¿Discriminar tarifas eléctricas? No es la solución

Elías Amor Bravo, economista

Vincular las tarifas de la electricidad al nivel de renta de las familias. Esta actuación recibe la denominación de discriminación de precios y suele ser una práctica de los monopolios para ganar más dinero. 

He aquí la idea del ministro de economía comunista y que pretende llevar delante de forma inmediata. Precisamente, el mismo, el zar de las reformas, Murillo y el ministro de Energía y Minas, Arronte, explicaron qué piensan hacer con relación a la nueva tarifa para el cobro de la electricidad, aprovechando el impulso de la Tarea Ordenamiento.

Decir que en Cuba aumenta el costo de la electricidad porque no hay combustible para garantizar ese servicio es faltar a la verdad. Nunca ha habido combustible a lo largo de la historia, y sin embargo, el precio subsidiado ala electricidad se mantenía por un gobierno indolente hacia el gasto público. Lo que está ocurriendo ahora es que no llega petróleo barato de Venezuela, y el nivel de gasto del gobierno es tan elevado que no da para más. Se ha producido la tormenta perfecta y hay que plegar velas.

La complejidad de la situación económica de Cuba no está para lanzarse a una inoportuna y poco reflexiva Tarea ordenamiento, pero el gobierno atribuye todos los males actuales a la escasez de combustible, porque según el ministro de economía, “cuesta más caro que a otros países, e incluso, muchas veces teniendo el dinero no podemos acceder a algunos mercados internacionales o nos lo cobran más caro de lo normal”.

Ciertamente, no se entienden bien estos argumentos, porque los mercados petroleros están abiertos para todos y aplican los mismos precios si se pagan. Si Cuba no tiene crédito a corto plazo para financiar el coste del barril, tendrá que averiguar qué deberá hacer para superar esa situación y no escudarse en falsos argumentos.

En tales condiciones, las autoridades comunistas creen necesaria una política de choque para obligar a los cubanos a un ahorro forzoso de electricidad. Ahorrar por ahorrar, porque no da para más.

Esta reducción del consumo se quiere hacer recaer sobre el sector residencial que supone el 62,7 % del consumo total  del país, que se traduce en unos 15.065 gwh. A nadie se le ocurre que el derroche se encuentra en el otro 37,3% de los sectores productivos dependientes de un estado que no ha realizado apenas inversiones para reducir el consumo de energía. En Cuba apenas existen automóviles privados, luego el gasto y el derroche no se debe buscar en la población, sino en el aparato productivo ineficiente y, en muchos casos, obsoleto.

Lo que ocurre es que para las autoridades comunistas es más fácil obligar a la gente a apretarse el cinturón que a las empresas, lo que les puede acarrear problemas políticos en el partido y gobierno, cuyo desenlace suele ser temido por los dirigentes.

El otro problema reside en la planificación, que en el caso de la electricidad, tampoco acierta, de hecho, lleva décadas de estimaciones que no se cumplen, y que o bien se quedan por encima o por debajo, generando tensiones en el suministro. Sin automóviles privados y con el lamentable equipamiento doméstico de las familias cubanas, muy inferior al del resto del mundo, cualquier exceso de consumo debe venir por otras vías. De modo, que cuando las cosas se ponen feas, y todo se viene abajo, la solución es el apagón, al que los cubanos llevan afrontando casi 60 años.

Desde esta perspectiva, la diferencia entre costes y tarifas eléctricas en Cuba se debe a la escasa eficiencia con que opera el suministrador de electricidad que es, como otras muchas empresas estatales en la isla, un monopolio que es incapaz de controlar sus costes de producción y que, por dicho motivo, debe recibir subsidios del presupuesto para que los cubanos puedan acceder a pagar los servicios, es decir, la tarifa. Es lo que tiene intervenir precios en los mercados. 

En el único país del mundo donde existe un “ministerio de precios” no es extraño que anden a patadas con costes del operador y sus tarifas de servicio. Ahora con el problema añadido de que hasta la unificación monetaria los costes se formulaban al tipo de cambio de uno por uno, y ahora es a uno por 24.

Es decir, los costos en los que incurre el país para producir la electricidad se disparan y no se pueden trasladar a los precios, por mucha “fórmula socialista” que dicen aplicar para proteger a los desfavorecidos. En el fondo estas políticas socialistas son el origen de buena parte del caos en que se encuentra la economía cubana.

Y así, han llegado a la conclusión de que aquellas personas que menos ingresos reciben, tan solo deberán pagar una parte del coste asumiendo el resto el presupuesto del Estado. Por otra parte, los que más ganan asumirán una mayor parte de ese costo. Subsidios a personas y no a empresas. El gobierno parece tener claro que no es aconsejable realizar comparaciones a partir del salario de una persona. El consumo de la tarifa eléctrica deberá considerar los ingresos del núcleo familiar.

Murillo ofreció algunos datos. Una familia que gaste 100 kw pagará 40 pesos; la que consuma 150, pagará 105 pesos; los que gasten 200, abonarán 192 pesos; mientras la que consuma 300, pagará 542 pesos; y la que gaste 350, abonará 917 pesos, tramos que incluyen al 89% de los clientes, que son a su vez las personas de menores ingresos y los que serán subsidiados.

Incrementar los gastos del presupuesto del Estado para subsidios, no es tarea fácil cuando no hay dinero. El gobierno acaba de anunciar que el déficit de 2020 para hacer frente a la Tarea ordenamiento se dispara al 20% del PIB, situando el nivel de endeudamiento en 26.000 millones. ¿De dónde va a salir el dinero para los subsidios a la factura eléctrica?

En los países de economía de mercado, de la competencia. Lo que exige mecanismos de regulación complejos, que hagan a las empresas más sensibles a la demanda y el precio. Los monopolios de servicios públicos pasaron a mejor vida en la mayoría de países hace casi 20 años. No creo que la fórmula elegida en el régimen comunista cubano de adaptar las tarifas a los ingresos familiares sea la más justa, equitativa, y sobre todo racional. Habría que preguntar qué intereses puede tener el monopolio para actuar así, y que beneficios puede obtener de ello.

La realidad es que Cuba está cada día más atrasada en la adaptación de tecnologías que consuman menos energía y que apuesten por las renovables. La inversión extranjera hacia este sector no parece interesarse, dadas las difíciles condiciones impuestas por el régimen de modo que esta importante infraestructura depende del esfuerzo nacional y de un presupuesto agotado. Sin petróleo de Venezuela, y sin acceso a los mercados mundiales por la ausencia de crédito (al no devolver los préstamos en plazo y forma) la situación puede ser angustiosa y llevar a una nueva parálisis de actividad.

Todo el esfuerzo inversor del régimen se concentra en habitaciones de hoteles y los planes energéticos son insuficientes para las necesidades crecientes de la economía. Si el gobierno no es consciente de la importancia que tiene la energía renovable, en forma de parques eólicos, bioeléctricas, parque solares fotovoltaicos y pequeñas centrales hidroeléctricas, para las que Cuba tiene unas condiciones excepcionales, la discriminación de las tarifas a las familias puede acabar siendo un foco de malestar social que indigne a los cubanos. Es solo cuestión de tiempo.

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