¿Cómo se evita que alguien quede desamparado?

Elías Amor Bravo, economista 

Un artículo publicado en Granma titulado ¿Cómo se evita que alguien quede desamparado? merece cierta atención, sobre todo por las ideas económicas que contiene. El susodicho artículo procede de unas declaraciones de la ministra de trabajo ante la Asamblea Nacional por lo que su contenido es asimilable a la posición del régimen en esta materia.

En concreto, se cita como un avance importante para los pensionistas que, desde septiembre, comenzara un proceso para sustituir las viejas chequeras por nuevas tarjetas magnéticas y nóminas electrónicas en el pago de las pensiones. Un “gran logro previo a la Tarea Ordenamiento” según la ministra, porque “evita hacer largas colas para recibir la chequera, y luego otra cola en los centros pagadores para obtener su dinero”. Si se trata de eliminar colas, bienvenida sea la medida, pero realmente ¿esto ampara a alguien?

La ministra dijo que con esta actualización no se modificaba el servicio del pago de la chequera a domicilio a los pensionados que lo tienen establecido, ni tampoco se eliminaba la posibilidad de que otra persona efectúe el cobro, siempre que tenga la correspondiente autorización.

Entonces ¿qué sentido tiene esta medida si se mantienen las circunstancias anteriores?¿qué tipo de desamparos atiende? Ninguno. Lo que se pretende con el dinero de plástico es reducir el efecto en circulación en manos del público que alcanza en la isla un 28% del PIB (datos de 2018) y aprovechar la eliminación del CUC para reducir papel moneda por sus efectos inflacionistas y distorsionadores de la realidad económica. Ojalá lo logren. Los 31.000 millones de pesos de las pensiones lo merecen. Por ahi van los desamparos.

La ministra se refirió a otras preocupaciones de los pensionistas, como el cobro de la pensión incrementada del mes de enero, que ya empezó desde el 17 de diciembre, pero que se hará de forma escalonada y con el cronograma fijado por los bancos de acuerdo con los grupos y cuantías de los jubilados. Es evidente que el régimen tiene dificultades para asumir las nuevas pensiones mínimas de 1.528 pesos y puede que ahí resida esa necesidad de aplazamientos y cronogramas.

En cuanto a las diferencias en las cuantías incrementadas, la ministra aludió a un hecho que cada vez será más evidente, y que es el siguiente. Aunque la pensión mínima por edad e invalidez sea de 1.528 pesos, no todos los jubilados cobrarán esta cuantía ¿A qué sabemos quiénes van a cobrar menos que esa cantidad? Por supuesto, los cuentapropistas y usufructuarios, cuyas pensiones quedarán en 1.118 pesos, que apenas atiende la canasta normada. También se quedan por detrás las pensiones por muerte, concedida con anterioridad. Siempre son los desamparados, ¿por qué será?

Si bien se mantienen los requisitos de jubilación establecidos en la normativa actual, tanto para el régimen general como para el especial, es importante que las personas sepan que si no cumplen alguno de estos los requisitos no pueden optar por la jubilación, básicamente tener un vínculo laboral, 30 años de trabajo y la edad de jubilación. Se deben cumplir los tres. No hay alternativa. Más de uno quedará desamparado.

La ministra dijo que en el ordenamiento monetario las personas que pertenecen a los programas de la asistencia social, e identificadas como vulnerables recibirán un subsidio especial, de carácter personal, con un incremento por encima de los 1.000 pesos. Este proceso que se ejecuta por las direcciones municipales de Trabajo e incluye, también, a más de 900 combatientes y a unas 450 madres con hijos que presentan discapacidades severas, personas que se encuentran encamadas o postradas. El objetivo es que cualquier núcleo declarado insolvente sea protegido, subsidiando a las personas. No es mucha la población que se encuentra en esta situación, pero la detección requerirá tiempo de estudio, análisis, organización, implementación, etc, burocracia en estado puro, lo que puede retrasar en el tiempo ayudas que son urgentes para sobrevivir.

En todo caso, que comience el pago incrementado por la asistencia social correspondiente al mes de enero, el 26 de diciembre próximo en las unidades de correo, a través de una nómina electrónica; mientras que el pago a los vulnerables se realizará a partir de esa misma fecha en las sucursales bancarias, mediante un cheque nominativo, que supera los mil pesos viene a indicar que estos colectivos se pueden ver afectados por la escasa bancarización que tienen muchos cubanos, que han vivido la mayor parte de sus vidas, ajenos a los servicios prestados por los bancos. Querer modernizar nóminas y pensiones electrónicas, exige cuentas corrientes, y no parece que este servicio se encuentre muy extendido en la sociedad cubana. Parece que el objetivo de las autoridades, más que proteger a los desamparados, es que la gente abra cuentas corrientes en los bancos. Es empezar a construir la casa por el tejado.

Otro colectivo desamparado al que se refirió la ministra es el de las personas que buscan empleo en las direcciones de Trabajo, y aceptan las ofertas laborales disponibles que se les ofrecen. Una circunstancia que las autoridades prevén que durante la tarea ordenamiento pueda complicarse por las circunstancias de los cambios aparejados con las distintas medidas. Por ello, las direcciones de Trabajo están realizando una identificación de necesidades laborales en las provincias, y si observan que las mismas son insuficientes, estará autorizadas por las autoridades a “entregar tierras en usufructo, e incluso, de otorgar créditos a quienes decidan optar por esta propuesta” lo que es evidente que se trata de decisiones tomadas sin tener en cuenta lo que quieren realmente las personas que buscan un empleo, y que por tanto, puede acabar no solo mal, sino muy mal. El desamparo en estos casos, es total.

El régimen parece confiar en su capacidad para realizar un ajuste entre oferta y demanda de trabajo, que es la clave para evitar situaciones penosas de desempleo, pero la mera determinación de la disponibilidad de plazas por municipio y los trabajadores que prestan sus servicios en la economía informal, para legalizar las tareas que realizan y darles forma de cuentapropistas, acabará siendo peor que la solución buscada, sobre todo si se tiene en cuenta que estas personas trabajan en la economía informal porque hacerlo en la oficial les reporta ganancias inferiores. Lo que tiene que hacer el gobierno no es legalizar per se sino adaptar el marco de la economía oficial a las demandas de estos trabajadores de la informal para que de forma voluntaria y sin imposiciones, hagan la transición. En caso contrario, acabará ocurriendo lo de siempre. Ni lo uno ni lo otro.

No tiene sentido alguno pensar que el ordenamiento monetario va a suponer una demanda de empleo superior a la de los últimos años. Puede ser que en algunas zonas ocurra, pero no al nivel de toda la economía. El incremento salarial, que no es tal, y la eliminación de subsidios y gratuidades indebidas, que puede quedarse a medio camino, son medidas de la tarea ordenamiento que, lejos de arreglar los problemas del mercado laboral, los van a agrandar.