La crisis estructural del sector empresarial estatal en Cuba

Elías Amor Bravo, economista

La Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, acaba de publicar el boletín titulado “Indicadores seleccionados del sistema empresarial y presupuestado enero a febrero 2026”, que presenta los resultados preliminares más recientes del comportamiento del sistema empresarial estatal y presupuestado, a través de la evolución de un grupo de indicadores seleccionados.

Para el sector empresarial se consideran las siguientes entidades, grupos empresariales, uniones de empresas, empresas estatales y sus filiales, mipymes estatales, sociedades mercantiles de capital totalmente cubano, empresas mixtas y empresas extranjeras.

En cuanto al sistema presupuestado está representado por unidades presupuestadas y unidades presupuestadas de tratamiento especial.

La publicación excluye información procedente de las cooperativas agropecuarias, cooperativas no agropecuarias y mipymes privadas.

Las fuentes de información de los datos de esta publicación son el Directorio de unidades institucionales y establecimientos (DUINE), los Estados financieros y los formularios del Subsistema de Información Estadística Nacional (SIEN): 5202 indicadores seleccionados de empleo y la remuneración, 0758 Venta minorista de bienes y servicios, 0761 Ventas de las tiendas del mercado minorista y el turismo y 1394 Indicadores preliminares de ingresos y alojamiento.

La publicación ofrece información sobre la variación de la estructura de los sectores empresarial y presupuestado, así como una selección de indicadores de contabilidad, empleo, remuneraciones, ventas, eficiencia en el uso de la fuerza de trabajo y de los recursos materiales, entre otros.

Pero sin duda alguna, los indicadores más relevantes y que merecen nuestra atención son los que se refieren a la rentabilidad de las entidades objeto de análisis. Este es el objetivo de esta nota.

Conviene recordar que el sector empresarial de la economía castrista se encontró inmerso en una situación de crisis a partir de 2021 cuando se implementó la denominada "tarea ordenamiento". La consecuencia directa de esta política en las empresas estatales fue el paso a una situación de pérdidas generalizadas que situó a muchas empresas en situación de suspensión de pagos y quiebras. Desde entonces, el régimen ha intentado corregir las consecuencias de sus propias políticas, y por ello, los datos de esta publicación tienen relevancia.

La muestra analizada comprende un total de 5.949 entidades, de las que 2.774 pertenecen al sector empresarial en las modalidades antes citadas, y 2.657 unidades presupuestadas. Y lo primero a destacar es que el número de entidades que registran pérdidas aumenta de 307 a 319 en el período de análisis, alcanzando el 11% de las empresas estatales, un porcentaje desolador.

Sin ir más lejos, el Cuadro 2 de la publicación presenta los indicadores seleccionados del sistema empresarial que permiten entender qué está sucediendo en este momento con los resultados financieros de las empresas. Estos vienen a confirmar que las empresas estatales de la economía castrista configuran un universo dominado por las pérdidas, la insolvencia y la ineficiencia en estos primeros meses de 2026.

Vayamos al lado de los ingresos de la cuenta de explotación.

Las ventas totales, por ejemplo, se redujeron, nada más y nada menos que un 17,1% con relación a enero febrero del año anterior. Una caída que se corresponde con las dificultades para funcionar de manera normal para el régimen.

Los impuestos pagados, por una extraña razón, se redujeron de forma destacada un 54,4% en lo que representa un tratamiento favorable por parte del estado recaudador a sus entidades propias. Habría que ver si el estado se comporta de la misma forma con los actores no estatales.

Por la misma, las subvenciones concedidas a estas empresas (tres veces más el importe de la recaudación impositiva) se redujeron un 31%, casualmente, un porcentaje inferior a lo experimentado por los impuestos, lo que apunta al mantenimiento del efecto compensatorio sobre las empresas estatales.

El efecto combinado de la acción estatal sobre sus empresas con los impuestos y subvenciones hizo que las ventas netas redujeran su importe en solo un 15,3%, un porcentaje menor que las ventas totales. Sin embargo, si se imputa el efecto combinado de impuestos y subvenciones a las ventas totales, el maquillaje contable empuja a las ventas netas a un crecimiento del 2,5% con respecto a las totales. Un resultado provocado por el estado comunista como consecuencia de su acción fiscal (impuestos y subvenciones) sobre las empresas de su titularidad.

¿Y entonces, qué ocurre con los gastos? Lo primero que llama la atención es que su magnitud disminuye, hasta un 7,9%, una cifra mucho menor que la experimentada por los ingresos por ventas. O dicho de otro modo, las empresas estatales ven cómo sus gastos se ajustan pero menos del doble que los ingresos. ¿Esto es sostenible y eficiente?

Entrando en las distintas partidas de gastos, los que se destinan a combustible se desploman en caída libre, un 26,2%, en tanto que los gastos de energía se reducen un 13,7%, afrontando el sector empresarial, como se puede, los temibles apagones. Además, los gastos de materias primas y materiales necesarios para la producción se desploman un 10,1% revelando la parálisis productiva. Sin embargo, se destaca que la partida denominada Otros gastos monetarios, apenas desciende un 1,7%, mostrando una notable resistencia a la baja. Indicadores de gastos que confirman la parálisis productiva del sector empresarial en el actual escenario.

En este análisis de las partidas de gastos, llama la atención que los Sueldos y salarios, sorprendentemente aumentan un 9% en el contexto de esta situación de parálisis, improductividad y de menores ingresos por ventas de las empresas. Además, si se suman los gastos totales y los Sueldos y salarios, el importe total de estos gastos de explotación prácticamente se mantienen estables, (reducción del 3%) con respecto al año anterior, pese a la parálisis productiva.

Y a resultas de la combinación de estos indicadores de ingresos y gastos, la cuenta de explotación de forma implacable refleja una caída de la utilidad (beneficio) de las empresas, que se desploma un 16,3% marcando con ello una posición de insolvencia que provoca tensiones en la red empresarial estatal y la necesidad de implementar medidas para afrontar la situación, como las “asociaciones de empresas”.

Igualmente, si se observa la utilidad (beneficio) antes de impuestos también experimenta una reducción, de forma significativa, de un 17,2%. Aquí es donde el empeño del estado por defender sus empresas parece una quimera, porque realmente constituyen un espacio de muy deficiente gestión que impide la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad.

El escenario de las empresas estatales que reflejan los datos contables es devastador. Ingresos por ventas que se caen en picado, pero se reactivan por el efecto artificial y combinado de impuestos y subvenciones del estado sobre sus empresas, y todo ello abonado por gastos que se reducen a la mínima expresión (excepto nóminas) impidiendo la normalidad del funcionamiento productivo. El resultado de todo ello es una grave crisis de pérdidas de las empresas estatales, a pesar de su relevancia constitucional en el sistema económico castrista. Y lo más grave de todo, es que los dirigentes no saben cómo sacar de la crisis estructural a sus empresas estatales. Así no van a durar mucho tiempo.

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