un 20%.

El ejemplo llama la atención. La empresa estatal está autorizada a comprar un metro de arena en la industria de materiales de la construcción y le cuesta aproximadamente 20 o 26 CUP. Sin embargo, la CNA como persona jurídica tiene que comprar ese mismo metro de arena a 180 CUP, que es el precio referencial del Ministerio del Comercio Interior, al que se le aplica un descuento del 20%.

El lío aumenta más aún, ya que como consecuencia de la dualidad cambiaria, la empresa estatal socialista aplica el cambio de 1 CUC por 1 CUP, mientras que las cooperativas, en los mercados mayoristas, operan al precio de las casas de cambio (Cadeca), o sea, 1 CUC por 24 CUP. Los gastos por materiales se contabilizan a precios distintos en cada una de estas formas de gestión. No existe un precio de mercado único. Así, ¿cómo se puede funcionar con eficacia?

Además, si el precio ya es un inconveniente, las cooperativas en la red mayorista, tropiezan con el problema de las cantidades a su disposición, es decir, la oferta. Y ahí la competencia es feroz. Cierto es que cuando una CNA de construcción trabaja para el sector estatal en proyectos priorizados como obras sociales, educación, salud y vivienda, tiene preferencia en la compra de los recursos, en la mayor parte de casos, se tiene que poner a la cola y esperar lo que incide en la viabilidad de sus trabajos.

En suma, precios impuestos, cantidades fijas, condiciones de los mayoristas que no se pueden negociar, ausencia de alternativas para elegir, incumplimiento de contratos de proveedores, impagos, ausencia de equipamientos (grúas, güinche, compresores y maquinarias para el movimiento de tierra), la falta de transporte propio (las cooperativas no pueden comprar vehículos a los ciudadanos), las dificultades para la contratación de trabajadores, configuran un escenario complejo y difícil sobre el que también recae la presión de los ciudadanos que utilizan la fórmula de “esfuerzo propio” para construir o rehabilitar sus casas. Como la oferta de materiales de construcción no aumenta al mismo ritmo que la demanda, el caos es total.

Algunos piensan que estos problemas se podrían solucionar si las CNA se integrasen en el plan de la economía. Conociendo las deficiencias de la planificación estatal, no parece que se trate de una solución adecuada. Lo cierto es que, pese a que “las cooperativas de la construcción han dado significativos pasos en estos últimos años en cuanto al despliegue de una fuerza de trabajo que amplía las alternativas para las empresas inversionistas del país” el régimen no da facilidades. Al contrario. La acción inspectora del Micons se ha lanzado a detectar lo que denominan “deficiencias asociadas a la elaboración de los contratos, específicamente, a la hora de definir el alcance y objeto de los proyectos a ejecutar, los cronogramas de entrega, así como los elementos utilizados para calcular el presupuesto de la obra” unido a otros problemas no menos relevantes como “la falta de capacitación de los socios y de formación especializada de los trabajadores” en un país que hace alarde de poseer uno de los mejores sistemas educativos del mundo.