Se avecina una nueva "mordida" del régimen a las empresas estatales

Elías Amor Bravo economista

Quien avisa no es traidor. Resulta que, en la antesala del 1º de mayo, a los comunistas cubanos no se les ocurrió otra cosa que organizar un encuentro con los “capitalistas”, es decir, el sector empresarial, con Díaz Canel a la cabeza, acompañado de su ministro de economía Gil. En ese encuentro, se dedicaron a descargar sobre las empresas la responsabilidad del “control y reducción de los precios, en medio de la compleja situación actual”. Se acabó la tranquilidad post pandemia. Los comunistas vuelven a la carga sobre el sector empresarial estatal.

Según lo que dijeron los dirigentes, la lucha contra la inflación “no puede ser exclusivamente un resultado de medidas antiinflacionarias de carácter macroeconómico, también tiene que ser fruto de la actitud consciente, responsable y comprometida de las direcciones de las empresas y sus colectivos laborales, que desde la microeconomía pueden adoptar disímiles acciones para reducir el costo de los bienes y servicios que ofertan y que en última instancia siempre paga la población”. Qué poco se conocen las ventajas del mercado.

Lo peor es que no han tardado mucho en empezar a buscar nuevos “responsables” del desastre. Viendo que el embargo/bloqueo. o la pandemia del COVID-19, e incluso la Tarea ordenamiento, no funcionan para justificar el cúmulo de desastres que golpean incesantemente a la economía, los comunistas cubanos cargan ahora contra el sector empresarial, en lo que se podría entender como una vuelta de tuerca, una recreación absurda de la “lucha de clases”, que los comunistas aplican con vehemencia en los países de economía de mercado.

Pero ¿funciona este argumento en la desolada economía cubana?

Hay bastantes dudas de que esto tenga algún recorrido. Para empezar, el sector empresarial en el que Díaz Canel identifica a los responsables de la inflación de dos dígitos que sacude la economía, es de titularidad estatal (1.355 empresas de un total de 1.956). Nadie debe pensar en empresarios al uso, como los que existen en otros países, sino un grupo de directivos obedientes de una jerarquía asfixiante, y que desarrollan sus funciones dentro de un sistema estatal lleno de trabas, impedimentos y obstáculos que atenazan sus decisiones.

Un sector, el empresarial estatal, que desde la aplicación de la Tarea ordenamiento viene sufriendo una situación de insolvencia, que no baja de medio millar de empresas, cuyas pérdidas se vienen acumulando desde hace un año, sin encontrar solución a las mismas. Las autoridades citaron en febrero pasado, 467 empresas del sistema empresarial estatal, con 3.202 millones de pesos acumulados en pérdidas, que se están revisando, una por una, para ver qué se puede hacer con ellas. Mal asunto.

De otro lado, Díaz Canel y Gil se sacaron de la chistera otro grupo de empresas, unas 479 según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, que están reportando utilidades del 150% lo que calificaron como “una rentabilidad excesiva” que está en abierta contradicción con uno de los postulados del modelo social comunista de la constitución cubana. No deja de ser curiosa la identidad de número entre las empresas “insolventes” y las que ganan demasiado dinero[1].

Y claro, ante una situación que resulta inaceptable para la ideología comunista, surge todo tipo de interrogantes, como por ejemplo si será que estas empresas son muy eficientes o es que el plan que hicieron estaba lejos de sus potencialidades. De otro lado, muchas empresas que reportan utilidades del 150% o más incumplieron a la vez sus planes de venta. ¿Están incluidas aquí las tiendas que venden en MLC?

En este lío de cumplimientos, incumplimientos o sobrecumplimientos del plan, es cómo los comunistas se plantean enfocar un problema que les preocupa, porque según afirma Gil, esto se puede deber “a la calidad del plan a nivel de empresa, porque ese plan no lo hace uno a uno el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), sale de la entidad”. Y se justifica señalando que “desde el MEP no podemos ir a todas las empresas, pero convocamos a todas a que se revisen, porque el plan tiene que ser objetivo, de lo contrario nos estamos engañando a nosotros mismos”. Menos mal.

No contento con señalar posibles culpables en los que ganan dinero sin vender lo que toca, el dedo acusatorio se giró hacia las empresas que sí cumplieron o sobrepasaron sus planes de venta, pero que igualmente tienen utilidades excesivas. Para Gil, estas son culpables de no efectuar el control de la inflación, sobre todo si hay una rentabilidad muy elevada, en cuyo caso, lo que se tiene que hacer es rebajar los precios o las tarifas y, en consecuencia, ganar menos. Para ellas están preparando una "solución final".

En clave de 1º de mayo, el ministro Gil dijo, “estas empresas que obtienen elevadas rentabilidades debido a determinadas coyunturas del negocio o al carácter monopólico que tienen sobre determinados bienes o servicios, pocas veces las distribuyen entre el colectivo laboral, y eso también presiona sobre la inflación, al inyectar más dinero a la calle”.

Con este ajiaco mental quieren los comunistas cubanos que el sector empresarial funcione y se someta a las órdenes del régimen. Llegan incluso a afirmar que “nosotros trabajamos en una economía que es poco competitiva; o sea, hay pocos oferentes y hay restricción de oferta, y eso es algo que beneficia a los prestatarios de servicios o a los oferentes de bienes, que prácticamente pueden imponer el precio, porque el que compra tiene que comprar; pero cuando tenemos altos niveles de rentabilidad, debemos interiorizar que somos empresarios estatales, que estamos representando al Estado, que estamos manejando activos del Estado, por lo tanto, debemos tener un alto grado de conciencia y analizar cómo podemos disminuir tarifas o precios, porque todos los costos, de manera directa o indirecta, van a los precios que al final de la cadena quien los paga es la población”. ¿De qué economía están hablando? Toda una lección de propaganda en macro y microeconomía práctica, que quita el sueño.

Que se vayan preparando unos y otros, tirios y troyanos, porque el régimen ha abierto la caja para recaudar ingresos, sino lo ha hecho ya. Lo han dicho muy claro Díaz Canel y Gil, estas empresas “también deben tener en cuenta que parte de esas utilidades excesivas antes de impuesto, la pueden aportar al Presupuesto por concepto de rendimiento de la inversión estatal (lo que corresponde al Estado como «accionista» principal de la empresa en representación del pueblo), más allá del 50% establecido, que no es una camisa de fuerza”. Y para justificar este “zarpazo” a las cuentas de las empresas citaron el déficit del presupuesto de 2022, en total 76.000 millones de pesos, que se quiere financiar hasta en un 80% con las aportaciones de las empresas estatales. Se repite la historia, por desgracia.

Lo más grave de todo es que los comunistas creen que con esta mordida anunciada a las cuentas de las empresas van a lograr el control de la inflación. Se equivocan. Si el régimen comunista detrae recursos de las empresas, las descapitaliza, y consigue a corto plazo hacerlas menos competitivas. Algunas tendrán que paralizar sus planes de inversión o modernización tecnológica, lo que reducirá su productividad, y por ello, no podrán pagar mejores salarios a sus trabajadores o contratar más. Con medidas de este calibre, los comunistas ahondarán más los efectos de la recesión que vive la economía desde 2019. Hay otros medios para luchar contra la inflación, y no está en meter la mano en la caja de las empresas.



[1] Estas empresas obtuvieron una rentabilidad sobre las ventas de 80 centavos y más por peso cubano, cuando el promedio del sistema empresarial nacional está en el entorno de los 18 centavos, y el de las entidades estatales en 15 centavos.

 

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